Sector petrolero de Ecuador en crisis: la mayor caída en más de 20 años
La producción de crudo en Ecuador se desplomó a su nivel más bajo desde que existen registros mensuales comparables, afectando exportaciones, ingresos fiscales y la provisión de derivados. Las causas son estructurales: una red de oleoductos vulnerable y sin soluciones definitivas desde 2020.

Refinería Esmeraldas
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La producción petrolera de Ecuador vive, en julio de 2025, su mayor colapso operativo en más de dos décadas. El 22 de julio, la extracción cayó a un mínimo histórico de apenas 31.831 barriles diarios, según datos del Banco Central del Ecuador (BCE).
La curva descendente, visible desde los primeros días del mes, anticipa que el país cerrará julio con la producción promedio más baja desde que existen registros mensuales comparables.
Este desplome se explica por el cierre casi simultáneo del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), los dos principales sistemas de transporte de crudo del país.
La erosión regresiva del río Coca afectó tramos críticos de ambas infraestructuras a finales de junio, obligando a suspender operaciones.
Ambos oleoductos se reactivarán hacia finales de julio, lo que permite mitigar parcialmente la emergencia, aunque el daño ya está hecho: durante más de tres semanas, Ecuador prácticamente no pudo evacuar su producción petrolera.
La paralización tendrá repercusiones que van más allá del volumen de crudo extraído. El corte en el transporte afecta las exportaciones petroleras, la producción de derivados como gasolinas y diésel, la provisión de insumos como asfalto y otros combustibles industriales, así como los ingresos fiscales.
Hasta mayo, las cuentas públicas ya mostraban señales de debilitamiento, y en abril el petróleo ya había perdido peso dentro del comercio exterior. Mientras más rápido se logre revertir esta situación, menor será el impacto económico acumulado, pero todo apunta a que julio marcará un punto de inflexión para el sector petrolero y la caja fiscal.
El peor colapso petrolero en más dos décadas
El séptimo mes marca un récord negativo en la historia reciente del sector petrolero ecuatoriano, con una producción promedio mensual (hasta el 22 de julio) por debajo de los 120 mil barriles diarios.
Esta cifra es el nivel más bajo desde que existen registros mensuales comparables, representa una caída del 74% respecto al promedio del primer semestre del año, es muy inferior a cualquier otro episodio de disrupción en las últimas dos décadas.
A lo largo del siglo XXI, Ecuador ha enfrentado múltiples episodios de disrupción petrolera. En mayo de 2003, por ejemplo, la producción cayó a 330 mil barriles diarios. No obstante, la recuperación fue rápida: con el impulso de la entrada en operación del OCP, el país ya bordeaba los 500 mil barriles diarios para diciembre de ese mismo año.
Otro caso fue el paro nacional de octubre de 2019, que redujo la producción a 467 mil barriles diarios por bloqueos y daños a la infraestructura. La normalización llegó al mes siguiente. En abril de 2020, la pandemia provocó una paralización de operaciones que llevó la producción a 209 mil barriles diarios. La recuperación tomó cerca de tres meses.
En diciembre de 2021, la erosión regresiva del río Coca provocó daños críticos en el sistema de transporte de crudo, obligando a detener tanto el OCP como el SOTE. La situación fue tan grave que el Gobierno declaró fuerza mayor sobre las exportaciones de petróleo.
Por otro lado, en junio de 2022, la caída de la producción respondió al paro nacional que afectó de forma directa las operaciones petroleras. Las tomas de pozos, bloqueos en carreteras y ataques a infraestructura obligaron a suspender actividades en múltiples campos.
Entonces el desplome de julio de 2025 no es un evento aislado, sino parte de una secuencia de crisis cada vez más frecuentes e intensas. La erosión regresiva del río Coca, en particular, ha sido reconocida como una amenaza desde hace más de cinco años, pero el trazado definitivo de los oleoductos por una zona más estable sigue pendiente.
Según José Sánchez, exgerente de Transporte de Petroecuador, este nuevo recorrido podía haberse construido en apenas seis meses, aprovechando estudios ya existentes. Sin embargo, la falta de planificación, liderazgo técnico y voluntad política lo han postergado indefinidamente.
El sector petrolero ya venía en declive
El desplome de la producción petrolera en julio de 2025 llega en un momento en que las cuentas fiscales ya daban señales de tensión. Entre enero y mayo, el Presupuesto General del Estado (PGE) acumuló un déficit de USD 1.255 millones, frente a un superávit de USD 364 millones en igual período de 2024, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Este resultado responde a una combinación de caída de ingresos y expansión del gasto. Los ingresos totales se redujeron un 2% interanual, con un desplome del 34% en los ingresos petroleros, que pasaron de USD 530 millones a USD 348 millones. Mientras que el gasto total creció un 15%, impulsado sobre todo por egresos no permanentes.
La ministra de Finanzas, Sariha Moya, reconoció que la paralización petrolera de julio podría implicar pérdidas fiscales de entre USD 400 y 500 millones. Sin embargo, aseguró que el Gobierno espera una recuperación en los próximos meses, gracias a la implementación de soluciones tecnológicas que permitirían acelerar la producción una vez que se normalicen las operaciones.
Por el lado externo, la balanza comercial también reflejaba señales de alerta. Entre enero y mayo, las exportaciones petroleras se redujeron 19,4%, como resultado de una caída del 7,7% en volumen y del 12,7% en el precio unitario, que promedió USD 61,2 por barril.
Mientras tanto, las exportaciones no petroleras crecieron un 24% en valor y alcanzaron los USD 12.002 millones, sosteniendo un superávit comercial total de USD 3.463 millones, el más alto desde 2021. Sin embargo, la balanza petrolera se redujo a la mitad.
El petróleo sigue siendo una fuente importante de financiamiento del Estado, lo que deja al fisco expuesto ante shocks de producción como el de julio. Aunque el reciente desembolso de USD 600 millones del FMI ofrece un alivio de corto plazo, la presión sobre la caja fiscal persiste.
Crisis anunciada, solución pendiente
La crisis petrolera de julio es el resultado de años de omisión. Expertos advirtieron sobre la amenaza que representaba la erosión regresiva del río Coca. Hace cinco años propusieron un nuevo trazado, pero hasta hoy no se ha ejecutado.
Este nuevo colapso confirma lo que varios episodios ya anticipaban: la red de transporte de crudo es vulnerable y la institucionalidad petrolera opera sin visión de largo plazo.
La rotación constante de autoridades y la ausencia de recursos para mantenimiento e inversión han debilitado un sector fundamental para la economía ecuatoriana.
La pregunta que queda es si esta vez —después del desplome más grave del siglo— se tomará, por fin, la decisión de prevenir antes que lamentar.
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