El acuerdo comercial con Estados Unidos nos cuesta más de lo que parece
Ecuador negoció con el mayor poder económico del mundo desde una posición de debilidad, y el resultado lo refleja.
La delegación ecuatoriana se reunió en Washington con Jamieson Greer, representante Comercial de los Estados Unidos (USTR).
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Cancillería del Ecuador
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El 13 de marzo de 2026, el gobierno de Daniel Noboa anunció la firma del llamado Acuerdo de Comercio Recíproco (ACR) entre Ecuador y Estados Unidos. La narrativa oficial fue la de un logro diplomático sin precedentes: Ecuador había conseguido proteger sus exportaciones frente a las sobretasas arancelarias impuestas por la administración Trump. Sin embargo, un análisis cuidadoso del acuerdo, de los comunicados de prensa de ambos gobiernos y de los estudios técnicos disponibles revela una historia bastante más complicada. Lo que se vendió como una victoria podría ser, en la práctica, una concesión asimétrica que beneficia desproporcionadamente a la parte más poderosa de la negociación.
Lo que dice cada lado
El contraste entre los comunicados oficiales de los dos gobiernos es revelador. El Ministerio de Producción ecuatoriano destacó que “el acuerdo liberará la sobretasa del 53% de las exportaciones no petroleras de Ecuador hacia Estados Unidos, lo que equivale a USD 2.786 millones en comercio según datos de 2025”. Hasta ahí, todo parece razonable.
Pero la Casa Blanca habló en términos muy distintos. Según el comunicado del gobierno norteamericano, “Ecuador se ha comprometido a otorgar a Estados Unidos un trato preferencial para más del 90% de su lista de productos agrícolas, incluyendo la eliminación de aranceles para la soya, frutas frescas y procesadas, bebidas alcohólicas y frutos secos, así como para ciertos productos lácteos, carne de res, cerdo y aves de corral”. Y remató con una frase que no debería pasar desapercibida: “Estas medidas generarán oportunidades de acceso al mercado comercialmente significativas para las exportaciones estadounidenses, lo que contribuirá a la creación de empleos de alta calidad en Estados Unidos”.
Que un gobierno celebre un acuerdo comercial porque crea empleo en el otro país no es un detalle menor. Es una señal de que la negociación fue ganada con comodidad por uno de los dos lados.
La aritmética de la asimetría
Para entender la magnitud del desequilibrio, conviene detenerse en los números que circulan entre analistas y empresarios que han revisado el acuerdo, según los cuales la asimetría es estructural y profunda.
Estados Unidos impuso su sobretasa arancelaria al 51% de las exportaciones ecuatorianas. De ese porcentaje, el 36% ya estaba exento porque incluye productos como banano, plátano, cacao y ciertas frutas -que Trump había exceptuado desde el inicio-. En consecuencia, el ACR apunta en realidad solo a alrededor del 15% de los productos de exportación de Ecuador. Y de ese 15%, el 12% corresponde a flores. Esto significa que aproximadamente el 80% de los beneficios que recibiría Ecuador por este acuerdo se concentra en el sector floricultor. El resto del aparato exportador ecuatoriano queda, en gran medida, en las mismas condiciones que antes.
Del lado ecuatoriano, la apertura es radicalmente más amplia: Ecuador le abriría el mercado a Estados Unidos en el 87% de sus líneas arancelarias —en número de productos— y en el 96% del valor comercial total. Si se analiza únicamente el sector agrícola, el porcentaje de apertura en valor asciende al 99%. No es un Tratado de Libre Comercio estándar, es un acuerdo en el que una de las partes abre prácticamente todo y la otra abre una franja muy acotada.
“Un animal único”: la voz de los analistas
El analista económico Alberto Acosta Burneo lo formuló con precisión al ser consultado por Primicias: “Es un acuerdo muy asimétrico. No es un Tratado de Libre Comercio estándar, porque ahí lo normal es que ambos países abran sus mercados. En este caso, Ecuador abre su mercado y Estados Unidos lo cierra”. Y fue más lejos: “El Acuerdo es un ‘animal único’, porque no tiene nada que ver con los acuerdos comerciales tradicionales, en donde ambas partes ceden, abren o dan algo”.
Acosta Burneo señala que, a pesar de no ser un TLC, Ecuador estaría cediendo en casi todos los ámbitos que comprenden uno —incluidos temas que no tienen relación directa con el comercio, como la normativa sindical o cláusulas geopolíticas— mientras que Estados Unidos solo otorga un acceso parcial, limitado a los productos afectados por la sobretasa de abril de 2025.
