Aulas vacías, cuentas rojas: la doble crisis que golpea a la educación privada en Ecuador

La educación privada ecuatoriana enfrenta una tormenta perfecta. Mientras el país registra más de 50.000 estudiantes que han abandonado las aulas en los últimos años, las instituciones educativas privadas luchan contra una realidad devastadora. Según el estudio titulado “Educación en cifras: panorama financiero de las instituciones educativas en Latinoamérica”, el 60% opera por debajo de su capacidad instalada y el 64% cierra cada mes con cartera vencida superior al 5%. 

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Los datos oficiales del Ministerio de Educación muestran una caída sostenida en la matrícula del sector privado: de 865.518 estudiantes en 2019-2020 a 794.279 en 2024-2025, representando una pérdida neta de más de 71.000 estudiantes en cinco años.

Esta tendencia, documentada también en el estudio antes mencionado de Mattilda que es una fintech que ofrece soluciones financieras y de gestión para instituciones educativas en México, Colombia y Ecuador, analizó 173 colegios ecuatorianos, expone una realidad que Harvey Sánchez, presidente de ALEPH, describe como “una crisis silenciosa, pero profunda que en algún momento va a explotar”, como dijo en Radio Pichincha.

El éxodo silencioso: cuando las aulas se vacían

Los números oficiales pintan un panorama devastador. La matrícula en educación privada ha experimentado una caída del 8,2% entre 2019 y 2025, mientras que -paradójicamente- las tasas de abandono escolar general han disminuido del 1,73% al 1,75% en el mismo período. Esta aparente contradicción revela que el problema no es necesariamente el abandono total del sistema educativo, sino una migración masiva hacia la educación pública o, en casos más dramáticos, hacia instituciones de dudosa calidad (Gráfico 1).

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Sánchez ofrece una explicación de este fenómeno: “Más de 50.000 estudiantes habían abandonado las aulas, entonces, el regreso de 10.000 no compensa la pérdida de los otros 50.000 que habían abandonado. Todavía nos faltan más de 40.000 y eso es una calamidad, ya que representan a 40.000 familias”.

La distribución geográfica de este éxodo es particularmente reveladora. Provincias como Pichincha han perdido 42.955 estudiantes en tres años (2022-2025), mientras Guayas registra una reducción de 55.560 estudiantes en el mismo período. Estas cifras cobran mayor dramatismo cuando se contrastan con el crecimiento poblacional, la crisis no es solo demográfica, sino que refleja una pérdida de confianza en el sistema educativo (Gráfico 2).

Infraestructura sin estudiantes

El estudio de Mattilda muestra que mientras las instituciones educativas privadas han expandido su infraestructura en la última década, la demanda real no acompaña esta expansión. El 60% de los colegios opera por debajo del 75% de su capacidad instalada, y un alarmante 21% no logra llenar ni la mitad de sus cupos disponibles.

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Según la directora de una institución educativa de Quito que solicitó el anonimato, actualmente operan con apenas 40% de ocupación. “Llevamos tres años posponiendo inversiones en tecnología y reduciendo personal o contratando bajo servicios profesionales. Ya no es sostenible mantener la calidad educativa cuando cada mes terminas preguntándote si podrás pagar los sueldos. Las familias entienden la situación, pero eso no resuelve nuestro problema de caja”, dijo a GESTIÓN.

Esta subutilización tiene implicaciones financieras inmediatas. Los costos fijos de infraestructura, servicios básicos y personal mínimo se mantienen, independientemente del número de estudiantes, generando una presión constante sobre los márgenes de operación. Como explica Sánchez, estos colegios “están operando ya en números rojos, están con muchas dificultades y seguramente están empezando a descuidar aspectos sustantivos de la educación”.

Cuando cobrar se convierte en supervivencia

La gestión de cartera se ha convertido en el principal dolor de cabeza para el 50% de las instituciones educativas privadas ecuatorianas. Según Mattilda, el 64% cierra cada mes con cartera vencida superior al 5%, y un preocupante 16% supera el 20%, niveles que cualquier analista financiero clasificaría como críticos para la sostenibilidad empresarial (Gráfico 3).

