¿Puede la reforma agraria explicar la desnutrición crónica infantil en Ecuador? Las lecciones de la historia

La desnutrición crónica infantil (DCI) corresponde al retraso en talla para la edad en niñas y niños. La DCI se diagnostica cuando un niño o niña tiene una talla significativamente menor a la esperada para su edad, según los estándares internacionales de crecimiento. Este indicador refleja carencias nutricionales prolongadas en los primeros años de vida, una etapa decisiva para el desarrollo físico y cognitivo.  

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La DCI es un asunto relevante de salud pública porque está asociada con problemas de aprendizaje, mayor riesgo de enfermedades no transmisibles y dificultades posteriores para insertarse en el mercado laboral, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En Ecuador, la DCI en menores de 5 años ha disminuido en las últimas dos décadas. La prevalencia pasó de 28,9% en 2004 a 23,9% en 2014, y luego a 21,7% en 2018. En los años más recientes, los resultados de la Encuesta Nacional sobre Desnutrición Infantil (ENDI) muestran una estabilización alrededor de 17,5% tanto en 2023 como en 2024.

A pesar de esa mejora nacional, las diferencias territoriales siguen siendo amplias. En la ENDI más reciente, la desnutrición crónica infantil alcanza 34% en Chimborazo y 30% en Santa Elena. Cotopaxi, Pastaza, Tungurahua y Bolívar también registran niveles superiores al 25%, evidenciando que existen brechas de más de 20 puntos porcentuales entre provincias.   

Estas diferencias entre provincias muestran que la DCI no afecta por igual a todos los territorios.  Un estudio reciente de Nicholas Gachet, titulado “Can agrarian reform cause stunting”, analiza si las políticas de reforma agraria aplicadas en las décadas de 1960 y 1970 pueden constituir una explicación potencial de parte de las variaciones actuales en desnutrición crónica infantil.

La reforma agraria ecuatoriana y sus dos mecanismos de distribución de tierras

Gachet destaca que la reforma agraria en Ecuador fue un proceso heterogéneo que combinó distintas formas de intervención estatal. El proceso se desarrolló durante las décadas de 1960 y 1970 y empezó formalmente en 1964, bajo una dictadura militar. Dentro de este marco, el autor distingue dos políticas principales de asignación de tierra: las transferencias de tierras públicas (“public land transfers”, PLT) y las expropiaciones.

• Luchadores por la tierra

Las transferencias de tierras públicas se concibieron como una política cuyo objetivo era expandir la frontera agrícola y promover nuevos asentamientos para la población interna. En varias zonas, esto implicó la creación de nuevos poblados y la necesidad de invertir en infraestructura básica para hacer viables esos asentamientos, en línea con lo que el propio marco legal de PLT planteaba.

Las expropiaciones, en cambio, buscaban reducir la desigualdad en la tenencia de la tierra y eliminar formas de explotación laboral, como el huasipungo. Esta política se aplicó con mayor intensidad en la Sierra y en parte de la Costa sur, donde predominaban grandes haciendas. El Instituto de Colonización y Reforma Agraria (IERAC) fue la entidad encargada de gestionar ambas políticas durante dos décadas, pero Gachet subraya que las expropiaciones fueron más sensibles a la influencia política y a las restricciones derivadas de la calidad y la topografía de la tierra, especialmente en la Sierra.

Mientras las PLT tendían a requerir mayor flexibilidad (por ejemplo, en la elección de cultivos y en el diseño de los asentamientos para incentivar la migración interna), las expropiaciones dependían más de decisiones administrativas y legales específicas. Además, en algunos casos las PLT no implicaron nuevos asentamientos, sino la legalización de parcelas para trabajadores cuyos empleadores habían abandonado las tierras.  

Esta diferenciación institucional y territorial entre transferencias de tierras públicas y expropiaciones es la base sobre la cual Gachet compara sus posibles efectos de largo plazo sobre la desnutrición crónica infantil.

¿Cómo se mide el impacto de una política agraria aplicada hace medio siglo?

Para reconstruir la reforma agraria, el estudio utiliza dos insumos principales. El primero son los registros administrativos del IERAC, que documentan cuántas hectáreas fueron asignadas a través de transferencias de tierras públicas o expropiaciones entre 1964 y 1978. El segundo es un mapa histórico georreferenciado, elaborado hacia el final del proceso, que muestra la extensión total de tierras intervenidas hasta 1978.   

