Caso Monika Silva: Ecuador solicita veedores y peritos de Argentina y Polonia para esclarecer la muerte de la activista

Ecuador solicitó cooperación internacional a Argentina y Polonia para esclarecer la muerte de la activista social y ambientalista Monika Silva Koniuszek, cuyo caso ha generado preocupación entre organismos internacionales de derechos humanos y la delegación de la Unión Europea en Quito.

La Cancillería ecuatoriana informó este lunes 15 de junio de 2026 que, a pedido del Ministerio del Interior, realizó "gestiones diplomáticas para incorporar veedores y médicos forenses independientes e imparciales que contribuyan a garantizar la objetividad y rigurosidad" de las investigaciones.

Como resultado de esas gestiones, la Corte Suprema de Justicia de Argentina aceptó brindar asistencia técnica mediante la participación de dos médicos forenses que actuarán como veedores del proceso en los términos solicitados por el Gobierno ecuatoriano.

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Las autoridades ecuatorianas señalaron, a su vez, que mantienen abiertos los canales de coordinación con Polonia y esperan una respuesta a la solicitud de cooperación formulada para este caso.

El 10 de junio la Embajada de Polonia en Lima, a través de un comunicado, dijo que espera que las autoridades competentes de Ecuador "lleven a cabo una investigación pronta, imparcial, independiente y transparente" sobre este caso.

A su vez, esa representación diplomática sostuvo que "es obligación esencial de todo estado de derecho" proporcionar "condiciones seguras para el ejercicio de la actividad ciudadana, así como para el ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades civiles".

Preocupación internacional

Silva, ciudadana polaca de 41 años radicada en Ecuador y reconocida por su activismo ambiental y sus denuncias sobre presuntos actos de corrupción, fue hallada muerta en su vivienda de Montañita, en la provincia costera de Santa Elena, el 8 de junio.

El caso ha despertado atención internacional. La Unión Europea expresó su "profunda preocupación" por la muerte de la activista e instó a las autoridades ecuatorianas a realizar una investigación "rápida, exhaustiva, independiente y transparente" para esclarecer las circunstancias del fallecimiento y garantizar la rendición de cuentas.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Estado ecuatoriano desarrollar una investigación "exhaustiva e imparcial" e incluir entre las líneas de indagación una posible relación entre la muerte de Silva y su labor en defensa de los derechos humanos y sus denuncias de corrupción.

Tras conocerse el caso, el ministro del Interior, John Reimberg, aseguró que dispuso que las investigaciones se realicen con celeridad, transparencia y rigor. El funcionario había señalado previamente que las primeras indagaciones apuntaban a la hipótesis de un presunto suicidio.