El salario básico sube cada año, ¿pero qué pasa con la productividad y el poder adquisitivo?
Cada diciembre se repite el mismo debate en Ecuador: cuánto debe subir el salario básico unificado (SBU). El desenlace casi siempre es un aumento, pero rara vez se abordan dos preguntas clave para la economía y el bienestar de los trabajadores: ¿qué está pasando con el poder adquisitivo de esos salarios? ¿Y con la productividad laboral?
Dos trabajadoras con indumentaria sanitaria pelan piñas en una planta procesadora de alimentos.
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Flickr Ministerio de Producción.
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Cada diciembre, en Ecuador se reactiva la definición del salario básico unificado (SBU). La ley establece que esta decisión debe ser consensuada en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios (CNTS), una instancia tripartita conformada por representantes del Gobierno, empleadores y trabajadores. Si no hay acuerdo, el Ministerio de Trabajo establece el monto de manera unilateral.
La discusión gira, año tras año, en torno a cuánto debe subir el salario. Los sindicatos, como el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), han planteado que el nuevo valor debería ubicarse en USD 575, mientras que representantes del sector empleador sostienen que el incremento debe estar en línea con variables macroeconómicas como la inflación proyectada, el crecimiento del PIB y el costo de la canasta básica.
En la práctica, el resultado casi siempre es el mismo: el salario sube. Para 2025, por ejemplo, el SBU se fijó en USD 470 y para 2026 el Ejecutivo anticipa un aumento que oscilaría entre USD 10 y USD 20, según declaraciones del nuevo Ministro de Trabajo, Harold Burbano.
Una trayectoria ascendente: así ha evolucionado el salario básico
Desde la dolarización, el salario básico unificado (SBU) en Ecuador ha seguido una trayectoria creciente en términos nominales. En el año 2000, este se ubicaba en apenas USD 47,65. Para 2025, alcanza los USD 470, es decir, en 25 años se ha multiplicado por diez.
El ritmo de crecimiento ha sido irregular. En los primeros años del nuevo régimen monetario, entre 2000 y 2005, el salario básico pasó de USD 47 a USD 150, un incremento de más de USD 100 en apenas cinco años. Entre 2007 y 2013, se registró una etapa de aumentos grandes, cuando el salario pasó de USD 170 a USD 318, con incrementos anuales que promediaban entre USD 20 y USD 30.
En la segunda mitad de la década de 2010, los incrementos fueron más moderados. Entre 2015 y 2019, el SBU se elevó de USD 354 a USD 394. Este ritmo se interrumpió en 2020 y 2021, cuando el salario se mantuvo congelado en USD 400, en el contexto de la crisis de la pandemia. A partir de 2022, volvieron los aumentos anuales.
Ahora bien, el valor fijado por decreto no representa la totalidad del salario mensual que recibe un trabajador formal. La legislación contempla dos pagos adicionales: la décima tercera remuneración, entregada en diciembre, y la décima cuarta, pagada en agosto o marzo, según la región. Al distribuir estos pagos a lo largo del año, se obtiene un ingreso mensual más alto que el salario básico oficial.
En 2025, por ejemplo, el ingreso mensual prorrateado (incluyendo estas dos remuneraciones) asciende a USD 548,26 frente al SBU de USD 470. En 2024, el salario básico fue de USD 460, pero el ingreso mensual con beneficios llegó a USD 524,83. Y en 2023, pasó de USD 450 a USD 495,66.
Al considerar estos ingresos adicionales hay una diferencia nada despreciable frente al valor nominal del salario. Esa brecha ayuda a entender mejor el ingreso de quienes cuentan con empleo formal completo. Sin embargo, esa cifra por sí sola no permite saber si ha mejorado el poder de compra.
El salario nominal crece, pero el poder adquisitivo no necesariamente
El incremento nominal no necesariamente implica una mejora en el bienestar económico de los trabajadores. Para entender si las personas realmente pueden comprar más con lo que ganan, es necesario ajustar el salario por el efecto de la inflación. Este cálculo da lugar al llamado salario real, que refleja el poder adquisitivo del salario.
En los primeros años de la dolarización, entre 2000 y 2014, el salario real creció de forma sostenida, por encima del salario nominal. Sin embargo, a partir de 2015 esta tendencia se modificó. Aunque el salario nominal continuó creciendo, el salario real empezó a crecer más lentamente y por debajo del nominal.
