El envejecimiento es el mayor desafío estructural para la seguridad social en Ecuador

El cambio demográfico representa uno de los fenómenos más significativos que América Latina y el Caribe (ALC) enfrentará en las próximas décadas. Según Forética, la principal red empresarial española sobre la sustentabilidad y responsabilidad, en su artículo titulado “El Cambio Demográfico”, este fenómeno se define como “un cambio en la composición de la edad de la población” y constituye “uno de los mayores retos a los que se enfrenta el mundo desarrollado”. Sin embargo, la evidencia actual demuestra que este desafío ya no se limita al mundo desarrollado, sino que afecta con particular intensidad a la región latinoamericana.

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Ecuador se encuentra en el centro de esta transformación. Los datos demográficos revelan que el país experimentará cambios en su estructura poblacional a una velocidad que duplica la observada históricamente en Europa. Esta aceleración plantea interrogantes fundamentales sobre la capacidad del sistema de seguridad social para adaptarse a una realidad donde la proporción de personas que contribuyen al sistema disminuye mientras aumenta el número de beneficiarios.

La velocidad del envejecimiento: Ecuador en el contexto regional

Los datos sobre la velocidad del envejecimiento poblacional revelan una realidad contundente. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en su publicación titulada “Cosechas lo que siembras: cómo el cambio demográfico y la protección social moldearán el violín futuro de ALC”, no América Latina está envejeciendo al doble de velocidad que Europa. La información disponible revela que ALC alcanzará el umbral del 20% de población adulta mayor en aproximadamente 29 años, mientras que Europa tardó 56 años en llegar a ese mismo punto (Gráfico 1).

Ecuador presenta una situación particularmente significativa dentro de este panorama regional. Con una proyección de 28 años para alcanzar el 20% de población adulta mayor, el país se encuentra por debajo del promedio latinoamericano y solo un año por encima de Brasil (25 años), el país que experimenta el envejecimiento más acelerado de la región.

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Para dimensionar adecuadamente estas cifras, resulta ilustrativo compararlas con las experiencias europeas. Francia, uno de los países con transición demográfica más prolongada, necesitó 68 años para alcanzar el 20% de población adulta mayor. Suecia requirió 70 años. Incluso Uruguay, el país más envejecido de América Latina, tardará 63 años en alcanzar ese umbral. Ecuador lo hará en menos de la mitad de ese tiempo.

Como señala Elizabeth Cadena en su tesis titulada “Efecto de los cambios demográficos en Ecuador y Perú con respecto a la sostenibilidad de los esquemas de pensiones durante el periodo 2020-2080”, esta velocidad de cambio es crucial porque determina el margen disponible para adaptar los sistemas de protección social. “En la Unión Europea, el envejecimiento de la población empezó hace décadas, provocando que varios de los países miembros tomen acciones de política pública, con el fin de adaptar sus sistemas de protección social a estos cambios” y generar programas específicos para la inclusión de las personas mayores. Ecuador deberá implementar estas transformaciones en un período significativamente más corto.

El desequilibrio en la protección social: una asimetría preocupante

Uno de los aspectos más reveladores del análisis regional es la marcada asimetría en la distribución del gasto en protección social entre diferentes grupos etarios. Los datos para América Latina y el Caribe muestran que el gasto en protección social para adultos mayores representa el 7,4% del PIB, mientras que el destinado a niños alcanza apenas el 0,8% del PIB (Gráfico 2).

Esta diferencia de 6,6 puntos porcentuales del PIB significa que el gasto en adultos mayores es aproximadamente nueve veces superior al de los niños. Esta proporción resulta aún más significativa cuando se contrasta con la distribución poblacional: la población infantil representa el 29,3% de la población total de ALC, mientras que los adultos mayores constituyen el 9,5%. En otras palabras, un grupo que representa menos de un tercio del tamaño del grupo infantil recibe nueve veces más recursos de protección social.

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Para contextualizar estas cifras regionales, el PNUD explica que es útil compararlas con otras regiones del mundo. A nivel mundial, el gasto en protección social para adultos mayores (7,6% del PIB) es casi 11 veces superior al de niños (0,7% del PIB), con porcentajes poblacionales de 10,0% y 31,4% respectivamente. En los países de ingresos altos, el gasto en adultos mayores alcanza el 9,0% del PIB frente al 1,0% para niños, pero en este caso la distribución poblacional es más equilibrada (19,5% adultos mayores versus 20,3% niños). Esto sugiere que la concentración del gasto en adultos mayores observada en ALC no es una característica inevitable de todas las regiones en desarrollo.

La estructura demográfica actual de Ecuador: radiografía de una transición

Los datos del censo 2022 proporcionan una imagen detallada de la estructura poblacional ecuatoriana que permite identificar las dinámicas demográficas en curso. El análisis de la distribución por grupos quinquenales de edad revela varios patrones significativos.

