Las finanzas verdes, un sector en expansión en Ecuador pero con desafíos por superar
Las finanzas verdes en Ecuador experimentan un crecimiento desde el 2023; llegaron a representar USD 145 millones en julio de 2025. Ese avance representa el 3,8% del volumen total de crédito.
Una representación del planeta Tierra rodeado de pilas de monedas y una hoja verde.
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El sistema bancario ecuatoriano está atravesando una transformación silenciosa pero significativa hacia las finanzas sostenibles. Impulsado por regulaciones internacionales, exigencias de organismos multilaterales y una creciente conciencia ambiental, el sector financiero del país ha comenzado a dirigir recursos hacia proyectos que no solo generan rentabilidad, sino que también contribuyen a la mitigación del cambio climático y la conservación de recursos naturales.
Según David Balladares, coordinador de la Red de Pacto Global Ecuador, en entrevista para GESTIÓN, “las finanzas sostenibles están diseñadas para guiar el flujo de capital privado y público hacia inversiones compatibles con una trayectoria de desarrollo con bajas emisiones de carbono y resilientes al clima”. Esta definición cobra especial relevancia en un país como Ecuador, donde sectores productivos clave como la pesca, la agricultura y la industria enfrentan el desafío de modernizarse sin comprometer el ambiente.
Esta visión es corroborada por investigaciones recientes. Francis Brito y Carmen Erazo, en su artículo titulado “Impacto de las finanzas sostenibles en la estrategia empresarial ecuatoriana”, señalan que “el impulso hacia la sostenibilidad ha sido liderado principalmente por el sector financiero, a través de iniciativas como el Protocolo de Finanzas Sostenibles promovido por la Asociación de Bancos Privados del Ecuador”.
El despegue tardío pero acelerado de las finanzas verdes
El análisis de los datos históricos muestra que las finanzas verdes en Ecuador tuvieron un inicio casi inexistente. En enero de 2021, el volumen de créditos verdes apenas alcanzaba USD 3 millones sobre un total de USD 2.052 millones en colocaciones. Durante prácticamente todo 2021 y la primera mitad de 2022, estos montos se mantuvieron marginales, fluctuando entre cero y USD 35 millones.
El punto de inflexión llegó en enero de 2023, cuando el volumen de finanzas verdes saltó a USD 80 millones, multiplicándose por más de seis veces respecto al mes anterior. A partir de ese momento, la tendencia se consolidó con picos significativos: USD 140 millones en julio y octubre de 2023, y alcanzando máximos históricos de USD 214 millones en mayo de 2024, y USD 212 millones en febrero de 2025 (Gráfico 1).
Para julio de 2025, las finanzas verdes alcanzaron USD 145 millones sobre un volumen total de colocaciones de USD 3.780 millones, representando aproximadamente el 3,8% del total. Si bien este porcentaje puede parecer modesto, el crecimiento acumulado desde 2021 supera el 4.700%, evidenciando un cambio estructural en el enfoque crediticio del sistema financiero ecuatoriano.
Según Balladares, este crecimiento responde a múltiples factores: la implementación de taxonomías verdes, los requisitos de organismos multilaterales como el BID y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), y el compromiso de las instituciones financieras con los principios de banca responsable de Naciones Unidas han creado un ecosistema propicio para el desarrollo de estas líneas de crédito”.
Concentración bancaria: los líderes del financiamiento verde
El mercado de finanzas verdes en Ecuador muestra una marcada concentración en las instituciones financieras más grandes del país. Banco Produbanco lidera el ranking, con USD 907 millones acumulados en créditos verdes, seguido por Banco Internacional, con USD 779 millones, y Banco Pichincha, con USD 757 millones. Estas tres instituciones concentran más del 67% del total del financiamiento verde en el país (Gráfico 2).
Banco Bolivariano ocupa el cuarto lugar con USD 542 millones, mientras que el Banco de Desarrollo del Ecuador aporta USD 273 millones, cumpliendo su rol de banca pública en el impulso de proyectos sostenibles. Banco Guayaquil completa el grupo de las instituciones más activas con USD 213 millones.
Es revelador que bancos más pequeños o especializados muestren volúmenes significativamente menores: Procredit, con USD 64 millones, Austro, con USD 13 millones, y Pacífico, Banecuador y Machala con apenas USD 4 millones cada uno. Esta disparidad evidencia que las finanzas verdes aún son predominantemente territorio de la gran banca, que cuenta con mayor capacidad técnica y recursos para evaluar y estructurar este tipo de operaciones.
Esta concentración en la banca grande tiene antecedentes históricos. Según Miguel Herrera, en su artículo titulado “Análisis de la evolución del financiamiento verde para el período 2011-2017”, ya desde 2012 Banco ProCredit y Banco Pichincha fueron pioneros en el lanzamiento de créditos verdes en el país, siendo ProCredit uno de los primeros en alcanzar “una cartera verde total de aproximadamente USD 15 millones” para 2018, lo que representaba “casi el 7% de su portafolio total”.
Esta trayectoria pionera demuestra que el tamaño no es el único determinante del éxito en finanzas verdes, sino también la visión estratégica y el compromiso institucional temprano con la sostenibilidad.
Esta realidad la confirma Mauricio Velásquez, gerente de Crédito de Produbanco, quien explica a GESTIÓN que “el liderazgo en finanzas verdes requiere no solo capital sino también expertise técnico para evaluar la viabilidad ambiental de los proyectos, capacitar a los oficiales de crédito y desarrollar productos financieros específicos para cada sector”.