Este fenómeno se acentuó en los últimos años. En 2025, por ejemplo, el salario nominal con décimos asciende a USD 548 mensuales. No obstante, al ajustarlo por el índice de precios al consumidor (IPC), su valor real se reduce a USD 482. Es decir, aunque el monto en dólares parece elevado, en términos de lo que realmente se puede comprar con ese salario, la mejora es mucho más limitada.
Mirar solo el salario nominal puede dar una idea equivocada del bienestar. Aunque la cifra oficial suba cada año, eso no significa que los trabajadores vivan mejor. Cuando se ajusta por inflación, queda claro que el poder de compra ha crecido mucho más lento. Y ese es el caso solo de quienes tienen un empleo adecuado.
La distancia entre la ley y la realidad
El salario básico unificado (SBU), incluso cuando se ajusta por inflación, no representa el ingreso de la mayoría de los trabajadores en Ecuador. Así lo muestran los datos de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), que recogen en promedio las personas, más allá de lo que dicta la normativa laboral.
Durante varios años, los ingresos laborales promedio fueron superiores al salario básico, incluso en sus versiones más completas (nominal con décimos o salario real). Por ejemplo, en 2012, el ingreso laboral fue de USD 539, mientras el salario real rondaba los USD 398. Esa brecha indicaba que, aunque el salario básico era el piso legal, muchos trabajadores percibían montos más altos en la práctica.
Sin embargo, desde 2020, esa relación se ha invertido. El ingreso promedio ha caído por debajo tanto del salario básico nominal como del real. En octubre de 2025, el ingreso laboral mensual fue de USD 444, mientras el salario básico nominal (con décimos) se ubicó en USD 548 y el salario real en USD 482.
Los datos desagregados también muestran desigualdades. En octubre de 2025, el ingreso promedio fue de USD 495 en zonas urbanas y apenas USD 328 en las rurales. Por género, los hombres recibieron en promedio USD 478, frente a USD 390 en el caso de las mujeres.
Este contraste entre lo que establece la ley y lo que ocurre en la práctica deja en evidencia que ganar al menos el salario básico aplica principalmente a un segmento reducido de la población: los trabajadores con empleo adecuado. Para el resto, que es la mayoría (casi 6 de cada 10), la realidad del ingreso es muy diferente.
El salario crece por decreto, la productividad, no
El crecimiento del salario básico en Ecuador ha sido la regla desde el año 2000. Sin embargo, que el salario suba por decreto no significa, necesariamente, una mejora económica generalizada. Para entender los límites reales de esa trayectoria ascendente, es imprescindible incorporar una dimensión clave al análisis: la productividad.
Esta puede medirse de dos formas. Una es la productividad total de los factores (PTF), que refleja la eficiencia agregada con la que se combina el capital y el trabajo. La otra es la productividad laboral, que observa el valor agregado generado por cada trabajador en promedio. Ambas ofrecen una mirada complementaria para evaluar si los salarios están creciendo de forma sostenible o no.
Entre 2000 y 2014, Ecuador vivió una etapa de fuerte dinamismo económico. La PTF crecía de forma estable, por encima del 1,5% anual, y en varios años superó el 2%. La productividad laboral, aunque más volátil, mostró picos importantes. En ese contexto, los aumentos salariales estaban más alineados con el crecimiento de la capacidad productiva del país.
Pero a partir de 2015, ese patrón comenzó a romperse. La PTF inició una desaceleración progresiva, con tasas cada vez más bajas. La productividad laboral también perdió impulso, registrando variaciones negativas en 2017, 2020, 2021 y 2022. En ese período, el salario básico continuó aumentando, pero la economía producía menos valor agregado por cada trabajador.
Este desfase no es menor. Implica que el país tiene salarios más altos sin que necesariamente se esté generando más producción. Sin mejoras en productividad, aumentos salariales continuos tienden a presionar los costos laborales, comprometer la competitividad o alimentar la informalidad.
Además, la desconexión entre salario y productividad se entiende cuando se considera que solo el 37% de la Población Económicamente Activa (PEA) tiene un empleo adecuado y que el ingreso laboral promedio real está por debajo del salario básico nominal. Es decir, en la práctica, la mayoría de los trabajadores no acceden al ingreso legal que fija la normativa.
Por lo tanto, el debate no debería ser cuánto debe subir el salario básico, sino por qué la productividad se ha estancado. Comprender las causas estructurales detrás de este fenómeno es esencial para construir soluciones sostenibles. Solo cuando se aborde esa base, el debate sobre el salario mínimo tendrá un sentido más amplio: ya no como un ajuste aislado o político, sino como parte de una estrategia coherente para mejorar los ingresos reales, la competitividad y el bienestar en el largo plazo.
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