Un sicario adolescente, una auditoría y un complot: así se habría planificado el asesinato del gerente de una universidad de Quito
Cinco personas fueron procesadas por el asesinato de Santiago Ávalos, gerente financiero de una universidad de Quito, ocurrido el 11 de junio de 2026. La Fiscalía reveló que el crimen habría sido motivado por unas auditorías. La institución académica pide que el caso no quede en la impunidad.
Seis personas son señaladas por el asesinato de Santiago Ávalos, gerente financiero de una universidad privada de Quito.
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El crimen ocurrió el 11 de junio de 2026. Santiago Ávalos Páez, gerente financiero de una universidad privada de Quito, fue asesinado mientras conducía su auto hacia su domicilio, tras concluir su jornada laboral.
Las investigaciones de la Fiscalía General del Estado revelaron una presunta trama criminal detrás del homicidio. Según la documentación del caso, el hecho no habría sido producto de la delincuencia común, sino de un plan presuntamente ejecutado por personas vinculadas a la institución educativa.
De acuerdo con el Ministerio Público, el móvil del atentado estaría relacionado con las auditorías financieras que la víctima impulsaba en la universidad. Esas revisiones habrían puesto al descubierto presuntas irregularidades en las órdenes de compra de la Dirección de Operaciones.
Los principales sospechosos son colaboradores de esa Dirección. La investigación sostiene que un adolescente fue contratado para ejecutar el homicidio.
De una auditoría financiera a un sicariato
Las primeras investigaciones apuntan directamente a Galo O. G., de 44 años, quien se desempeña como director de Operaciones en esta universidad de Quito. Su oficina estaba ubicada en el sexto piso del edificio administrativo del centro, en el norte de la capital.
La víctima del crimen, Santiago Ávalos Páez, de 42 años, ocupaba el cargo de gerente financiero en la misma institución. Su despacho se encontraba en el segundo piso del mismo recinto, desde donde ejercía un control sobre los presupuestos.
Según versiones recogidas por la Policía tras el crimen, desde marzo de 2026 existía un fuerte malestar laboral entre ambos directivos. Las adquisiciones generales debían pasar por la revisión obligatoria de Ávalos, quien tenía la potestad de aprobarlas o rechazarlas.
Galo O. era objeto de las auditorías financieras que Ávalos había iniciado. Según la Fiscalía, para cometer el asesinato del gerente financiero habría reclutado a tres de sus subalternos directos, quienes desempeñaban funciones de asistencia y planificación operativa dentro de su propio departamento.
Las cámaras de seguridad captaron seguimientos
El 12 de junio de 2026, un día después del crimen, con el apoyo de las autoridades de la universidad, los agentes de la Policía revisaron el circuito cerrado de las cámaras de videovigilancia.
En los videos quedó documentado un 'espionaje' interno, ejecutado por colaboradores de Galo O. El 8 de junio de 2026, a las 16:23, dos trabajadores fueron captados rondando el subsuelo 3 del estacionamiento, buscando el vehículo Nissan plateado de Ávalos.
Aparecen en cámaras María del Carmen S. V., de 36 años, y Juan Pablo G. O., de 24 años; ahora ambos están procesados por el crimen junto a Galo O. Estos dos asistentes de Operaciones apuntaron sus teléfonos celulares para fotografiar el vehículo de la víctima aparcado en el puesto 273.
Un día antes del asesinato, el 10 de junio de 2026, a las 15:16, la escena se repitió ante las cámaras. Esta vez fue el propio director de Operaciones, Galo O., quien caminó junto a María del Carmen S. por el mismo parqueadero, mientras ella tomaba fotografías del carro de Ávalos con su celular.
A este grupo de seguimiento se sumó Juan Carlos G. T., de 36 años, un asistente operativo más y otro de los procesados. Galo O. y María del Carmen S. le habrían pedido a él y a Juan Pablo G. O. que vigilaran si el vehículo del gerente financiero seguía en los parqueaderos.
La ruta del sicario y una cómplice externa
Finalmente, y tras los seguimientos previos, el 11 de junio de 2026 se puso en marcha la ejecución del asesinato. A las 15:20, Josselyn Lisbeth V. C., de 28 años, sin nexo laboral directo con la universidad y la quinta procesada, solicitó un servicio de transporte por aplicación.
El conductor Víctor S. recogió a la mujer en los exteriores del night club La Mimosa, ubicado en el norte de Quito.
Josselyn V. vestía una chompa negra con turquesa y licra oscura. Le pidió al chofer que se dirigiera hacia el sector de Carapungo, más al norte de la capital. Afuera de un hostal, un joven delgado con hoodie negro con capucha subió al automotor.
El recién embarcado era C.D.E.L., un adolescente de 17 años que saludó a la mujer diciendo "hola mami". Los reportes policiales lo identifican como un presunto sicario juvenil que pertenecería a Los Lobos, grupo de delincuencia organizada (GDO).
