El crimen mata la economía: los homicidios frenan el crecimiento de Ecuador

Entre 2014 y 2020, Ecuador registró cifras de homicidios que se mantuvieron cercanas a los 1.000 casos anuales. En ese período, la tasa promedio fue de siete homicidios por cada 100.000 habitantes, sin grandes variaciones de un año a otro.

Pero a partir de 2021 se observa un cambio en esa trayectoria. Ese año se reportaron 2.495 homicidios, con una tasa de 14,2. En 2022, el número casi se duplicó y alcanzó los 4.886 casos (tasa de 27,6). En 2023 llegó al mayor valor registrado hasta ahora: 8.248 homicidios, lo que representó una tasa nacional de 46,2 por cada 100.000 habitantes.

Para 2024, los homicidios disminuyeron a 7.033 y la tasa bajó a 39,1. Aunque se trata de una reducción en términos absolutos y relativos, el nivel sigue siendo superior al de todos los años previos a 2023.

• Ecuador cerrará 2021 con la peor crisis de seguridad de la década

Sin embargo, los datos del primer cuatrimestre de 2025 muestran un nuevo repunte en los homicidios. Entre enero y abril se contabilizaron 3.093 casos, lo que equivale a una tasa de 17,1 homicidios por cada 100.000 habitantes. Es el valor más alto registrado para un primer cuatrimestre, desde que se tiene datos comparables.

Este resultado representa un aumento del 58% respecto al mismo período de 2024, cuando se reportaron 1.951 homicidios (tasa: 10,9), y un 32% más que en 2023, cuando se registraron 2.343 casos (tasa: 13,1). La variación interanual entre 2024 y 2025 implica un incremento de 1.142 homicidios en apenas 12 meses. Comparado con 2023, el alza es de 750 homicidios.

El aumento en 2025 revierte la reducción observada en 2024, cuando los homicidios habían disminuido por primera vez desde 2021. Entre 2023 y 2024, los casos reportados en el primer cuatrimestre habían caído un 17%.

Si se toma como referencia el promedio del período 2014–2020, que fue de 2,3 homicidios por cada 100.000 habitantes entre enero y abril, la tasa de 2025 (17,1) representa un aumento de más de siete veces frente a ese nivel. En términos absolutos, el país pasó de promediar 380 homicidios en los primeros cuatro meses del año a superar los 3.000 en 2025.

Este repunte de la violencia se enmarca en un contexto de expansión del crimen organizado. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el aumento de los homicidios en Ecuador está vinculado a disputas entre organizaciones criminales nacionales y transnacionales por el control de rutas de exportación de cocaína.

Entre 2014 y 2020, mientras la tasa de homicidios se mantuvo relativamente estable —fluctuando entre 5,8 y 8,2 por cada 100.000 habitantes—, las incautaciones de drogas crecieron de 62 a 128 toneladas anuales. A partir de 2021, ambas variables comenzaron a aumentar de forma simultánea. Ese año se registró una tasa de homicidios de 14,2 y se incautaron 210 toneladas de droga.

En 2022, la violencia letal alcanzó una tasa de 27,6, mientras se decomisaron 201 toneladas. En 2023, con una tasa de 46,2 homicidios por cada 100.000 habitantes, se incautaron 219 toneladas. En 2024, aunque la tasa bajó a 39,1, las incautaciones marcaron un nuevo máximo histórico: 294 toneladas.

El impacto de los homicidios en la actividad económica

Desde la perspectiva macroeconómica, estas muertes representan una pérdida de capital humano, entendida como la reducción del potencial productivo de la sociedad debido a la interrupción prematura de la vida laboral de las víctimas.

• Así funcionan e impactan las economías criminales en el Ecuador

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estima que en 2022 los homicidios en Ecuador generaron una pérdida por encima del 0,6% del PIB. Este valor ubica al país por encima del promedio regional (0,45%) y entre los más afectados dentro de la región andina.

La metodología utilizada por el BID se basa en la estimación del valor económico que las víctimas de homicidio habrían aportado durante su vida laboral restante. Para ello, se calcula el valor presente del PIB per cápita, proyectado desde la edad en que ocurre la muerte hasta la esperanza de vida promedio.

El cálculo se realiza por sexo y edad, lo que permite estimar el impacto de cada homicidio según el grupo etario afectado. Por ejemplo, una víctima de 20 años representa una pérdida mayor que una de edad avanzada, debido al número de años laborales potenciales que aún tenía por delante.

