Los femicidios dejan un enorme costo económico y una deuda social impagable en Ecuador

La violencia contra las mujeres no es un problema privado ni un asunto doméstico, es una crisis nacional que atraviesa hogares, territorios y generaciones. Según ONU Mujeres, 840 millones de mujeres en el mundo han sufrido violencia física o sexual, una cifra que no cambia pese al paso de los años, lo que demuestra que no estamos ante un fenómeno pasajero, sino estructural.

• Ni una más, ni una menos: el año más letal para las mujeres en Ecuador

En el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Ecuador enfrenta una realidad alarmante que exige atención urgente. Más allá de las cifras de víctimas directas, la violencia de género produce un impacto multidimensional que afecta a familias enteras, especialmente a la niñez que queda en orfandad, y representa una carga económica significativa para el Estado y la sociedad.

Según el artículo “Las otras víctimas del feminicidio: reparación integral y violencia institucional en Ecuador” de los investigadores Carla Álvarez y Alejandro Laufer, publicado en la Revista Íconos, existe una problemática adicional: la violencia institucional que anula los intentos de justicia restaurativa para reparar a los hijos e hijas de las víctimas de femicidio. Esta situación revela que el Estado, pese a contar con marcos legales avanzados desde 2008, enfrenta serias dificultades para materializar la reparación integral que promete en sus normas.

La escalada de la violencia: cifras que alarman

Los datos recopilados por la Fiscalía General del Estado (FGE) desde 2014 hasta el 16 de noviembre de 2025 evidencian una tendencia preocupante en el incremento de muertes violentas de mujeres en Ecuador. Si bien los femicidios tipificados legalmente han mostrado variaciones año tras año, las “otras muertes” en contexto delictivo han experimentado un crecimiento exponencial que no puede ignorarse (Gráfico 1).

En 2014, se registraron 26 femicidios y 43 otras muertes violentas de mujeres. Para 2025, aunque el año aún no concluye, ya se contabilizan 49 femicidios, pero las otras muertes en contexto delictivo han alcanzado la alarmante cifra de 629 casos. Este incremento de más del 1.300% en la categoría de “otras muertes”, hace que 2025 sea el año más letal para las mujeres, con un crecimiento acelerado de asesinatos relacionados a estructuras criminales.

El perfil de las víctimas: jóvenes y en edad productiva

El análisis por grupos de edad revela un patrón devastador: las mujeres jóvenes y en edad productiva son las principales víctimas de la violencia feminicida en Ecuador. Los datos muestran una concentración alarmante en los rangos de edad entre 15 y 44 años (Gráfico 2).

Las cifras son contundentes: 226 víctimas tenían entre 15 y 24 años, 291 entre 25 y 34 años, y 196 entre 35 y 44 años. Esto significa que el 83,9% de las víctimas de femicidio se encontraba en edades entre 15 y 44 años, en plena etapa productiva de sus vidas.

• La violencia de género en Ecuador se ensaña con las mujeres más jóvenes   

Este perfil etario tiene implicaciones profundas. No solo se está perdiendo a mujeres en la plenitud de sus vidas, sino que se está dejando a una cantidad significativa de niños y niñas sin sus madres, en momentos críticos de su desarrollo. 

Según ONU Mujeres, las adolescentes corren más riesgo de sufrir violencia de pareja que las mujeres adultas. Solo en el último año, casi 1 de cada 6 adolescentes de 15 a 19 años (el 16%) que ha tenido una relación ha sufrido ya abusos físicos o sexuales por parte de su pareja. A su vez, en el último año, entre el 4 y el 5% de las mujeres de 60 años o más ha experimentado violencia de pareja.

Las 75 víctimas de entre 45 y 54 años, y las 27 de entre 55 y 64 años, aunque representan porcentajes menores, evidencian que la violencia de género no discrimina por edad. Incluso 13 mujeres mayores de 65 años fueron víctimas de femicidio, demostrando que las relaciones de poder desigual y la violencia machista persisten a lo largo de toda la vida de las mujeres.

Geografía de la violencia: entre lo rural y lo urbano

La distribución territorial de los femicidios en Ecuador revela patrones que exigen políticas diferenciadas según las características de cada provincia y el contexto rural o urbano donde ocurren estos crímenes (Gráfico 3).

Guayas lidera con 163 casos (41 en zonas rurales y 122 en urbanas), seguida por Pichincha con 137 (22 rurales y 115 urbanos). Estas dos provincias concentran el 35% del total de femicidios registrados entre 2014 y noviembre de 2025. La alta incidencia urbana en estas provincias podría relacionarse con su densidad poblacional, pero también sugiere que los entornos urbanos no protegen necesariamente a las mujeres de la violencia de género.

