El Gobierno descarta apagones, pero ha ejecutado solo 6% del presupuesto de inversión del sector eléctrico

El 2024 estuvo marcado por una severa crisis eléctrica que, además de generar cortes de hasta 14 horas diarias, provocó pérdidas estimadas en USD 1.916 millones, equivalente al 1,4% del Producto Interno Bruto (PIB).

• Gobierno de Noboa insiste en que ha incorporado y recuperado plantas de generación y que no habrá cortes de luz

Dado este precedente, el Gobierno asegura que en 2025 no habrá apagones. Sin embargo, el Plan Anual de Inversiones (PAI) revela una realidad distinta: al cierre de junio, apenas se ha ejecutado el 6% del presupuesto de inversión para el sector eléctrico.

En la mitad del año, se esperaría que el 50% del presupuesto esté ejecutado, suponiendo que el gasto se distribuyera de forma uniforme a lo largo de los 12 meses. Pero la realidad es otra: el sector Recursos Naturales, responsable de la política energética del país, apenas ha ejecutado el 11% de su presupuesto (USD 340 millones), lo que lo convierte en el sector con la peor ejecución del Estado.

En comparación, sectores como Ambiente (54%), Bienestar Social (54%) o Tesoro Nacional (52%) presentan niveles de ejecución coherentes con lo esperado a junio. Incluso sectores con menor asignación presupuestaria, como Turismo y Comunicaciones, han devengado más que Recursos Naturales.

Dentro de este sector, el Ministerio de Energía y Minas concentra el 82% del presupuesto, con un monto de USD 277 millones, pero su ejecución apenas alcanza el 7,6%. Le siguen el Instituto de Investigación Geológico y Energético (IIGE), con una ejecución del 10,9%; la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel), con 26,7%; el Operador Nacional de Electricidad (Cenace), con 28,5%; y la Agencia de Regulación de Hidrocarburos (ARCH), con 45%.

Solo el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), con un presupuesto más modesto (USD 2,9 millones), supera el 50% de ejecución.

Aún más revelador es el análisis de los proyectos de inversión específicos dentro del sector eléctrico. De un total codificado de USD 267 millones, solo se han devengado USD 16 millones, lo que representa una ejecución del 6%.

Entre los 13 proyectos registrados, destaca por su relevancia y tamaño el “Programa de Adquisición, Implementación y Puesta en Servicio de Generación Adicional Emergente para el Sistema Nacional Interconectado (SNI)”, con USD 167 millones codificados, que no ha ejecutado un solo centavo.

Otros programas también registran niveles bajos o nulos de ejecución. Por ejemplo, el “Programa de Reforzamiento del Sistema Nacional de Transmisión para el Sector Acuícola” tiene USD 33,2 millones y ha ejecutado apenas el 3,6%.

El “Programa de Gestión Sostenible del Sector Estratégico de Energía y Recursos Naturales No Renovables”, con USD 25,9 millones, registra un avance del 9,8%; y el “Programa de Modernización y Renovación del Sistema Eléctrico”, con USD 7,2 millones, tampoco tiene ejecución.

En contraste, solo tres proyectos presentan niveles esperados de avance: el Plan de Mejoramiento de Sistemas de Distribución (52%), el Programa de Transmisión 2012–2022 (50,7%) y el Programa Integrado de electrificación rural y urbano (98%). Sin embargo, estos representan apenas el 5,8% del presupuesto para inversión eléctrica.

El auge y la caída de la inversión

Pese a la urgencia energética y los anuncios oficiales, la inversión pública en electricidad no solo es insuficiente, sino también mal ejecutada. Pero esta situación no es nueva, desde 2017 el sector ha sufrido una caída sostenida en la inversión.

• Superar los cortes de luz en Ecuador requerirá de una inversión de USD 10.446 millones hasta 2032

La inversión pública en el sector eléctrico ecuatoriano atravesó una transformación entre 2007 y 2017, un período marcado por la bonanza petrolera y un fuerte protagonismo estatal.

