Movilidad social en pausa: por qué a los ecuatorianos les cuesta superar la economía de sus padres

La movilidad social ascendente constituye uno de los indicadores más reveladores sobre la salud económica y la justicia distributiva de una sociedad. Cuando un país ofrece oportunidades reales para que sus ciudadanos superen las condiciones socioeconómicas heredadas de sus familias, se construye un tejido social más cohesionado y un sistema económico más dinámico. Sin embargo, América Latina en general, y Ecuador en particular, enfrenta barreras estructurales profundas que dificultan este ascenso económico intergeneracional.

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Según las economistas Verónica Huamán y Shair Troya, en su tesis titulada “Midiendo la Movilidad Social en América Latina”, la región latinoamericana se caracteriza por una marcada rigidez social donde la posición socioeconómica de los individuos está fuertemente influenciada por el origen familiar. 

Ecuador en el mapa regional de la desigualdad

El coeficiente de Gini constituye la medida más utilizada internacionalmente para evaluar desigualdad en la distribución del ingreso en una sociedad, donde valores más cercanos a cero indican mayor igualdad y valores próximos a uno reflejan concentración extrema de la riqueza. Los datos más recientes de la CEPAL para el 2024 permiten situar a Ecuador dentro del panorama latinoamericano con un coeficiente nacional de 0,442, una cifra que lo posiciona en un rango intermedio dentro de la región (Gráfico 1).

Al comparar esta cifra con otros países latinoamericanos, emergen contrastes significativos. Uruguay presenta el coeficiente más bajo de la región con 0,398, seguido de cerca por República Dominicana, con 0,395, y Perú, con 0,413. En el extremo opuesto, Colombia registra la mayor desigualdad con un alarmante 0,559, mientras que Brasil alcanza 0,504 y Panamá se sitúa en 0,506. Ecuador, con su 0,442, supera ligeramente a México que registra 0,432, pero mantiene niveles de desigualdad considerablemente menores que las economías más grandes de la región como Brasil y Colombia.

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La diferenciación entre áreas urbanas y rurales añade complejidad a este análisis. En Ecuador, el coeficiente de Gini rural es de 0,420 mientras que el urbano alcanza 0,432, una brecha relativamente moderada comparada con otros países de la región. Colombia, por ejemplo, presenta una diferencia más pronunciada entre su Gini rural de 0,491 y su Gini urbano de 0,538. 

La evolución reciente de la desigualdad ecuatoriana

El análisis temporal de la desigualdad en Ecuador durante los últimos siete años revela fluctuaciones significativas que reflejan tanto los impactos de crisis externas como la efectividad de las políticas públicas implementadas. Según las estadísticas del INEC sobre la evolución del coeficiente de Gini, Ecuador experimentó un deterioro notable durante la pandemia de COVID-19, alcanzando su punto más crítico en diciembre de 2020 con un coeficiente nacional de 0,498, el más alto del período analizado.

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Este incremento de casi tres puntos porcentuales respecto a diciembre de 2018, cuando el coeficiente se situaba en 0,469, evidencia cómo las crisis económicas golpean de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables, ampliando las brechas de desigualdad existentes (Gráfico 2).

La recuperación posterior muestra una tendencia descendente gradual, con el coeficiente nacional llegando a 0,444 en junio de 2025, la cifra más baja de toda la serie histórica presentada. 

Sin embargo, esta mejora agregada oculta una realidad más compleja cuando se examina la dimensión territorial. Mientras el Gini urbano descendió significativamente hasta 0,413 en el último registro, el coeficiente rural aumentó hasta 0,482, superando incluso los niveles alcanzados durante la pandemia. 

Las brechas intergeneracionales en los ingresos laborales

La movilidad social intergeneracional se manifiesta de manera concreta en las diferencias de ingresos entre padres e hijos. Según el estudio titulado “Movilidad Intergeneracional en Ecuador: Una primera aproximación” del INEC, el análisis de la distribución de los ingresos laborales intergeneracionales revela patrones estructurales que condicionan las trayectorias económicas de las nuevas generaciones.

