Red de los Comandos de la Frontera acumuló 37 contratos con el Estado por más de USD 4 millones en Ecuador

"El golpe a las estructuras económicas criminales más grande de Ecuador". Así catalogó el Gobierno de Ecuador al operativo Frontera Norte 2 en el que se intervino, la madrugada del 9 de septiembre de 2025, a la operación de lavado de activos de los Comandos de la Frontera (CDF), que movía unos USD 313 millones.

 Este caso se empezó a cocinar de manera reservada desde noviembre de 2024. José Julio Neira, director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), remitió a la Fiscalía un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) sobre Roberth Luis Jiménez Hernández empresario originario de Sucumbíos que ha sido vinculado a los CDF y está prófugo.

Así, el Ministerio Público empezó a investigar un caso de presunto lavado de actios vinculado a los CDF, narcoguerrilla colombiana que opera en la frontera entre Ecuador y Colombia y se dedica al narcotráfico, la minería ilegal y otras actividades criminales.

Tras meses de investigación, el 7 de septiembre de 2025, la Unidad Nacional de Delitos Contra el Sistema Financiero de la Policía Nacional envió a la Fiscalía la lista de 20 personas y cinco empresas sospechosas en el caso.

En la lista están seis procesados por delincuencia organizada, en un caso por narcotráfico contra los Comandos de la Frontera. De estos, cuatro ya tienen sentencia y dos están prófugos: Jiménez y Roberto Carlos Álvarez, alias 'Gerente', quien fue capturado en junio de 2025 en Abu Dabi y se tramita su extradición. 

Con esa información, la Fiscalía solicitó al juez Víctor Hidalgo la autorización para detener a los involucrados, con el objetivo de que asistan a la formulación de cargos. Así como de allanar e incautar inmuebles y otros bienes relacionados con el caso. El magistrado dio una respuesta positiva.

Así, la madrugada del 9 de septiembre de 2025, las autoridades desarrollaron un operativo con 62 allanamientos en Sucumbíos, Pichincha, Orellana, Guayas, Esmeraldas, Manabí y Santo Domingo. Se notificó la nueva orden de detención a cinco personas ya presas y fueron capturadas otras siete.

Asiduos contratistas del Estado

Si bien la Fiscalía ha puesto su atención en cinco empresas en este caso, PRIMICIAS hizo una revisión en la Superintendencia de Compañías e identificó a 26 compañías con relaciones societarias y laborales con los 20 investigados, supuestos miembros de los Comandos de la Frontera.

Además, el Sistema de Compras Públicas evidencia que cinco de los 20 investigados tienen 37 contratos pendientes con el Estado. Esto significa que los procesos todavía están en etapa de ejecución de las obras o servicios contratados. 

Estos contratos suman USD 4,1 millones y se firmaron con 12 entidades públicas, la mayoría afincadas en la Amazonía, que es la zona de operación de los CDF. Los gobiernos municipales y provinciales de localidades de esa región suman 28 contratos. Además, firmaron la Policía, Celec y la Dirección Distrital del Ministerio de Educación.

El 51% de los contratos están relacionados con Stalyn Fernando J. I., uno de los investigados por lavado de activos. De manera personal, este hombre firmó 17 contratos por USD 2,1 millones.

Stalyn J. fue contratista de municipios, del Ministerio de Educación y prefecturas. Sus contratos fueron variados. Vendió desde insumos de construcción, repuestos de tractor, kits de emprendimiento, insumos de construcción y hasta dio el servicio de formación integral para el fortalecimiento familiar.

Una red que llegó a España

Los hermanos Kerly y Carlos Andrés Álvarez Cordero fueron detenidos en agosto de 2024. De inmediato, fueron procesados por delincuencia organizada (ahora sentenciados) en un caso por narcotráfico y lavado de activos asociado a los Comandos de la Frontera.

Luego, en enero de 2025, la Fiscalía allanó las casas y oficinas de sus dos abogados y de tres jueces anticorrupción. Según una denuncia anónima, había un plan para que los magistrados liberaran irregularmente a ambos.

Pero esto al final no ocurrió. Más bien, el 16 de enero de 2025, la Fiscalía vinculó a ese caso a Roberto Carlos Álvarez, alias 'Gerente', padre de ambos y supuesto cabecilla de los CDF en Ecuador. Se giró orden de prisión en su contra y fue capturado en Abu Dabi, aunque todavía no ha sido extraditado

Durante los seguimientos del caso, la Policía identificó que 'Gerente' viajaba constantemente al extranjero. Por ejemplo, registro salidas hacia Emiratos Árabes y España. Y, precisamente, hasta este país se extendió su red empresarial.

Según el portal LibreBor, que recaba información del Registro Mercantil de España, en Madrid está activa una empresa denominada Kaeri Business SL, que comparte el nombre con Industria Agrícola Ganadera Kaeri, una de las empresas de los Álvarez Cordero, en Ecuador, que ahora está siendo investigada por lavado de activos.

Esta empresa fue creada el 16 de enero de 2023, se dedica a la compra y venta de bienes inmuebles y está domiciliada en Majadahonda, un municipio ubicado en la Comunidad de Madrid. Su administrador único actual es Roberto Carlos Álvarez, quien fue designado en febrero de 2024. 

Antes, esos cargos los ocuparon Jorge Álvarez Vera, hermano del 'Gerente', y el español Jorge Liñán Gutiérrez. Jorge Álvarez, además, es propietario de otra empresa inmobiliaria en Madrid, llamada Ameuro Investment SL., que también es administrada por Liñán Gutiérrez.

Además, según un registro público, el hijo menor de los Álvarez Cordero —que todavía es menor de edad, pero ya que figura como accionista en dos de las empresas— juega fútbol en un equipo de la segunda categoría infantil de un país europeo, desde 2023.