El resultado práctico: el mercado estadounidense quedará más cerrado de lo que estuvo antes de que Trump aplicara sus sobretasas, mientras que el mercado ecuatoriano se abrirá de manera significativa y asumirá compromisos adicionales alineados con los objetivos de Washington.
El analista José Javier Orellana tiene una lectura más matizada pero igualmente cautelosa. Si bien reconoce que “el acuerdo es un paso hacia adelante” en términos comerciales, advierte sobre los riesgos para industrias locales menos competitivas y reconoce el carácter asimétrico del instrumento. Orellana estima que los beneficios para ciertos sectores exportadores podrían situarse “en un rango de entre USD 1.200 y USD 1.800 millones”, pero subraya que la verdadera ventaja dependerá del tratamiento que Washington otorgue a los países competidores de Ecuador.
Permanente para ellos, temporal para nosotros
Quizás la crítica más contundente proviene del Centro de Estudios para el Desarrollo (Cordes), que en su publicación Opina del 17 de marzo de 2026 señaló con toda claridad la trampa temporal del acuerdo: “Es importante mencionar que estas (sobretasas de EE.UU.( tendrían, en principio, una validez de apenas 150 días (hasta julio de este año) y, si la Justicia de EE.UU. no autoriza su renovación, el Ecuador no habría ganado nada, ya que la entrada en vigor del acuerdo, después de que pase por la Corte Constitucional y la Asamblea, seguramente será posterior a julio”.
La paradoja es reveladora: Ecuador asume compromisos permanentes -apertura arancelaria, eliminación del Sistema Andino de Bandas de Precios, reformas laborales, acceso a bienes remanufacturados- mientras que los beneficios que recibe son temporales y dependen de una autorización judicial en Estados Unidos. Si la justicia norteamericana no prorroga las sobretasas de Trump -escenario nada improbable, dado que varios estados y entidades han presentado demandas legales- el ACR habría sido un ejercicio de cesión unilateral sin una contrapartida efectiva.
Cordes también puso el dedo en la llaga respecto a las concesiones que van más allá del comercio de bienes. El comunicado oficial del gobierno norteamericano es explícito en exigir que Ecuador “reducirá el número mínimo de trabajadores necesarios para formar un sindicato; permitirá y protegerá la formación y el registro de sindicatos sectoriales; regulará el uso de contratos no estándar para las tareas centrales de la empresa; y reforzará la aplicación de sus leyes laborales”.
Cordes pregunta con razón: “¿Por qué un tema tan delicado, mucho más en un país con elevados costos de despido y alta informalidad, forma parte de este acuerdo, en el que el Ecuador tenía el modesto objetivo de reducir las sobretasas de EE.UU.?”
La pregunta aún no tiene una respuesta satisfactoria.
Noboa dice que es provisional pero eso no tranquiliza
Ante las críticas, el presidente Noboa salió al paso el 20 de marzo con una declaración que, quizás sin quererlo, confirmó buena parte de las preocupaciones de los analistas. Según Primicias, el mandatario aseguró que “el acuerdo habla de temas generales, es un acuerdo inicial que se renegocia en agosto, no es definitivo. No se pongan apocalípticos”. Y añadió que en todo tratado comercial “es necesario ceder”. “No hay acuerdo en el que todo es para mí y nada para ti. Peor cuando se trata de una economía que es 350 veces más grande que la tuya”.
- Daniel Noboa dice que acuerdo comercial con Estados Unidos es provisional y se renegociará en agosto
La frase sobre la economía 350 veces más grande es brutalmente honesta. Pero también es la mejor descripción del problema: cuando se negocia con una economía 350 veces mayor desde una posición de urgencia -bajo la presión de los aranceles de Trump- las condiciones que se obtienen reflejan esa asimetría de poder. Que el propio presidente lo reconozca no es un argumento a favor del acuerdo, es, en cierta medida, una admisión de que Ecuador negoció sin un margen de maniobra.
Que el acuerdo sea “provisional” y se renegocie en agosto tampoco resuelve el problema de fondo. Los compromisos ya asumidos -apertura agrícola, eliminación de barreras sanitarias, normas laborales, acceso para bienes remanufacturados- son difíciles de revertir una vez que están sobre la mesa. La historia de las renegociaciones comerciales enseña que lo que se cede en una primera ronda rara vez se recupera en la segunda.
