Caso Las Malvinas: Familias cuestionan la colaboración "tardía" de militares que buscan rebaja de pena

Los representantes de las familias de los cuatro niños y adolescentes víctimas en el caso de Las Malvinas cuestionaron el proceder de cinco militares que se acogieron al programa de protección de testigos, pero quienes “ocultaron la verdad” por casi cinco meses, desde el inicio de las investigaciones. 

Fernando Bastías, abogado de las familias y miembro del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), señaló que, aunque la información proporcionada por los cinco militares fue relevante pues corroboró informes y testimonios previos, llegó cuando la Fiscalía ya contaba con pruebas sobre "el maltrato y la tortura que sufrieron a mano de los informados".

"La información que se aportó fue importante, pero tardía. Cuando ellos aportaron esa información, nosotros ya teníamos a la mano los informes periciales y forenses, que señalaban que los menores de edad habían sido sujetos a tortura", explicó Bastías.

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Los abogados de los cinco militares que se acogieron al programa de cooperación prácticamente reconocieron la existencia del delito de desaparición forzada, al sugerir una reducción de penas por su colaboración, previo a una audiencia fallida este jueves 10 de julio de 2025.

La audiencia preparatoria de juicio del caso, que estaba prevista que se instale en la Unidad Judicial Sur de Valdivia en Guayaquil, se suspendió pues los defensores de los imputados solicitaron tiempo para revisar el material pericial recién agregado al caso. Ahora se prevé que la audiencia evaluatoria para determinar si los 17 uniformados van a juicio se instale a mediados de agosto próximo.

“Se pusieron de acuerdo para mentir”

Bastias reveló que entre las pruebas del expediente consta la existencia de un grupo de WhatsApp donde la mayoría de los implicados coordinaron "para decir una sola versión". Según el abogado, esto constituye evidencia de que "mintieron" desde el inicio del proceso.

"Hubo dos circunstancias donde los procesados tuvieron la oportunidad de brindar información ante Fiscalía: la versión libre y voluntaria y la diligencia de la reconstrucción de los hechos”, precisó. Pero cinco de los 16 implicados iniciales se retractaron y ampliaron su versión durante una segunda diligencia de reconstrucción de los hechos, los pasados 27 y 28 de abril.

El caso Las Malvinas involucra el presunto delito de desaparición forzada de Josué e Ismael Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina, menores de entre 11 y 15 años, ocurrida la noche del 8 de diciembre de 2024, tras una detención ilegal en el sur de Guayaquil.

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Sus cuerpos fueron hallados calcinados el 24 de diciembre en una zona agreste y apartada de Taura, cantón Naranjal (Guayas). El caso en curso investiga la desaparición -los militares aducen que abandonaron desnudos a los cuatro niños y adolescentes en la parroquia rural de Taura- mientras una segunda investigación -aún en etapa previa- se ocupa del caso de secuestro con muerte.

“Se lo dejamos al juzgador”

Por su parte, Guillermo Astudillo, abogado defensor de uno de los cinco militares colaboradores, aseguró que su representado aportó información crucial, por lo que esperan un mejor trato en la sentencia.

La defensa espera obtener una condena considerablemente menor a los más de 30 años que contempla el delito de desaparición forzada con agravantes. “Un par de años de prisión es lo que nosotros esperamos, aún no lo sabemos, eso se lo dejamos al juzgador”.

El juez del caso deberá determinar si la cooperación fue realmente eficaz, en caso de que decida llamar a juicio a los 17 miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) procesados o a parte de ellos.

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“Los cinco militares que colaboraron contaron quienes golpearon a los menores, quienes ordenaron amarrarlos y dejarlos botados desnudos, la noche del 8 de diciembre de 2024”.

Guillermo Astudillo, abogado de militar procesado.

En Ecuador, la desaparición forzada está tipificada en el artículo 84 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece penas de 22 a 26 años de prisión. El delito, considerado de lesa humanidad, implica la privación de libertad de una persona por agentes del Estado, seguida de la falta de información sobre su paradero o negativa a reconocer su detención.

Astudillo explicó que los cinco militares de bajo rango que cumplían órdenes, revelaron detalles específicos sobre quienes golpearon a los cuatro menores -se acusa sobre todo a cuatro de los implicados de mayor rango- y las directrices que siguieron los uniformados.

Evidencia audiovisual comprometedora

Entre las pruebas contra los implicados se encuentra una grabación realizada por uno de los militares que muestra a dos menores "en una posición vulnerable", mientras se escuchan gritos y amenazas. Este material fue enviado por el militar a su hermana, según consta en el expediente, ratificó Bastias.

El representante legal de las familias de las víctimas también mencionó la existencia de un video del peaje de la vía Durán-Taura, donde uno de los imputados tiró a dos de los menores del balde de la camioneta, rompiéndole la cabeza a uno y procediendo a golpearlos en el suelo.

El abogado de las víctimas denunció que la Fuerza Aérea Ecuatoriana presentó la víspera un escrito patrocinando institucionalmente a los militares para la revocatoria de la prisión preventiva. Ya se les ha negado en tres ocasiones defenderse en libertad a 16 de los uniformados -un oficial, presunto cómplice, obtuvo medidas sustitutivas a la prisión- .

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"Insistir en una revocatoria de la prisión preventiva no es solo poner en riesgo la investigación o el proceso penal per se, sino también poner en riesgo la integridad personal de los familiares víctimas en este caso", concluyó Bastías.