Fuerzas Armadas de Ecuador endurecen control de armas a empresas de seguridad ante riesgo de desvío al crimen organizado
En Ecuador operan 1.130 compañías de seguridad y 663 han sido inspeccionadas en el marco de una nueva fase de controles. Las importaciones de armamento se suspendieron hasta nueva orden.

Un suboficial del Centro de Control de Armas de las Fuerzas Armadas en Guayas realiza la inspección de un rastrillo de una empresa de seguridad privada, el lunes 13 de abril de 2026, en un sector del norte de Guayaquil.
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Las Fuerzas Armadas de Ecuador intensificaron en 2026 los controles sobre el armamento en manos de empresas de seguridad privada, en medio de alertas de desvío de armas legales hacia estructuras del crimen organizado. La estrategia combina inspecciones en las compañías y el uso de una aplicación tecnológica que permite verificar en tiempo real la legalidad de revólveres, pistolas y escopetas.
La ofensiva está orientada a cerrar posibles brechas en el uso irregular del armamento. Actualmente, Ecuador cuenta con al menos 1.130 compañías de seguridad registradas y 663 ya han sido inspeccionadas dentro del nuevo plan de fiscalización, según las autoridades.
Se trata de un proceso que se intensificó este año, tras las declaratorias de estado de excepción y toque de queda. Las autoridades militares proyectan alcanzar el 100% de cobertura de las inspecciones a las compañías en las próximas semanas, tras lo cual prevén mantener controles permanentes aleatorios.

Verificación digital y control en campo
El eje del nuevo esquema es una aplicación vinculada al sistema informático de control de armas (SincoAr), que permite a los equipos militares validar in situ permisos de tenencia y porte, mediante el escaneo de códigos QR o el ingreso manual de números de serie del armamento.
Según el comandante del Centro de Control de Armas de las Fuerzas Armadas en Guayas, esta herramienta facilita detectar inconsistencias de forma inmediata y tomar decisiones durante las inspecciones. “Nos permite verificar en tiempo real si cada arma cumple con los requisitos legales y si está correctamente registrada”, explicó.
"El objetivo principal es el control riguroso de armas y municiones. Cada arma controlada evita riesgo potencial para la seguridad del Estado".
Coronel Miguel Ángel Ochoa, director Nacional Control de Armas Comaco.
PRIMICIAS acompañó a un equipo militar que realizó la inspección al rastrillo de una compañía de seguridad del norte de Guayaquil, este lunes 13 de abril de 2026. Las verificaciones por empresa pueden tomar hasta una jornada completa, pues además de la revisión del armamento en bodega se realiza inspecciones de armas usadas en labores de vigilancia fija o móvil, por parte de guardias de seguridad.
Casos que encendieron las alertas
El endurecimiento de los controles ocurre tras operativos que evidenciaron vínculos entre empresas de seguridad y redes criminales. En enero de 2026, la Policía allanó una compañía de seguridad en la Kennedy Norte, en Guayaquil, vinculada a Stalin Rolando Olivero Vargas, alias 'Marino', cabecilla de la banda criminal Los Lagartos, días después de su asesinato en Isla Mocolí (Samborondón).
En el lugar se incautaron más de 200 armas, algunas con numeración alterada o sin permisos. Días después, otra empresa de seguridad de la zona fue intervenida con resultados similares. Ambos casos derivaron en procesos judiciales y el decomiso de decenas de armas en custodia de la Policía Judicial.

Tres niveles de irregularidades y sanciones:
En las inspecciones, las autoridades identifican tres escenarios principales, cuando se hallan novedades:
- Faltas leves pueden derivar en incautaciones puntuales, hasta regularizar documentación, cuando las empresas cuentan con permisos caducados en un porcentaje reducido de su armamento.
- Incumplimientos graves, como la ausencia de permisos de operación vigente -o permisos de tenencia caducados-, pueden llevar a la clausura de la empresa y a la incautación del armamento.
- Indicios de delito, como armas sin registro y series alteradas, activan la intervención de la Policía y la Fiscalía, con decomiso total del armamento y la detención de los custodios de las armas.
Desde el 15 de marzo, tras el toque de queda en cuatro provincias de Ecuador, las operaciones de Control de Armas, Municiones y Explosivos (CAMEX) han dejado 673 armas incautadas y más de 2.200 municiones decomisadas, informaron las Fuerzas Armadas.

Auge de importaciones y cierre del mercado
Además, el refuerzo de controles coincide con un crecimiento sostenido en la importación legal de armas luego de que se levantara la prohibición de porte y tenencia de armas en 2023.
Entre 2023 y enero de 2026, Ecuador importó más de USD 10,6 millones, solo en pistolas y revólveres, con un peso acumulado de 57 toneladas métricas, según datos del Banco Central. Las empresas de seguridad usan además escopetas semiautomáticas y con alimentadores, que se asemejan a fusiles.
Un estudio del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado alertó sobre el riesgo de desvío de armamento legal a circuitos ilegales, tras la escalada de violencia de 2025. Sin embargo, en marzo de 2026 el Gobierno suspendió hasta nueva orden las nuevas importaciones de armas en Ecuador.
El sector de la seguridad privada -que agrupa a más de 90.000 guardias privados- había estimado la necesidad de al menos 20.000 armas para renovar su equipamiento -tras 14 años de prohibición de las importaciones-, lo que impulsó las grandes adquisiciones de años recientes.
Actualmente, solo en Guayas, el Centro de Control de Armas mantiene unas 1.200 armas incautadas en sus bodegas, mientras otras 1.500 permanecen en trámite de regularización, entre revólveres, pistolas y escopetas de última generación, que hacen parte del último stock que saldrá al mercado este año.
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