Los pasajeros le indicaron al conductor que su destino final era los exteriores de la universidad privada de Quito. A las 16:09, Josselyn y el adolescente desembarcaron y comenzaron a caminar por la parte exterior de las instalaciones administrativas de la universidad.
El ataque fue en la av. Oswaldo Guayasamín
Minutos después de la llegada de estas personas al centro académico, las cámaras de seguridad revelan la aparición de una motocicleta negra con blanco, tipo 'pantanera'. Su piloto llevaba un casco negro, buzo beige y pantalón azul. El vehículo se estacionó unos metros antes de la salida vehicular.
Adentro del campus, a las 18:10, Ávalos bajó al estacionamiento y se cruzó con Galo O. y con un chofer institucional. Según las versiones, la víctima le reclamó a Galo O. por un informe atrasado, mientras este último no despegaba la vista de la pantalla del celular.
De forma simultánea, las cámaras muestran cómo María del Carmen S. seguía a la víctima tomando fotos con su teléfono. A las 18:18, Ávalos subió a su Nissan y abandonó el recinto académico para dirigirse hacia su domicilio.
Afuera, el adolescente se embarcó en la motocicleta 'pantanera' conducida por el hombre de buzo beige y comenzaron a seguir a la víctima. A la altura del kilómetro 4,4 de la avenida Oswaldo Guayasamín, en el sector Altos del Valle, el gerente financiero fue atacado con un arma de fuego.
El parte médico forense determinó que Ávalos sufrió una laceración cerebral, fractura craneal y un severo traumatismo craneoencefálico y raquimedular cervical. Todas estas heridas fueron causadas por el paso de los proyectiles.
Los allanamientos y los arrestos
Con esos indicios, las autoridades avanzaron en la investigación hasta que el jueves 9 de julio de 2026 la Fiscalía y la Policía ejecutaron tres operativos simultáneos. En coordinación con la universidad, los agentes ingresaron a uno de sus campus en Quito y fueron directamente a las direcciones de Operaciones y Financiera en los pisos sexto y segundo. Otro equipo policial allanó el domicilio de Galo O. G., en el norte de la capital.
Las detenciones se concretaron esa misma mañana. A las 08:35 y 08:45, los uniformados arrestaron a Juan Pablo G. y Juan Carlos G. en sus puestos de trabajo. A Galo O. lo aprehendieron a las 09:30 en su vivienda, confiscando celulares y computadoras.
Finalmente, a las 12:00, las autoridades localizaron a María del Carmen S. en el sector de Ponceano y a Josselyn V. en la avenida Diego de Vásquez.
La madrugada del 10 de julio de 2026, a las 02:05, el juez Harry Navarrete instaló la audiencia de calificación de flagrancia. La fiscal del caso presentó todos los indicios recabados y formuló cargos por el delito de asesinato. Solicitó una instrucción fiscal de 90 días, acusando a Galo O. como el autor mediato del crimen y a María del Carmen S. como coautora del mismo.
En su exposición, la Fiscalía acusó a Josselyn V. también en calidad de coautora, mientras que Juan Carlos G. y Juan Pablo G. fueron señalados como cómplices.
Las defensas de los acusados intentaron desestimar las medidas cautelares por graves problemas de salud. Argumentaron que Galo O. padecía un agresivo cáncer terminal y que María del Carmen S. sufría de insuficiencia renal avanzada, solicitando medidas alternativas.
Pese a los alegatos, el magistrado dictó prisión preventiva y ordenó el encarcelamiento de Galo O., María del Carmen S. y Josselyn V. Para Juan Carlos G. y Juan Pablo G. dispuso la prohibición de salida del país y su presentación obligatoria y periódica tres veces por cada semana del mes.
La Universidad pide firmeza a la Justicia
El 9 de julio, después de las detenciones de los sospechosos, la Universidad de las Américas manifestó a través de un comunicado su agradecimiento a la Policía y a la Fiscalía por las investigaciones e hizo público su pedido para que el asesinato no quede en la impunidad.
"La investigación se condujo con intensidad, rigor, profesionalismo y un alto grado de compromiso, permitiendo alcanzar resultados significativos en esta primera etapa del proceso penal. La UDLA colaboró de manera muy cercana con las autoridades, como víctima indirecta de este delito", dice el centro académico en su mensaje difundido en redes sociales.
"Las actuaciones realizadas hoy representan un importante paso hacia el esclarecimiento de los hechos y brindan consuelo a los familiares, amigos y colegas de Santiago, quienes, junto con toda la comunidad universitaria, anhelan que este crimen no quede en la impunidad. Confiamos que los jueces aplicarán la ley con firmeza, de manera que los responsables de este crimen reciban las sanciones que en derecho correspondan", concluye el comunicado de la Universidad.
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