El estudio del INEC documenta que el ingreso medio de los padres alcanza USD 635,81 mensuales, mientras que los hijos registran un promedio de USD 664,60. Como señala el documento, “un aumento de 10 percentiles en los ingresos de los padres corresponde a un incremento de 2,7 percentiles en los ingresos de sus hijos, lo que indica un grado moderado de persistencia intergeneracional”. Esta relación revela que, si bien existe movilidad, la posición económica de los padres continúa siendo un factor determinante importante en los resultados económicos de los hijos (Tabla 1).

El análisis de los extremos de la distribución resulta particularmente revelador sobre las dinámicas reales de movilidad social. Como documenta el INEC, en el percentil 5, que representa a los hogares más pobres, los padres reportaban USD 130,06 mientras los hijos alcanzaban USD 187.

Aunque esto representa un incremento del 43,8% en términos porcentuales, estos USD 187 mensuales mantienen a estos individuos en condiciones de vulnerabilidad extrema. El estudio señala que “el 10,6% de los hijos nacidos en el quintil más bajo ascienden a un quintil superior”, una cifra que evidencia las dificultades estructurales que enfrentan los sectores más pobres para escapar de su condición inicial.

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Respecto a la persistencia en los extremos de la distribución, el INEC destaca que “el 30,2% de los hijos de familias de bajos ingresos y el 37,4% de familias de altos ingresos permanecen en la misma posición económica que sus padres”. Estos datos revelan que tanto la pobreza como la riqueza tienden a reproducirse intergeneracionalmente, aunque con mayor intensidad en los estratos altos. En la mediana de la distribución (percentil 50), los padres registraban USD 457,17 frente a los USD 566,75 de los hijos, una mejora de USD 109,58 que representa un incremento del 24%.

En cuanto a la movilidad absoluta, el estudio señala un hallazgo significativo: “los hijos de padres en el percentil 25 típicamente avanzan al percentil 44 en la adultez”. Este dato indica que los hijos provenientes de familias con ingresos por debajo de la mediana logran ascender 19 percentiles en promedio, lo que representa una movilidad moderada pero insuficiente para alcanzar los niveles medios-altos de ingreso.

Las brechas de género documentadas por el INEC añaden otra dimensión crucial al análisis. El estudio es explícito al señalar que las mujeres muestran menor movilidad relativa que los hombres. Entre los padres, los hombres presentan un ingreso medio de USD 515,99, mientras que las madres alcanzan apenas USD 339,38, una diferencia de USD 176,61 que representa una brecha del 52%. Esta disparidad refleja las profundas desigualdades de género que caracterizaron al mercado laboral ecuatoriano en generaciones anteriores.

Ecuador frente a las distintas trayectorias regionales

La investigación de Huamán y Troya clasifica a los países de la región según el tipo de movilidad social que presentan, ubicando a Ecuador en una categoría particularmente preocupante: la movilidad pro-pobre inconsistente. Esta clasificación indica que, si bien el país ha implementado en ciertos períodos políticas que favorecen a los sectores más vulnerables, carece de la estabilidad institucional necesaria para sostener estos avances. 

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Según las investigadoras, “los cambios políticos y shocks externos generan movilidad pro-pobre inconsistente”, lo que significa que los logros alcanzados en determinados momentos son vulnerables a reversiones rápidas ante perturbaciones económicas o cambios de gobierno.

El contraste con otros países de la región, resulta ilustrativo de las diferentes aproximaciones a la equidad social y sus resultados concretos. Argentina y Uruguay se clasifican como países con movilidad pro-pobre consistente, caracterizados por políticas redistributivas efectivas y programas de apoyo específicos para sectores rurales y poblaciones vulnerables.

En Argentina, como documenta el estudio, “los programas de apoyo a agricultura familiar y microemprendimientos rurales mejoran movilidad”, demostrando que intervenciones focalizadas en sectores tradicionalmente marginados pueden generar resultados concretos. Estos programas han sido cruciales para mejorar la movilidad económica de grupos históricamente excluidos.

Uruguay, por su parte, se destaca por implementar “políticas pro-pobres que aseguran que beneficios del crecimiento lleguen a los sectores pobres”, según señalan Huamán y Troya. El país ha construido mecanismos redistributivos sistemáticos que garantizan que el crecimiento económico no beneficie únicamente a las élites, incluyendo reformas tributarias progresivas y programas sociales bien diseñados como el Plan de Equidad (Tabla 2).