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La población de 0-4 años suma 1’293.325 personas (633.476 hombres y 659.849 mujeres), mientras que el grupo de 5-9 años alcanza 1’412.087 personas (721.577 hombres y 690.510 mujeres). Estos grupos, que representan la base de la pirámide poblacional, son notablemente menores que los grupos inmediatamente superiores: el grupo de 10-14 años totaliza 1’607.577 personas (823.162 hombres y 784.415 mujeres), y el grupo de 15-19 años suma 1’533.824 personas (776.151 hombres y 757.673 mujeres) (Gráfico 3).

Esta contracción de la base de la pirámide poblacional es un indicador claro de la reducción de las tasas de natalidad. Como explica el documento de Forética, titulado “El cambio demográfico”, en el mundo desarrollado “los países industrializados, desde hace años, han experimentado una importante disminución en la tasa de natalidad”, fenómeno que ahora se replica en Ecuador.

Estos grupos representan actualmente el núcleo de la población económicamente activa del país. Sin embargo, como señala el documento antes mencionado, estos mismos grupos constituirán la población adulta mayor en las próximas tres décadas, período en el cual el sistema de seguridad social deberá soportar su jubilación sin contar con cohortes igualmente numerosas de jóvenes contribuyentes.

Los grupos de 45 a 59 años muestran cifras decrecientes: 45-49 años con 951.536 personas (451.734 hombres y 499.802 mujeres), 50-54 años con 860.590 personas (408.958 hombres y 451.632 mujeres), y 55-59 años con 752.046 personas (357.790 hombres y 394.256 mujeres). Este descenso se provoca, según Cadena, por el efecto conjunto de la transición demográfica como: la caída de la fecundidad iniciada en 1965 - 1970, que hizo relativamente pequeñas las cohortes ubicadas entre 45 y 59 años, los cambios en la mortalidad con aumento de la esperanza de vida y saldos migratorios  (Gráfico 4).

En total, la población de 65 años o más suma 1’520.590 personas, con una distribución de 705.454 hombres y 815.136 mujeres. Esta preponderancia femenina en las edades avanzadas es consistente con la mayor esperanza de vida de las mujeres, fenómeno documentado globalmente y mencionado en el documento de Forética.

Implicaciones para la sostenibilidad del sistema de seguridad social

La transformación demográfica que experimenta Ecuador plantea desafíos inéditos para la viabilidad financiera de su sistema de seguridad social. Según Cadena, el acelerado envejecimiento poblacional que el país enfrentará en las próximas décadas generará presiones fiscales sobre los esquemas de pensiones, comprometiendo seriamente su sostenibilidad si no se implementan reformas estructurales oportunas.

El núcleo del problema radica en el cambio fundamental de la ecuación demográfica. Los grupos poblacionales más numerosos actualmente, aquellos entre 30 y 44 años que constituyen el grueso de la fuerza laboral contributiva, alcanzarán la edad de jubilación en las próximas dos o tres décadas. Sin embargo, según el PNUD, las cohortes que deberían reemplazarlos como contribuyentes activos son sustancialmente menores, producto de la drástica reducción de las tasas de natalidad observada en las últimas décadas.

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Esta situación genera una dinámica insostenible en los sistemas de reparto, donde las contribuciones de los trabajadores activos financian las pensiones de los jubilados actuales. Como refiere Cadena, la relación de dependencia demográfica se deteriorará progresivamente, reduciendo el número de contribuyentes por cada beneficiario del sistema. Para 2080, esta proporción habrá alcanzado niveles que harán imposible mantener los actuales parámetros de contribución y beneficios sin incurrir en déficits fiscales significativos.

Las implicaciones trascienden lo meramente actuarial. Para Cadena, existe el riesgo de generar tensiones intergeneracionales si las reformas se perciben como una transferencia injusta de costos hacia las generaciones más jóvenes. La sostenibilidad del sistema requiere de un balance delicado entre garantizar pensiones dignas para los futuros jubilados y mantener tasas de contribución razonables para los trabajadores activos.

La ventana de acción es corta porque ALC envejece más rápido: “los sistemas de protección social, enfrentarán cada vez más presión” y el financiamiento recaerá sobre “una población en edad de trabajar cada vez más pequeña, generando estrés fiscal”. Por ello, el PNUD señala la necesidad de elevar la participación laboral (en especial de mujeres), ampliar la oferta de cuidados y mejorar la productividad para sostener el sistema. 

El desafío está planteado. Ecuador tiene ante sí una ventana de oportunidad que se cierra rápidamente. Las decisiones que se tomen hoy en materia de reformas estructurales al sistema de seguridad social determinarán si el país podrá garantizar el bienestar de sus ciudadanos en todas las etapas de la vida

(*) Economista, analista económica Gestión Digital.