Locales en Los Chillos ofrecían trámites municipales de Quito con cobros indebidos y presuntas estafas
Los locales ubicados cerca de la Administración Zonal Los Chillos, en el sureste de Quito, ofrecían trámites no autorizados como actualización de catastros y obtención de patentes.
Agentes de la AMC de Quito intervienen un local que ofrecía trámites no autorizados en Los Chillos, este 16 de julio de 2026.
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La Agencia Metropolitana de Control (AMC) intervino este 16 de julio dos locales que ofrecían trámites no autorizados y que funcionaban cerca de la Administración Zonal Los Chillos, en Conocoto, al sureste de Quito.
La intervención se ejecutó tras una alerta ciudadana sobre posibles cobros irregulares y presuntas estafas relacionadas con la intermediación de trámites municipales.
En las fachadas de los dos establecimientos se promocionaban servicios como actualización de catastros, obtención de patentes, emisión de Licencias Metropolitanas Únicas para el Ejercicio de Actividades Económicas (LUAE) y pago de obligaciones municipales "induciendo a los usuarios a creer que se trataba de servicios autorizados".
Ahí los funcionarios encontraron documentación municipal con presuntos indicios de adulteración que, aparentemente, era entregada a ciudadanos que acudían a estos locales para gestionar distintos trámites.
Gustavo Chiriboga, supervisor metropolitano de la AMC, recordó que los trámites municipales están disponibles a través de los canales oficiales del Municipio de Quito y en los balcones de servicios de las instituciones autorizadas. "Muchos de ellos, como la obtención de la LUAE, son gratuitos y pueden realizarse directamente, sin necesidad de intermediarios".
Clausura de locales y posible sanción económica
Los locales no contaban con los permisos municipales de funcionamiento por lo que fueron clausurados y los dueños enfrentan sanciones de hasta USD 4.000.
La AMC infomó que los hallazgos serán puestos en conocimiento de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes. El caso puede derivar en acciones administrativas y legales que pudieran derivarse si se determina la existencia de posibles delitos relacionados con la adulteración de documentos o estafas.
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