Un aspecto clave del diseño del estudio es que utiliza tanto la información del mapa histórico como la de los registros administrativos. La lógica es la siguiente: el mapa refleja lo que la institución responsable de la reforma agraria planeaba hacer, mientras que los registros muestran lo que realmente ocurrió. Si ambas fuentes coinciden en los lugares donde la reforma intervino, esto permite identificar con mayor claridad la relación entre estos procesos históricos y los niveles actuales de desnutrición infantil.

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Una muestra de esto es la primera medición oficial de desnutrición infantil del país, la encuesta DANS de 1986. Si bien esta fuente no permite identificar cada parroquia, sí permite comparar regiones. En particular, muestra que Santo Domingo, una zona asociada principalmente a PLT, ya presentaba niveles más bajos de desnutrición que zonas de la Sierra, donde predominaron las expropiaciones.

Gachet encuentra un patrón consistente: las zonas donde se implementaron transferencias de tierras públicas presentan, décadas después, niveles menores de desnutrición crónica infantil, mientras que las expropiaciones no muestran efectos discernibles en ninguna de las mediciones utilizadas. Estos resultados se mantienen al emplear diferentes fuentes históricas, distintos años de encuesta y varios enfoques de medición. Dependiendo de la escala utilizada, el efecto asociado a las transferencias de tierras públicas equivale a una reducción de entre 3% y 17% en los niveles de desnutrición infantil. En contraste, no se observa ningún efecto significativo en las zonas donde se aplicaron expropiaciones.      

¿Por qué las transferencias de tierras públicas parecen haber tenido efectos y las expropiaciones no?

La evidencia sugiere que las PLT estuvieron acompañadas, en varios casos, de procesos de asentamiento que requerían inversión inicial en infraestructura básica. Estos nuevos poblados demandaban escuelas y servicios mínimos para atraer a familias a zonas donde antes no había población estable. La literatura citada en el estudio describe estas experiencias como “colonización orientada”. En estas áreas, los proyectos de asentamiento buscaban organizar nuevos espacios productivos y sociales sobre tierras fiscales.  

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Para evaluar los efectos de estas políticas sobre el bienestar a largo plazo, el autor analiza a las madres de los niños. La clave está en las cohortes: las mujeres que eran niñas cuando la reforma agraria empezó —es decir, nacidas entre 1964 y 1968— vivieron sus primeros años en un contexto directamente influido por las políticas de redistribución de tierras. La comparación entre cohortes permite observar si la exposición temprana está asociada con diferencias en educación y, posteriormente, en la nutrición de sus hijos.

Los datos muestran un patrón claro. Las madres que crecieron en zonas asociadas a transferencias de tierras públicas alcanzaron más años de escolaridad que las madres de la misma cohorte nacidas en zonas de expropiación o en zonas sin reforma. Este efecto no se observa en regiones donde predominó la expropiación.

Entonces, la política de transferencias de tierras públicas pudo generar condiciones que favorecieron la acumulación de capital humano en las generaciones nacidas alrededor del inicio del proceso. Ese mayor nivel educativo parece haber tenido efectos en la capacidad de cuidado, en las prácticas asociadas a la crianza temprana y, finalmente, en menores tasas de desnutrición crónica infantil en el largo plazo.

Al contrario, en las zonas de expropiación no se observan patrones similares, posiblemente porque estas intervenciones respondieron a lógicas distintas, centradas en modificar estructuras agrarias establecidas y con menor énfasis en el desarrollo de nuevos asentamientos.

Para entender la desnutrición hoy, vale la pena mirar la historia

El trabajo de Gachet deja una idea importante: las decisiones de política pública pueden generar efectos que se proyectan durante generaciones. Mientras las transferencias de tierras públicas impulsaron asentamientos con infraestructura básica y mejores oportunidades educativas para quienes crecieron en esos territorios, las expropiaciones —aunque relevantes en términos de redistribución— no produjeron impactos comparables en el bienestar infantil.  

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La lección no es solo sobre la reforma agraria, sino sobre cómo se diseñan intervenciones estructurales. Cuando una política combina acceso a activos, inversión inicial y condiciones que permiten a las familias establecerse y acumular capacidades, los beneficios pueden aparecer décadas después y en dimensiones que no estaban necesariamente previstas, como la nutrición infantil.

En un país donde la DCI sigue siendo un desafío importante, este estudio invita a mirar más allá de las soluciones de corto plazo: las trayectorias de desarrollo también se construyen desde la historia. Y entender cómo esa historia sigue influyendo puede ser clave para diseñar políticas más efectivas en el presente.