Distribución geográfica: la Costa domina el financiamiento sostenible
La geografía del crédito verde en Ecuador refleja claramente la estructura productiva del país. Guayas concentra de manera abrumadora el 55% del total de créditos verdes, con USD 1.879 millones, seguida a gran distancia por Pichincha, con USD 738 millones (21%). Esta distribución responde a la concentración de actividades productivas intensivas en capital, particularmente la industria pesquera y agroindustrial en la Costa (Gráfico 3).
Manabí emerge como la tercera provincia con USD 434 millones (13%), impulsada principalmente por su sector pesquero y agrícola. El Oro aporta USD 216 millones, mientras que Azuay, tradicional polo industrial del austro ecuatoriano, registra USD 85 millones en finanzas verdes.
Las provincias con menor participación incluyen Los Ríos (USD 35 millones), Tungurahua (USD 31 millones), Santo Domingo de los Tsáchilas (USD 20 millones), Loja (USD 18 millones) y Esmeraldas (USD 17 millones). Esta concentración geográfica plantea desafíos importantes para la democratización del acceso a finanzas sostenibles en regiones con menor desarrollo industrial pero con importante potencial en agricultura sostenible y conservación forestal.
Según Velásquez, “existe una oportunidad significativa para expandir las finanzas verdes hacia provincias con alto potencial en agricultura orgánica, turismo sostenible y proyectos de conservación, sectores que aún están subrepresentados en el financiamiento verde”.
La pesca como motor del crédito sostenible
El análisis sectorial de las finanzas verdes revela una concentración dramática en la industria pesquera, que absorbe USD 1.373 millones. Este liderazgo responde a la relevancia estratégica del sector pesquero en la economía ecuatoriana y a su necesidad de certificaciones internacionales de sostenibilidad para acceder a mercados premium.
El segundo lugar lo ocupan proyectos de eficiencia energética e incorporación de energías renovables con USD 598 millones, seguidos por la agricultura, con USD 592 millones. La gestión de procesos industriales aparece con USD 295 millones, mientras que la gestión de residuos sólidos y líquidos suma USD 201 millones. Proyectos relacionados con el patrimonio hídrico (USD 140 millones) y eficiencia energética en el transporte (USD 138 millones) completan los segmentos más relevantes (Gráfico 4).
Llama la atención que sectores con enorme potencial como tierras forestales (USD 67 millones), generación de energía por fuentes renovables (USD 53 millones) y eficiencia energética en construcción (USD 49 millones) aún tengan participaciones relativamente modestas, sugiriendo oportunidades de crecimiento futuro.
Desafíos y perspectivas: hacia un sistema financiero verdaderamente sostenible
El auge de las finanzas verdes en Ecuador marca el inicio de una transformación profunda, pero aún enfrenta desafíos estructurales que limitan su consolidación. Según Balladares, uno de los principales retos es ampliar la oferta de créditos verdes, sociales e inclusivos más allá de los grandes proyectos empresariales. “El sistema bancario ecuatoriano debe integrar a nuevos actores: academia, sector público, empresas y legisladores; para construir una hoja de ruta compartida hacia un modelo de banca verdaderamente sostenible”, afirma.
Balladares destaca, además, la necesidad de modernizar la legislación financiera, pues considera que el marco regulatorio vigente “fue diseñado para un contexto de hace 25 años” y hoy resulta demasiado rígido para un entorno que demanda innovación y agilidad. Para él, la sostenibilidad financiera no solo implica mitigar riesgos ambientales, sino también crear un círculo virtuoso que conecte inversión, empleo, recaudación e impacto social.
Los desafíos identificados por Balladares encuentran eco en el análisis académico de Brito y Erazo que adviertien que “la implementación de estas prácticas en Ecuador enfrenta desafíos significativos, como la falta de estandarización en los reportes de sostenibilidad, la escasa capacitación técnica y el riesgo de greenwashing”.
Sin embargo, las autoras también identifican señales esperanzadoras: “instrumentos como los bonos verdes y sociales están ganando tracción como mecanismos de financiamiento sostenible, especialmente en sectores como energía, agricultura y construcción”.
Por su parte, Velásquez subraya que Ecuador ha logrado avances notables: el 91% de los bancos ya incorporan criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en su gestión. No obstante, advierte que los desafíos actuales se concentran en crear productos financieros verdes más especializados, especialmente aquellos que financien proyectos de biodiversidad, economía circular o soluciones basadas en la naturaleza.
Velásquez enfatiza que la sostenibilidad “ya no es una opción, sino una estrategia de competitividad”, pero advierte que el progreso solo será sostenible si los bancos, reguladores y academia trabajan juntos para simplificar las herramientas de medición de impacto ambiental y social, democratizar el acceso al crédito verde y generar incentivos reales que premien la responsabilidad ambiental.
El camino está trazado, el crecimiento exponencial desde 2023 demuestra que existe demanda, capacidad institucional y voluntad política. El desafío ahora es escalar, diversificar y democratizar las finanzas verdes para que dejen de ser un nicho de la gran banca corporativa y se conviertan en una herramienta de transformación económica y ambiental al alcance de todos los ecuatorianos. El sistema financiero tiene la oportunidad histórica de liderar esta transición, financiando no solo el crecimiento económico, sino un futuro sostenible para las próximas generaciones.
(*) Economista, analista económica Gestión Digital.
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