Según datos del Ministerio de Finanzas y la Secretaría Nacional de Planificación, el presupuesto de inversión del Ministerio de Energía se disparó desde apenas USD 11,5 millones en 2008 hasta un pico de USD 1.564 millones en 2013. Esta tendencia permitió que en una década se construyeran centrales hidroeléctricas y termoeléctricas, duplicando la capacidad instalada nacional.

Este salto también estuvo respaldado por reformas estructurales. Tras el intento fallido de liberalización del sector eléctrico en los años 90 —que dejó como saldo empresas endeudadas y desinversión crónica—, el Estado retomó un papel protagónico a partir de 2007.

Las reformas legales, como el Mandato Constitucional 15 y la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica (LOSPEE) de 2015, restablecieron la planificación centralizada y el financiamiento estatal como pilares del modelo. Además, se consolidaron nuevas instituciones públicas como CELEC y CNEL, encargadas de generación, transmisión y distribución.

Sin embargo, a partir de 2017, la inversión comenzó a caer abruptamente. De los más de USD 1.400 millones anuales en promedio durante el pico (2012–2016), se pasó a cifras que no superan los USD 100 millones en los últimos seis años. En 2024, el presupuesto devengado apenas alcanzó los USD 41,7 millones.

Además de los menores ingresos (por la caída del precio de los commodities), la falta de inversión también se explica porque los gobiernos de turno no han sincerado la tarifa eléctrica. Por ejemplo, el expresidente Rafael Correa eliminó de la tarifa el Fondo de Reposición, cuyo objetivo era recuperar el costo de los activos en el tiempo; en otras palabras, estos recursos estaban destinados a financiar nuevas obras.

Con este cambio, las inversiones del sector dejaron de cubrirse con el pago de los consumidores, por lo que cualquier nuevo proyecto depende del presupuesto estatal —deficitario por más de una década— o de alianzas público-privadas. En un inicio, el ingreso de las grandes centrales hidroeléctricas alivió los costos, pero Correa decidió disminuir aún más la tarifa.

Posteriormente, Lenín Moreno, en un intento de optimizar el gasto público, fusionó las carteras de petróleo, minas y electricidad, pero no revisó una tarifa que ya era insostenible. Durante el gobierno de Guillermo Lasso, el panorama tampoco mejoró: la inversión siguió estancada mientras aumentaba la demanda eléctrica.

Para fines de 2022, ya se anticipaba un 2023 complicado y la advertencia se cumplió: los cortes de electricidad volvieron y fueron frecuentes entre octubre y diciembre. Pero la situación se agravó en 2024, cuando Ecuador enfrentó uno de los años más críticos en materia energética.

“No habrá apagones”, pero la inversión sigue estancada

El Plan Maestro de Electricidad 2023–2032 establece un objetivo ambicioso: cubrir una expansión de la demanda de electricidad. Para ello, proyecta una inversión acumulada de más de USD 10.000 millones.

• Construcción de nuevas centrales de generación eléctrica depende mayormente de la inversión privada

Para 2025, el presupuesto de inversión del Ministerio de Energía asciende a USD 268 millones, el más alto desde 2018. No obstante, a junio la ejecución fue de apenas 6%, lo que pone en duda la capacidad del Estado para responder oportunamente a la creciente demanda.

La historia reciente muestra que cuando inversión y planificación no se traducen en obras, los cortes de energía son inevitables. El año 2024 fue una muestra clara de ello: los racionamientos regresaron, con apagones que generaron pérdidas cercanas a los USD 2.000 millones.

Aunque el Gobierno asegura que en 2025 no se repetirán estos episodios, los datos presupuestarios hasta junio no sustentan esa afirmación. Si la ejecución no se acelera o la estructura tarifaria no se reforma, el riesgo de nuevos apagones seguirá latente.