Los Lobos, un sicario adolescente, una auditoría y un complot: así se planificó el asesinato del gerente de una universidad de Quito
Cinco personas fueron detenidas y procesadas por el asesinato de Santiago Ávalos, gerente financiero de una universidad de Quito, acribillado el 11 de junio de 2026. La Fiscalía reveló que el crimen habría sido orquestado desde la propia institución por el director de operaciones, motivado por unas auditorías, y ejecutado con el apoyo de sus subalternos y un sicario adolescente de Los Lobos.

Seis personas son señaladas por el asesinato de Santiago Ávalos, gerente financiero de una universidad privada de Quito.
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El asesinato ocurrió el 11 de junio de 2026. Santiago Ávalos Páez, gerente financiero de una universidad privada de Quito, fue asesinado con varios disparos mientras conducía su auto hacia su domicilio, tras culminar su jornada laboral.
Las investigaciones de la Fiscalía General del Estado revelaron una trama criminal sorprendente detrás del crimen. Según documentos del caso, el homicidio no fue producto de la delincuencia común, sino un plan que se preparó meticulosamente desde el interior de la misma institución educativa.
El móvil real del atentado armado apunta directo hacia unas auditorías financieras que se realizaban en la universidad, impulsadas por la víctima. Estas revisiones amenazaban con destapar presuntas irregularidades en las órdenes de compra autorizadas por la dirección de operaciones de la universidad.
Las recientes capturas de los cinco involucrados revelan el alto nivel de infiltración. Los principales sospechosos son compañeros de trabajo de la víctima, quienes habrían planificado el macabro crimen y contratado a un adolescente para asesinarlo.
De problemas laborales a un sicariato
Las primeras investigaciones apuntan directamente a Galo O. G., de 44 años de edad, quien se desempeña como director de operaciones en esta universidad de Quito. Su oficina estaba ubicada en el sexto piso del edificio administrativo del centro, al nororiente de la capital.
La víctima del crimen, Santiago Ávalos Páez, de 42 años de edad, ocupaba el cargo de gerente financiero en la misma institución. Su despacho se encontraba en el segundo piso del mismo recinto, desde donde ejercía un control sobre los presupuestos.
Según varias versiones recogidas por la Policía tras el crimen, desde marzo de 2026 existía un fuerte malestar laboral entre ambos directivos. Las adquisiciones generales debían pasar por la revisión obligatoria de Ávalos, quien tenía la potestad de aprobarlas o rechazarlas.
Galo O. era objeto de estas auditorías financieras que Ávalos había iniciado, lo que lo habría llevado a planificar el crimen, para lo que habría reclutado a tres de sus subalternos directos, quienes ocupaban cargos de asistencia y planificación operativa dentro de su propio departamento institucional.

El espionaje interno y los seguimientos
El 12 de junio de 2026, un día después del crimen, los agentes de la Policía acudieron a las instalaciones administrativas de la universidad. Su objetivo fue revisar minuciosamente el circuito cerrado de las cámaras de videovigilancia de la entidad académica.
Allí tomaron contacto directo con Fausto H., quien se desempeñaba como jefe de seguridad de la universidad de Quito. Este funcionario relató a los policías que ya había observado actitudes y gestos inusuales de varios trabajadores del área de operaciones.
Así se descubrió que el espionaje interno quedó registrado en video. El 8 de junio de 2026, a las 16:23, dos trabajadores fueron captados rondando el subsuelo tres del estacionamiento, buscando el auto Nissan plateado de Ávalos.
Los espías eran María del Carmen S. V., de 36 años, y Juan Pablo G. O., de 24 años; hoy ambos son procesados por asesinato junto a Galo O. Estos dos asistentes de operaciones apuntaron sus teléfonos celulares para fotografiar el vehículo de la víctima aparcado en el puesto 273.
El 10 de junio de 2026, a las 15:16, la escena se repitió ante las cámaras. Esta vez fue el propio director Galo O. quien caminó junto a María del Carmen S. por el mismo parqueadero, mientras ella volvía a tomar fotografías del carro de Ávalos con su celular.
A este grupo de seguimiento se sumó Juan Carlos G. T., de 36 años, un asistente operativo más y otro de los procesados. Galo O. y María del Carmen S. le habrían pedido a él y a Juan Carlos G. que vigilaran constantemente si el vehículo del gerente financiero seguía en los parqueaderos.
La ruta del sicario y su cómplice externa
Finalmente, y tras los seguimientos previos, el 11 de junio de 2026 se puso en marcha la ejecución del asesinato. A las 15:20, Josselyn Lisbeth V. C., de 28 años, sin nexo laboral directo con la universidad y la quinta procesada, solicitó un servicio de transporte por aplicación.
El conductor Víctor S. recogió a la mujer en los exteriores del night club La Mimosa, ubicado en el norte de Quito.
Josslyn V. vestía una chompa negra con turquesa y licra oscura. Le pidió al chofer que se dirigiera hacia el sector de Carapungo, más al norte de la capital. Afuera de un hostal, un joven delgado con saco negro y capucha subió al automotor.
El recién embarcado era C.D.E.L., un adolescente de 17 años que saludó a la mujer diciendo "hola mami". Los reportes policiales identifican a este presunto sicario juvenil como integrante de Los Lobos, banda narcodelictiva que opera en Quito desde hace varios años.
Los pasajeros le indicaron al conductor que su destino final eran los exteriores de la universidad privada de Quito. A las 16:09, Villarreal y el adolescente desembarcaron y comenzaron a caminar por la parte exterior de las instalaciones administrativas de la universidad.