Brasil y Chile presentan trayectorias clasificadas como mixtas, reflejando tanto avances significativos como limitaciones persistentes. En Brasil, las investigadoras reconocen que “Bolsa Familia mejora movilidad, pero sigue existiendo alta desigualdad”. El programa, implementado en 2003, ha jugado un papel significativo en la reducción de la pobreza extrema, beneficiando a millones de familias y demostrando que las transferencias monetarias condicionadas pueden tener impactos positivos en la movilidad social cuando se implementan a escala y con continuidad. 

Sin embargo, la persistencia de un coeficiente de Gini entre los más altos de la región evidencia que las políticas sociales, aunque necesarias, resultan insuficientes sin reformas estructurales más amplias en educación, acceso a la tierra y estructura tributaria.

Chile representa otro caso de movilidad mixta donde, según el estudio, “las reformas educativas buscaban equidad pero los resultados son inconsistentes”. El país apostó fuertemente por la inversión en educación como motor de movilidad social, pero los resultados han sido desiguales debido a fluctuaciones en la calidad y el acceso, con un sistema que mantiene segmentaciones significativas entre educación pública y privada. 

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México también se clasifica en la categoría mixta, donde según Huamán y Troya “los resultados de las reformas han sido mixtos”. El país ha implementado diversos programas sociales y reformas educativas, pero enfrenta desafíos estructurales profundos que limitan su efectividad. 

Solo alrededor del 10% de los niños nacidos en familias en situación de pobreza logran ascender a los quintiles más altos de ingresos en su vida adulta, reflejando barreras que incluyen un sistema educativo que reproduce desigualdades, mercados laborales segmentados con amplia informalidad y concentración de oportunidades económicas en determinadas regiones, mientras vastas áreas del país permanecen marginadas del desarrollo.

En el extremo negativo del espectro regional se encuentran Guatemala y Venezuela, representando los casos más severos de movilidad limitada o negativa. Guatemala se clasifica como anti-pobre, un término que refleja que las políticas y estructuras económicas del país activamente dificultan la movilidad ascendente. 

Como señalan las investigadoras, “la concentración de riqueza limita severamente la movilidad, especialmente rural”. La estructura económica guatemalteca, caracterizada por la concentración de la propiedad de la tierra en élites reducidas y la ausencia de reformas agrarias significativas, perpetúa círculos viciosos de pobreza intergeneracional especialmente en poblaciones indígenas que representan una proporción significativa de la población nacional.

Venezuela representa el caso más dramático con movilidad negativa, una categoría que indica que la generación actual está económicamente peor que la anterior. Según el estudio, “la crisis económica y política ha revertido avances, generando movilidad negativa”. La hiperinflación, la desinversión masiva en servicios públicos y la crisis política prolongada han erosionado completamente las bases para cualquier forma de ascenso económico.

La clasificación de Ecuador como país de movilidad pro-pobre inconsistente lo sitúa en una posición intermedia pero particularmente problemática. A diferencia de Guatemala o Venezuela, Ecuador mantiene instituciones funcionales y cierta capacidad de implementar políticas públicas que benefician a los sectores más vulnerables. Sin embargo, a diferencia de Uruguay o Argentina, carece de la continuidad política y la solidez institucional necesarias para sostener estos avances en el tiempo.

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Como explican Huamán y Troya, esta inconsistencia se manifiesta en que Ecuador ha experimentado períodos donde las políticas favorecieron la movilidad ascendente de los pobres, particularmente durante ciertos gobiernos que priorizaron la inversión social, pero estos avances han sido revertidos o debilitados por shocks externos como las fluctuaciones en los precios del petróleo o por cambios en las prioridades políticas con nuevas administraciones. 

La evidencia analizada confirma que Ecuador enfrenta desafíos significativos en materia de movilidad social que requieren respuestas de política pública integrales y sostenidas en el tiempo. La posición intermedia del país en los indicadores regionales de desigualdad no debe generar complacencia, pues los datos sobre brechas intergeneracionales y la clasificación de movilidad inconsistente revelan obstáculos estructurales profundos que limitan las oportunidades de ascenso económico para amplios sectores de la población.

(*) Economista, analista económica Gestión Digital.