Manabí presenta 76 casos con una distribución casi equitativa entre rural (40) y urbano (36), mientras que Los Ríos registra 52 casos (23 rurales y 29 urbanos). El Oro y Esmeraldas completan la lista de provincias con mayor incidencia, con 44 y 41 casos, respectivamente.

• Feminicidios crecen 77% en el último año    

Provincias como Cotopaxi (29 casos rurales vs 10 urbanos), Sucumbíos (18 vs 9) y Orellana (17 vs 8) muestran una mayor incidencia en zonas rurales, lo que plantea desafíos específicos en términos de prevención, atención y acceso a justicia para las mujeres que viven alejadas de los centros urbanos.

Según Álvarez  y Laufer, los casos rurales evidencian las dificultades adicionales que tienen las mujeres en estas zonas para acceder a mecanismos de protección y justicia, debido a “las limitaciones de recursos y de personal que enfrenta la salud pública ecuatoriana para atender a las víctimas de diferentes tipos de violencia”.

Asimismo, ONU Mujeres explica que las mujeres que viven en países clasificados como de ingreso más bajo, afectados por conflictos o en entornos vulnerables al clima, se ven afectadas de forma desproporcionada. Esta realidad también se refleja en las zonas rurales de Ecuador, donde el acceso limitado a servicios básicos incrementa la vulnerabilidad de las mujeres.

Los costos invisibles: el impacto económico de la violencia

La violencia de género no solo cobra vidas; representa una sangría económica y social de dimensiones que Ecuador no puede seguir ignorando. Según la publicación “Violencia de género: una crisis que cuesta viedas y millones”, realizado por Lupa Media y basado en informes de la Cooperación Alemana (GIZ), el programa PreViMujer y la Universidad de San Martín de Porres entre 2017 y 2020, el Estado ecuatoriano pierde anualmente cerca de USD 4.608 millones, equivalente al 4,28% del Producto Interno Bruto (PIB), debido a la violencia de género.

• 2025 es el año con más asesinatos de mujeres en Ecuador, pero solo 49 fueron considerados femicidios por la Fiscalía

Esta cifra astronómica incluye costos directos e indirectos que afectan a múltiples actores de la sociedad. Según Lupa Media, cuando se suman costos directos (dinero destinado por las mujeres para asistencia y cobertura de daños) y costos indirectos (pérdida de ingresos, productividad y tiempo de cuidado), el análisis revela que:

• Del total de USD 4.608 millones anuales, el 49,9% lo pagan las mujeres y sus familias, el 38,8% las empresas y solo el 11,3% el Estado.
• Aproximadamente, USD 1.133 millones corresponden a ingresos y tiempo perdidos.
• Las empresas privadas medianas y grandes pierden USD 1.787 millones.
• Por cada dólar que el gobierno invierte en atención y justicia, las mujeres gastan otro dólar adicional para acceder a esos servicios.

En 2017, el Estado invirtió USD 76,2 millones en prevención, atención y sanción de la violencia: USD 41,8 millones correspondieron al sector justicia, USD 19,7 millones al sector salud y USD 14,2 millones al sector educación. Sin embargo, solo el 1,7% de ese presupuesto se destinó a prevención, la mayoría fue para emergencias y sanciones. El gasto representó apenas el 0,2% del Presupuesto General del Estado de ese año.

Los niños, niñas y adolescentes: víctimas invisibles del femicidio

De las 855 víctimas de femicidio registradas desde 2014, 550 eran madres, lo que significa que 638 niños, niñas y adolescentes han quedado huérfanos de madre. El costo de criar a estos 638 niños y niñas huérfanos recae frecuentemente en familias extendidas que ya enfrentaban vulnerabilidad económica antes del femicidio.

La investigación “Esperando el verano: trayectorias de los niños, niñas y adolescentes víctimas de femicidio en Ecuador” de Geraldina Guerra y Nicoletta Marinelli documenta que muchos de estos niños presenciaron la violencia que precedió al asesinato de sus madres, o incluso fueron testigos directos del femicidio. Las autoras identifican lo que denominan “victimización primaria, secundaria y terciaria”: primero, el trauma de presenciar o conocer el asesinato de su madre; segundo, las afectaciones durante la intervención del sistema de justicia y de protección; y tercero, la estigmatización y los prejuicios sociales. 

• Unicef reporta que solo el 51% de los hijos e hijas de víctimas de feminicidio en Ecuador reciben ayuda

Las consecuencias se manifiestan en problemas de salud mental como depresión, ansiedad y trastorno por estrés postraumático, dificultades en el rendimiento escolar y deserción educativa, además de las carencias materiales derivadas de la pobreza extrema que impiden el acceso a servicios básicos de salud, educación de calidad y alimentación adecuada. 