El asesinato
Minutos después de la llegada de estas personas al centro académico, las cámaras de seguridad revelan la aparición de una motocicleta negra con blanco, tipo 'pantanera'. Su piloto llevaba un casco negro, buzo beige y pantalón azul. El vehículo se estacionó unos metros antes de la salida vehicular.
Adentro del campus, a las 18:10, Ávalos bajó al estacionamiento y se cruzó con Galo O. y con un chofer institucional. Según las versiones, la víctima le reclamó a Galo O. por un informe atrasado, mientras este último no despegaba la vista de la pantalla del celular.
De forma simultánea, las cámaras muestran cómo María del Carmen S. seguía a la víctima tomando fotos con su teléfono. A las 18:18, Ávalos subió a su Nissan y abandonó el recinto académico para dirigirse hacia su domicilio.
Afuera, el adolescente se embarcó en la motocicleta 'pantanera' y comenzó a seguir a la víctima. A la altura del kilómetro 4,4 de la avenida Oswaldo Guayasamín, en Altos del Valle, los criminales acribillaron al gerente financiero.

El parte médico forense determinó que Ávalos sufrió una laceración cerebral, fractura craneal y un severo traumatismo craneoencefálico y raquimedular cervical. Todas estas heridas fueron causadas por el paso de los proyectiles.
Los allanamientos y los arrestos
Con esos indicios, las autoridades avanzaron en la investigación, hasta que el 9 de julio de 2026, la Fiscalía y la Policía ejecutaron tres operativos simultáneos. Los agentes irrumpieron en el campus de la universidad de Quito, allanando directamente las direcciones de operaciones y financiera en los pisos sexto y segundo del lugar. Otro equipo policial allanó el domicilio de Galo O. G.
Las detenciones se concretaron esa misma mañana. A las 08:35 y 08:45, los uniformados arrestaron a Juan Pablo G. y Juan Carlos G. en sus puestos de trabajo. A Galo O. lo aprehendieron a las 09:30 en su vivienda, confiscando celulares y computadoras.
Finalmente, a las 12:00, las autoridades localizaron a María del Carmen S. en el sector de Ponceano y a Villarreal en la avenida Diego de Vásquez.
La madrugada del 10 de julio de 2026, a las 02:05, el juez Harry Navarrete instaló la audiencia de calificación de flagrancia. La fiscal del caso presentó todos los indicios recabados y formuló cargos por el delito de asesinato. Solicitó una instrucción fiscal de 90 días, acusando a Galo O. como el autor mediato del crimen y a María del Carmen S. como coautora del mismo.
En su exposición, la Fiscalía acusó a Villarreal también en calidad de coautora, mientras que Juan Carlos G. y Juan Pablo G. fueron señalados como cómplices del entramado.
Las defensas de los acusados intentaron desestimar las medidas cautelares por graves problemas de salud. Argumentaron que Galo O. padecía un agresivo cáncer terminal y que María del Carmen S. sufría de insuficiencia renal avanzada, solicitando medidas alternativas.
Pese a los alegatos, el magistrado dictó prisión preventiva y ordenó el encarcelamiento de Galo O., María del Carmen S. y Josselyn V. Para Juan Carlos G. y Juan Pablo G. dispuso la prohibición de salida del país y su presentación obligatoria y periódica tres veces por cada semana del mes.
La UDLA se pronunció
Después de los allanamientos, la Universidad de las Américas emitió un pronunciamiento en sus redes sociales, en el que expresó su agradecimiento a la Policía y la Fiscalía por la investigación del crimen.
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