Casas, comunidades y colegios colindan con el terreno donde se planea construir la 'megacárcel' de Archidona

Entre la puerta de la Unidad Educativa Archidona y el ingreso a la pequeña cárcel de esa ciudad, en la provincia de Napo, hay 300 metros de distancia. Los estudiantes de esa y otras instituciones educativas conviven con el centro penitenciario.

Ese centro penitenciario está ubicado en el Barrio Lindo de Archidona, desde el 16 de abril de 2008. Se trata de una construcción de hormigón armado con un pabellón para hombres y otro para mujeres. También cuenta con áreas administrativa, de cocina y talleres, que son usados como dormitorios de los guías penitenciarios.

Hasta el 29 de noviembre de 2024, en esa cárcel estaban recluidas 521 personas. Pero, su capacidad máxima es para 312 presos. Es decir, hay un hacinamiento del 67%.

Pese a que está en una zona selvática, esta prisión está ubicada a pocas cuadras del centro de Archidona y comparte linderos con decenas de viviendas y comunidades indígenas como Santa Elena y otros barrios como El Progreso que, luego de 16 años, se han acostumbrado a ese incómodo vecino.

Beatriz Grefa, vive en el barrio El Progreso desde hace 25 años. Relata que al tener una prisión tan cerca, en este tiempo han escuchado disparos, han sentido temor por presos que se han fugado y han visto como sacan cadáveres del penal. 

Aunque han aprendido a convivir con eso, no han aceptado la presencia de una cárcel en la zona.

La amenaza de una cárcel de máxima seguridad

La actual Cárcel de Archidona está construida en un área de tres hectáreas. Sin embargo, el terreno total -que es propiedad del Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI)- tiene un poco más de 25 hectáreas.

Por esta razón, el Gobierno decidió aprovechar ese espacio para construir una megacárcel de máxima seguridad. El 10 de diciembre de 2024, la obra -que tendrá un costo de USD 52 millones- fue adjudicada a la empresa española Puentes y Calzadas Infraestructuras S.L. 

Esta empresa española es subsidiaria de la estatal China Road and Bridge Corporation (CRBC) y ya está a cargo de la construcción de otra cárcel de máxima seguridad, en la provincia de Santa Elena. Esa obra se entregará a mediados de 2025.

Apenas posesionado en el cargo, el presidente Daniel Noboa ofreció la construcción de dos cárceles 'al estilo Bukele', haciendo referencia al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), que se inauguró en El Salvador, a finales de enero de 2023.

La primera se está construyendo en Santa Elena, como estaba previsto desde un inicio. Pero la ubicación de la segunda prisión ha traído problemas. En su anuncio, Noboa había dicho que se haría en Pastaza, pero tras la oposición en esa provincia, el proyecto se reubicó en Archidona, Napo. 

En esta localidad amazónica también hay oposición. Napo lleva 11 días de paralización, que incluye el cierre de carreteras y la toma de la Gobernación. Sin embargo, tras un breve diálogo, el Gobierno rechazó sus exigencias y ratificó la construcción de la nueva prisión.

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Por esta razón, los comuneros y autoridades locales de Napo -acompañados de representantes de las demás provincias amazónicas- han decidido radicalizar la protesta y declararla indefinida. Esto, pese a que en las poblaciones ya se empieza a sentir la escasez de combustibles y otros productos.

Miedo y rechazo

Aunque ya viven junto a una cárcel, el proyecto de una prisión de máxima seguridad asusta a los habitantes de Archidona. Sobre todo, a quienes viven cerca al terreno del SNAI que está destinado para su construcción.

Al salir de la Unidad Educativa Archidona, la más grande del cantón, una caminata de menos de un minuto a través de la calle Jondachi conduce a la vía Santa Elena. Ese es un camino lastrado que une a los barrios Lindo y Progreso con la Comunidad Indígena Santa Elena.

Desde hace dos años, debido a la crisis de seguridad que atraviesa el país y los sucesivos estados de excepción, ese camino está vallado. Los estudiantes han incrementado de cinco a 20 minutos el trayecto de sus casas a los colegios, ya que en ese mismo sector hay otras tres instituciones educativas.

El temor es que con una cárcel de máxima seguridad las restricciones sean, incluso, peores. Sobre todo, porque el proyecto es reservado y no se conocen los detalles de la obra. El temor es porque los linderos del terreno de 25 hectáreas colindan con el colegio y la comunidad.

Hasta ahora no han tenido problemas porque la construcción de la cárcel actual ocupa solo en el 12% del total del terreno. Pero al tratarse de una nueva 'megacárcel', temen que la nueva edificación y su cerramiento se extienda hasta el límite de sus propiedades.

"Hay más de 500 estudiantes que viven en esta zona. No queremos la cárcel aquí porque el terreno colinda con nuestra comunidad de Santa Elena y no queremos que vengan los vacunadores".

Pablo Tapue, presidente de la Comunidad Santa Elena.

Así, lo que temen los pobladores es que sus casas queden aisladas del resto del cantón y se conviertan en una zona de influencia del crimen organizado.