A pesar de la gravedad de la situación, el estudio documenta que la respuesta del Estado ha sido claramente insuficiente. El bono de orfandad, creado en 2019, representa un avance importante pero evidentemente limitado tanto en cobertura como en monto. Según un reporte del MIES, entre 2019 y mayo de 2024 se han entregado 497 bonos de orfandad, no obstante, según las fuentes de las autoras antes mencionadas, existe una brecha de 1.349 niños, niñas y adolescentes que no han recibido esta ayuda, esto tomando datos no únicamente de la FGE, sino considerando adicionalmente cifras de organizaciones de la sociedad civil.  

Más allá de las cifras, el estudio revela que el 97% de las familias entrevistadas considera que las medidas de reparación son insuficientes, pues los montos, que oscilan entre USD 97 y USD 249 mensuales, no cubren ni siquiera las necesidades básicas de alimentación, educación y salud.

Como concluyen Guerra y Marinelli, “así como una medida repara el daño, la falta de una medida lo profundiza”. Esta afirmación cobra especial relevancia al constatar que solo el 34% de las familias consultadas reportó recibir atención en salud mental, evidenciando la ausencia de un acompañamiento psicosocial especializado y sostenido. 

La situación se agrava cuando se considera que, según el estudio, “no hay psicólogos especializados en infancia y con enfoque de género, que cuenten con especialidad en casos de femicidios”, lo que resulta en atenciones que revictimizan a los niños y niñas. Esta carencia institucional no solo profundiza el trauma, sino que hipoteca el futuro de estos niños, niñas y adolescentes, condenándolos a crecer sin las herramientas emocionales necesarias para procesar la pérdida, reconstruir sus vidas y romper el ciclo de violencia. 

El círculo íntimo de la violencia: cuando el hogar es el lugar más peligroso

Uno de los hallazgos más perturbadores es la relación entre las víctimas y los victimarios. Según los datos de la FGE, la cercanía de los victimarios fue determinante en los casos de femicidios en Ecuador, un 75% fueron perpetrados por personas que tenían relación directa con la víctima (Gráfico 4).

El 31,3% de los femicidios fueron perpetrados por convivientes, el 14,6% por cónyuges, el 13,7% por exconvivientes y el 12,5% por parejas. Esto significa que el 72,1% de las mujeres asesinadas conocían a su victimario en el contexto de una relación de pareja o expareja. Solo el 15% corresponde a casos donde el victimario no fue identificado.

Según ONU Mujeres, los femicidios generalmente son perpetrados por hombres y difieren de los homicidios de hombres porque en su mayoría son cometidos por la pareja actual o pasada de la víctima. Además, incluyen maltrato repetido en el hogar (amenazas, intimidación, violencia sexual) y tienen lugar en situaciones donde las víctimas cuentan con menos poder o recursos que su pareja. A nivel mundial, mientras que el 60% de los homicidios de mujeres son cometidos por sus parejas u otros miembros de la familia, solo el 11% de los homicidios de hombres se producen en la esfera privada.

• Esta es la dura realidad en la que viven los niños que perdieron a sus madres, víctimas de femicidio

Esta realidad contradice el imaginario social que sitúa el peligro en el espacio público. Para muchas mujeres ecuatorianas, el lugar más peligroso es su propio hogar y la persona que representa la mayor amenaza es precisamente quien debería ser su compañero de vida.

Las cifras presentadas no son solo estadísticas; representan vidas truncadas, familias destruidas y una sociedad que aún no logra proteger efectivamente a sus mujeres. Los 638 niños y niñas que han quedado huérfanos desde 2014 son testimonio viviente del fracaso colectivo en prevenir y erradicar la violencia de género.

El costo de USD 4.608 millones anuales, equivalente al 4,28% del PIB, debería ser suficiente argumento económico además del enorme e inestimable costo humano. Sin embargo, más allá de las cifras, existe una deuda moral con las 855 mujeres asesinadas y con sus hijos e hijas.

El Estado ecuatoriano ha avanzado en crear marcos legales. Según ONU Mujeres, en 2022, solo el 14% de todas las mujeres y niñas (alrededor de 557 millones) vivían en países con una sólida protección jurídica para garantizar los derechos humanos fundamentales de las mujeres.

Ecuador cuenta con legislación específica desde 2018 con la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; sin embargo, como señalan Álvarez y Laufer, “poco se ha hecho por conocer a estas víctimas, quiénes son, dónde, con quién y en qué condiciones viven, qué afectaciones a su salud física y mental mantienen después del femicidio, si lograron o no romper el ciclo de violencia”.

(*) Economista, analista económica Gestión Digital.