El contraste con Corea del Sur
Vale la pena poner en perspectiva lo ocurrido contrastando el ACR con el Tratado de Libre Comercio (TLC) negociado entre Ecuador y Corea del Sur, conocido como SECA. Este acuerdo fue suscrito el 2 de septiembre de 2025 en Seúl tras un proceso de negociación estructurado, con consultas al sector privado y en el marco de los estándares internacionales que rigen los TLC. El 19 de marzo de 2026, la Corte Constitucional emitió dictamen favorable sobre el SECA, declarando su constitucionalidad y ajuste al ordenamiento jurídico vigente.
El SECA, según el gobierno ecuatoriano, eliminará progresivamente aranceles para el 98,8% de las exportaciones ecuatorianas al mercado coreano, en condiciones de reciprocidad y plazos razonables. Hay simetría, hay un proceso, hay consulta. Es un instrumento que puede ser objeto de críticas legítimas -ningún acuerdo comercial es perfecto- pero que tiene la arquitectura de un compromiso bilateral balanceado.
El ACR con Estados Unidos, en cambio, no pasó por un proceso de consulta sectorial. Cordes lo preguntó directamente: “¿Hubo conversaciones con el sector privado en esta ocasión? ¿Sectores que históricamente han contado con altos niveles de protección arancelaria, como el avícola o el lácteo, están al tanto de las condiciones de este acuerdo?”.
Los productores porcícolas ya se pronunciaron: temen una caída en sus ventas ante la llegada de carne estadounidense más barata, producida con costos que Ecuador no puede igualar. La cadena del maíz y los productos lácteos enfrentan perspectivas igualmente complejas.
Según el vicepresidente de la Cámara Ecuatoriana Americana, Iván Ortiz, “sabemos que hubo un esquema de confidencialidad en los planteamientos. Entendemos que el Gobierno no conformó un cuarto adjunto porque no es un acuerdo de comercio amplio como los usuales, sino es algo mucho más corto”.
Cabe destacar que el déficit comercial con EE. UU. aumentó de USD 670 millones en 2024 a USD 1.800,7 millones en 2025.
El filtro constitucional como oportunidad
El ACR deberá ser enviado a la Corte Constitucional, que determinará el procedimiento previo a su eventual entrada en vigor. Esta instancia puede exigir aprobación legislativa, consulta popular u otro trámite según lo que establezca la Constitución. Lejos de ser un obstáculo burocrático, este control constitucional es la oportunidad que tiene el país para abrir un debate serio y técnico sobre un acuerdo que hasta ahora ha sido presentado más como un logro geopolítico que como instrumento de política comercial.
El proceso constitucional da tiempo. Tiempo para que los sectores afectados se pronuncien, para que la Asamblea analice los compromisos adquiridos y para que el propio gobierno ecuatoriano entre a la renegociación con una posición más clara y documentada. Si el acuerdo va a renegociarse de todas formas, ¿por qué no hacerlo con el respaldo de un debate nacional que permita identificar cuáles compromisos son aceptables y cuáles no?
Lo que se necesita cambiar
Un buen acuerdo comercial tiene tres características esenciales:
Es recíproco en la práctica, no solo en el nombre.
Otorga beneficios permanentes a las dos partes.
Se negocia con transparencia y en consulta a los sectores involucrados.
El ACR firmado el 13 de marzo no cumple con estas tres condiciones.
La renegociación de agosto es una segunda oportunidad. Ecuador necesita: 1) primero, que la apertura arancelaria a productos agrícolas y cárnicos americanos esté condicionada a reciprocidad real y a plazos que permitan una transición ordenada para los sectores sensibles; 2) segundo, que los compromisos en materia laboral, sanitaria y de propiedad intelectual sean parte de una negociación explícita y no concesiones de relleno; y 3) tercero, que cualquier compromiso permanente de Ecuador tenga como contraparte un acceso igualmente permanente al mercado estadounidense.
Cordes lo sintetizó con claridad: se trata de “una negociación que parece haber sido muy desigual y en la que el Ecuador cede mucho más de lo que recibe”. Y terminó con una recomendación: “Es importante que el Gobierno socialice este acuerdo y fomente un debate a fin de que su eventual entrada en vigor realmente signifique un beneficio para el país”.
Ese debate está pendiente. La Corte Constitucional y la renegociación son el momento para darlo.
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