Gasto público en Ecuador: ¿el problema es cuánto se gasta o cómo se gasta?

Desde que Ecuador adoptó la dolarización en el año 2000, el gasto en salarios del sector público se ha multiplicado en más de 16 veces, al pasar de USD 761 millones a USD 12.283 millones en 2024, según datos del Banco Central del Ecuador (BCE).

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El aumento más pronunciado ocurrió entre 2007 y 2017, coincidiendo con el auge del precio del petróleo y el modelo de expansión estatal implementado durante el gobierno de Rafael Correa.

Aunque entre 2020 y 2021 hubo una leve reducción, asociada a los efectos de la pandemia y a los recortes en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la tendencia volvió a elevarse desde 2022.

Para 2024, los salarios públicos eran uno de los componentes más rígidos del gasto estatal: absorbiendo más de la tercera parte del Presupuesto General del Estado (PGE) y representando alrededor del 10% del producto interno bruto (PIB).

Ante esta presión fiscal, el gobierno de Daniel Noboa anunció en julio de 2025 una estrategia de contención del gasto: la eliminación de 12 entidades públicas (seis ministerios y seis secretarías), el despido de 5.000 funcionarios y evaluaciones semestrales para el personal estatal.

La narrativa oficial se enfoca en la eficiencia administrativa, pero hasta ahora no se ha presentado un plan técnico ni una metodología clara que justifique bajo qué criterios se están tomando estas decisiones.

Esto reabre una pregunta de fondo: ¿el problema es cuánto se gasta o cómo se gasta? El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) advierte que, sin mejoras estructurales en la eficiencia técnica, asignativa e institucional del gasto, los recortes aislados pueden debilitar capacidades estatales clave sin resolver sus fallas de origen. El desafío no es simplemente gastar menos, sino gastar mejor.

La eficiencia del gasto público: ¿cómo se mide y por qué importa?

Reducir el tamaño del Estado no necesariamente implica mejorar su desempeño. Esa es una de las premisas centrales del informe “Mejor gasto para mejores vidas” del BID, que plantea que los países de América Latina y el Caribe no solo enfrentan un problema de volumen del gasto, sino sobre todo de eficiencia.

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El concepto de eficiencia en el gasto público no es único ni sencillo. El BID lo descompone en tres dimensiones interdependientes:

1. Eficiencia técnica: se refiere a la capacidad del Estado de generar el mayor nivel de servicios públicos posibles dados los recursos existentes. Es decir, maximizar resultados (salud, educación, seguridad) sin necesariamente aumentar el presupuesto.

2. Eficiencia asignativa: evalúa si los recursos se distribuyen entre sectores o territorios de acuerdo con prioridades sociales y económicas. No basta con gastar bien en un sector si otros críticos están desatendidos.

3. Eficiencia institucional: alude a la calidad de los procesos de formulación, ejecución y control del gasto. Incluye aspectos como gestión presupuestaria, planificación, transparencia, control interno y evaluación de impacto.

Una política de austeridad sin atención a estas dimensiones puede incluso empeorar los resultados. Por ejemplo, un recorte horizontal de personal en salud o educación, sin evaluar productividad ni impacto, puede reducir el acceso o calidad de servicios públicos esenciales.

Por eso, el BID advierte que la eficiencia no es sinónimo de recorte, sino de mejora en la calidad del gasto. Un país puede gastar menos y obtener peores resultados, o gastar más sin generar bienestar. La clave está en cuánto valor público se genera por cada dólar invertido.

Este marco conceptual permite mirar más allá del tamaño del presupuesto o del número de funcionarios. Lo que importa es si ese gasto contribuye efectivamente al desarrollo económico y social. En América Latina, ese no siempre ha sido el caso —y Ecuador no es la excepción.

La paradoja del gasto: mucho dinero, pocos resultados

Uno de los hallazgos más llamativos del informe del BID es la llamada “paradoja del gasto”: la región no necesariamente gasta poco, pero sí tiene escasos resultados. En muchos casos, se invierten más recursos públicos que en otras regiones de ingresos similares, pero sin lograr mejoras proporcionales en bienestar, infraestructura o equidad.

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En promedio, los países latinoamericanos gastan por encima del 30% del PIB en el sector público, pero enfrentan problemas como baja cobertura de servicios, calidad deficiente y escasa rendición de cuentas.