Esta estimación no incluye pérdidas adicionales como la reducción de productividad entre familiares o colegas, ni los efectos que el crimen puede tener sobre decisiones de educación, migración o inversión. Por ello, el BID aclara que este cálculo debe entenderse como un límite inferior del impacto económico total del crimen letal.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) también ha documentado los efectos económicos de la violencia. En un estudio reciente sobre Ecuador, el organismo estima que un aumento del 1% en la tasa de homicidios se asocia con una caída del 0,5% en la actividad económica.

Ambas aproximaciones convergen en una misma conclusión: el repunte de la violencia letal tiene un efecto negativo sobre el crecimiento económico. La pérdida de vidas implica también una pérdida de productividad, ingresos fiscales y desarrollo potencial.

Los homicidios son solo la punta del iceberg

Aunque los homicidios constituyen la forma más visible de la violencia, representan solo una fracción del impacto económico total que el crimen impone sobre los países. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los costos directos del crimen en América Latina y el Caribe alcanzaron, en promedio, el 3,4% del PIB.

• Lavado de activos en Ecuador: un crimen sin límites que afecta al 30% – 40% del PIB

Esta estimación incluye tres componentes principales: pérdida de capital humano (por homicidios, delitos no letales y privaciones de libertad), gasto público en seguridad y justicia, y el costo para el sector privado en prevención y protección.

El primero de estos costos abarca no solo las muertes violentas, sino también las consecuencias económicas de los delitos no letales y del encarcelamiento. En conjunto, estos factores disminuyen la capacidad productiva de la población activa: reducen la participación laboral, afectan la salud física y mental de las víctimas, e interrumpen trayectorias educativas y laborales. El impacto se extiende más allá de los individuos directamente afectados, ya que también puede alterar el funcionamiento de familias, empresas y comunidades.

El segundo gran componente es el gasto público destinado a enfrentar el crimen. Esto abarca los presupuestos asignados a policías, fiscales, jueces, cárceles y programas de prevención. Se trata de recursos que, en un contexto sin violencia, podrían dirigirse a salud, educación o inversión pública. Además, el gasto en seguridad no siempre es eficiente: el BID advierte que parte significativa de estos recursos se canaliza a intervenciones poco efectivas o mal coordinadas.

El tercer componente corresponde al sector privado. En este caso, las empresas incurren en gastos adicionales para protegerse del crimen: contratar seguridad privada, reforzar infraestructuras, asegurar bienes, implementar tecnología de vigilancia o modificar horarios y operaciones logísticas. Estas inversiones, aunque necesarias, no generan valor agregado productivo; más bien, se traducen en mayores costos operativos.

En conjunto, estos tres rubros representaron en Ecuador cerca del 3,5% del PIB, de acuerdo con las estimaciones del BID. En otras palabras, por cada USD 100 que produce la economía, USD 3,50 se pierden como consecuencia directa del crimen.

Romper el ciclo de bajo crecimiento y crimen

La escalada de violencia en Ecuador no solo representa una emergencia de seguridad, sino también un desafío estructural para la economía. Los datos muestran que el crimen tiene efectos económicos cuantificables: reduce la capacidad productiva del país, eleva el gasto público y privado en seguridad, distorsiona decisiones de inversión y consumo, y debilita la actividad empresarial.

• Cada mes se pierden USD 5 millones en Manta por violencia criminal, según gremios

Pero el impacto va más allá: la inseguridad desincentiva la inversión, debilita el empleo formal, restringe el turismo y acelera la emigración. Además, las actividades del crimen organizado —como el narcotráfico, la extorsión y el lavado de activos— afectan la estabilidad macroeconómica y erosionan la confianza en las instituciones.

Frente a este escenario, el FMI y el BID sostienen que romper el ciclo entre violencia, criminalidad y bajo crecimiento requiere políticas públicas integrales. Entre sus recomendaciones se incluye fortalecer la estabilidad macroeconómica, ampliar el acceso a empleo y educación, reducir la desigualdad y mejorar la gobernabilidad.

También proponen avanzar en la lucha contra los flujos financieros ilícitos, reduciendo la informalidad, limitando el uso de efectivo y aplicando de manera eficaz los marcos de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Además, es crucial reforzar la cooperación internacional y la coordinación interinstitucional.

Solo así será posible debilitar los incentivos económicos del crimen organizado y abrir espacio para un crecimiento sostenible.