El estudio de Mattilda documenta una segmentación clara del problema según el nivel de pensiones. Los colegios con pensiones menores a USD 200 concentran el 75% de la morosidad crítica, mientras que aquellos con pensiones superiores a USD 300 representan solo el 11% de este segmento. Esta disparidad refleja no solo diferencias en capacidad de pago de las familias, sino también en las herramientas de gestión financiera disponibles.

Estudiar se vuelve un lujo

La deserción estudiantil por motivos económicos alcanza al 49% de los casos según el estudio de Mattilda, una cifra que encuentra eco en las observaciones de Sánchez sobre el impacto de los despidos masivos en el sector público. Esta realidad se agrava por el hecho de que el 76,3% de los colegios privados cobra pensiones entre USD 400 y USD 800 mensuales, montos que representan entre el 40% y 80% del salario básico unificado actual (Gráfico 4).

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Esta realidad se agrava considerablemente cuando se contrasta con el contexto socioeconómico nacional, ya que según la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) anualizada al 2024, el 61,27% de la Población Económicamente Activa gana menos de USD 470 mensuales, que corresponde al Salario Básico Unificado.

El problema se intensifica al considerar que el 76,3% de los colegios privados cobra pensiones entre USD 400 y USD 800 mensuales. Esto significa que para la mayoría de familias ecuatorianas, el costo de la educación privada representa entre el 85% y 170% de sus ingresos totales, convirtiéndola en un bien prácticamente inaccesible para amplios sectores de la población.

El panorama económico nacional amplifica estos desafíos. La tasa de inflación del 2,9% en 2024 presionó a muchas instituciones a incrementar sus pensiones, pero solo el 25% logró aplicar aumentos superiores a la inflación. El 54% prefirió mantener precios estables, priorizando la retención sobre la sostenibilidad financiera. (Gráfico 5).

Violencia y educación: el efecto devastador de la inseguridad en las aulas

La crisis educativa ecuatoriana tiene un factor agravante que trasciende lo económico: la violencia. Los datos de homicidios intencionales revelan una correlación directa entre inseguridad y deserción escolar que Sánchez documenta con precisión. “En Guayaquil, por ejemplo, en 2024 hubo poco más de 2.000 homicidios y ahí mismo hubo casi 20.000 estudiantes menos en las aulas”, comenta.

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Las cifras oficiales confirman esta relación. Guayas, que registró 3.247 homicidios en 2024, perdió 55.560 estudiantes de matrícula general entre 2022-2024. Los Ríos, con 817 homicidios en 2024, redujo su matrícula en 12.738 estudiantes. Manabí, con 872 homicidios, experimentó una caída de 12.120 estudiantes matriculados (Gráfico 6).

Sánchez describe el mecanismo por el cual la violencia destruye el sistema educativo: “Esta relación la puede ver en Durán, Manta, Portoviejo, Babahoyo, Machala, Esmeraldas, en Naranjal y demás, en todos estos cantones pueden ocurrir tasas que están correlacionadas con la migración de las familias y con la disminución de acceso a los servicios educativos”.

Es decir, las familias enfrentan “prioridades como atender la violencia que está todos los días inmersa en la dinámica familiar o la dinámica de la sociedad”, convirtiendo a la educación en una preocupación secundaria frente a la supervivencia.

La crisis de la educación ecuatoriana trasciende los indicadores financieros para convertirse en un desafío social que requiere respuestas integrales. Los datos revelan que el modelo operativo tradicional, basado en gestión manual y dependencia exclusiva de pensiones, ha llegado a su límite funcional.

Ecuador no puede permitirse perder una generación educada. La recuperación del sector requiere acciones inmediatas: políticas públicas que promuevan la accesibilidad, estrategias innovadoras de financiamiento estudiantil, programas de seguridad ciudadana que protejan el entorno escolar, y un compromiso renovado con la excelencia académica que justifique la inversión familiar.

(*) Economista, analista económica Revista Gestión.