El informe del BID analiza cinco áreas clave —educación, salud, seguridad, infraestructura y protección social— y encuentra ineficiencias significativas. Por ejemplo:

• En educación, la región gasta más que el promedio de países con ingreso medio, pero los puntajes en pruebas internacionales como PISA son inferiores.
• En salud, hay sistemas sobredimensionados pero fragmentados, con brechas territoriales y baja inversión en atención primaria.
• En infraestructura, se gasta más en ejecución que en mantenimiento, y hay proyectos duplicados o sin impacto medible.
• En seguridad, el gasto ha crecido, pero los niveles de violencia y percepción de inseguridad siguen siendo elevados.
• En protección social, los programas no siempre llegan a quienes más los necesitan y un gran lastre sigue siendo los subsidios mal focalizados.

Parte del problema radica en que las decisiones presupuestarias no están suficientemente ligadas a evidencia ni resultados. Se prioriza la ejecución del gasto antes que su evaluación y hay incentivos políticos que favorecen obras visibles o creación de entidades, más que eficiencia o sostenibilidad.

Según el BID, la región no necesita necesariamente más gasto, sino mejor gasto. Para ello, se requieren reformas profundas en sistemas de compras públicas, planificación presupuestaria, mecanismos de evaluación y fortalecimiento de capacidades estatales.

Ecuador: más gasto, ¿mejores servicios?

En 2024, Ecuador destinó cerca del 10% de su PIB al pago de salarios públicos, el cuarto porcentaje más alto de la región, según el FMI. Sin embargo, estos niveles de gasto no se traducen en una mejora proporcional en la calidad de los servicios que recibe la ciudadanía.

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El Índice de Percepción de Calidad de los Servicios Públicos, medido por el INEC en una escala de 0 a 10, se ha mantenido entre 6,0 y 6,9 puntos en los últimos 15 años. En diciembre de 2023 alcanzó un mínimo de 5,7 y en 2024 repuntó a 6,4, aún por debajo de la meta oficial del Plan Nacional de Desarrollo, que aspira a alcanzar 8 puntos.

Este indicador mide la valoración general que hacen las personas sobre el funcionamiento de las instituciones que brindan servicios públicos y constituye una de las pocas métricas oficiales en la región para evaluar esta dimensión.

El estancamiento de la percepción es generalizado tanto en zonas urbanas como rurales y en todos los niveles de ingreso. En 2024, la valoración promedio en áreas rurales fue de apenas 6,0 frente a 6,5 en zonas urbanas. Entre los quintiles de ingreso, el primero (más pobre) calificó los servicios con 5,9 en promedio, mientras que el quintil más alto otorgó un 6,5.

A pesar del crecimiento sostenido en el gasto público, la calidad percibida de los servicios permanece estancada, lo que evidencia una desconexión entre los recursos asignados y los resultados obtenidos. El desafío ya no es solo fiscal, sino estructural: sin una gestión orientada a metas, evaluación de desempeño y evidencia, el gasto seguirá creciendo sin mejorar sustancialmente la vida de los ciudadanos.

De la austeridad a la eficiencia: ¿cómo rediseñar el gasto público?

Reducir la nómina sin un análisis técnico puede generar ahorros inmediatos, pero también comprometer la capacidad del Estado para cumplir funciones esenciales. El BID plantea recomendaciones que Ecuador podría considerar para transformar el gasto público en una herramienta de desarrollo:

• Evaluación ex ante y ex post del gasto: Introducir mecanismos de evaluación de políticas y programas, que permitan justificar cada línea presupuestaria con base en resultados esperados y alcanzados.
• Fortalecimiento institucional: Reforzar las capacidades técnicas del Estado en planificación, presupuesto, monitoreo y control. Esto implica invertir en talento humano, digitalización y gobernanza.
• Presupuestos orientados a resultados: Asignar recursos públicos con base en metas concretas, indicadores medibles y mecanismos de rendición de cuentas.
• Reducción de rigideces: Disminuir gastos preasignados o inflexibles que limitan la capacidad de respuesta del Estado, como los subsidios mal focalizados o remuneraciones desalineadas con desempeño.

Una política de racionalización del gasto que no contemple estas herramientas corre el riesgo de convertirse en un ajuste regresivo. Eliminar entidades o reducir plantillas sin redefinir funciones, metas ni procesos puede deteriorar aún más la calidad de los servicios públicos.

El reto no está en gastar menos por inercia, sino en construir un Estado capaz de gastar mejor, con mayor transparencia, eficacia y legitimidad. Solo así, el gasto público podrá convertirse en un verdadero motor de desarrollo para Ecuador.