Tribunal Contencioso Electoral reduce sanción a Verduga y Franco Loor, y les abre la puerta para ser candidatos

El juez Patricio Maldonado, del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), resolvió la noche del 17 de octubre de 2027 reducir drásticamente la sanción política que pesaba sobre los exconsejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), los correístas Eduardo Franco Loor y Augusto Verduga.

Maldonado modificó la sentencia ejecutoriada del caso 123-2024-TCE. Aplicó el principio de favorabilidad para cambiar el castigo: la pérdida de derechos políticos, inicialmente de cuatro años, ahora se limita a solo un año.

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La inhabilitación original debía finalizar en 2029. Con la nueva decisión, Franco Loor y Verduga únicamente perdieron sus derechos políticos entre el 7 de febrero de 2025 y el 7 de febrero de 2026.

La sentencia original se fundamentó en la prohibición que tenían los exconsejeros de realizar proselitismo político durante sus candidaturas al CPCCS. El caso demostró su vinculación con el movimiento Revolución Ciudadana.

Franco Loor y Verduga ahora tienen la posibilidad de presentarse como candidatos a, por ejemplo, a una posible Asamblea Constituyente. El Consejo Nacional Electoral (CNE) prevé las inscripciones para febrero de 2026, en caso de que el 'Sí' se imponga en la consulta popular del 16 de noviembre de 2025.

Ambos también participarían en los comicios de ese mismo año, cuyas inscripciones se realizarán entre agosto y septiembre.

Mientras la sanción política se reduce, la situación penal de los exconsejeros se mantiene. La Fiscalía General del Estado impulsa el denominado caso Liga Azul, también llamado Ligados. Esta investigación penal se centra en una presunta asociación ilícita que involucra a Verduga, Franco Loor, Yadira Saltos y la actual consejera de Participación Ciudadana Nicole Bonifaz.