Celdas al límite: la 'mano dura' lleva el hacinamiento carcelario a su punto más crítico desde 2018

El sistema penitenciario ecuatoriano lleva casi una década en una crisis constante que transformó las prisiones en epicentros de una guerra narcodelictiva. En 2017, la estadística oficial ya advertía el peligro cuando el sistema promedió 35.967 presos frente a una capacidad de 28.000 plazas, lo que representaba un nivel de hacinamiento del 32,10%.

La curva ascendió peligrosamente en 2018, alcanzando una media de 37.802 detenidos y un crecimiento de la sobrepoblación hasta el 36%. Ocho años después, en medio de una 'guerra interna' dispuesta por el presidente Daniel Noboa, el sistema ha vuelto al mismo punto.

El verdadero punto de quiebre que originó la crisis actual ocurrió a finales de diciembre de 2020, cuando Jorge Luis Zambrano, alias 'Rasquiña' y líder hegemónico de Los Choneros, fue asesinado a tiros en un centro comercial de la ciudad de Manta (Manabí).

Su muerte afectó a esa estructura criminal y desató una sangrienta y fragmentada guerra por el control de las prisiones y las rutas del narcotráfico entre sus antiguos brazos armados, como Los Lobos, Los Tiguerones y Los Chone Killers.

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Sangre tras las rejas y el primer intento de alivio

La primera manifestación brutal de esta ruptura llegó el 23 de febrero de 2021, un día que cambió el panorama delictivo del país. Esa mañana, Ecuador atestiguó su primera masacre carcelaria simultánea en las prisiones de Turi, la Regional del Guayas, Cotopaxi y la Penitenciaría del Litoral, dejando un saldo de 79 reclusos asesinados. 

Para ese entonces, el hacinamiento en las prisiones marcaba un 29,39%. La espiral de violencia alcanzó su letalidad máxima el 29 de septiembre del mismo año, con 119 víctimas mortales en la Penitenciaría del Litoral, consolidándose como la peor matanza en la historia del país y la quinta más sangrienta de toda Latinoamérica.

Frente a este escenario, el Gobierno de Guillermo Lasso adoptó decisiones para intentar pacificar los penales mediante la reducción drástica de la población carcelaria. 

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A través de la firma de decretos en que aprobó indultos masivos para presos con enfermedades catastróficas o delitos menores, y la agilización de beneficios penitenciarios como la prelibertad, casi 6.000 personas lograron abandonar las celdas. 

Estas políticas provocaron que el hacinamiento se desplomara a un mínimo histórico del 4% a inicios de 2023, logrando una reducción de más de 25 puntos porcentuales respecto a los picos anteriores.

La 'guerra' en las calles vuelve a llenar las celdas

El alivio estadístico fue transitorio, pues el repunte de la sobrepoblación coincidió con el cambio de mandato y la posesión del presidente Daniel Noboa. Para diciembre de 2023, la tasa de hacinamiento ya había escalado nuevamente al 12,17%, empujada por un promedio de 30.911 internos en el sistema.

El nuevo colapso del sistema carcelario se empezó a gestar desde enero de 2024, cuando una ola de violencia sin precedentes llevó al Ejecutivo a emitir la declaratoria de conflicto armado interno, militarizando las calles y aplicando una estricta política de 'mano dura' contra 22 bandas catalogadas como terroristas. 

Esta agresiva estrategia de seguridad resultó en la detención de 4.486 personas en tres semanas. El ingreso masivo saturó de inmediato los recintos penitenciarios, empujando el hacinamiento al 14,9% para marzo de 2024, lo que representó un aumento de casi tres puntos porcentuales en un solo trimestre. 

Este ritmo insostenible provocó que el promedio de sobrepoblación de 2024 cerrara en un creciente 18,86%.

Desde marzo de 2024, el volumen de detenciones derivadas del 'conflicto armado interno' mantuvo una inercia de crecimiento poblacional que no encontró freno ni medidas de rehabilitación estructural. 

Para 2025, la reducción del hacinamiento se había esfumado por completo: la población carcelaria alcanzó la cifra de 36.616 personas, disparando la tasa nacional de sobreocupación a un 36,53%. 

Este porcentaje, que prácticamente cuadruplicó el efímero 9% alcanzado a inicios de 2022, se agravó matemáticamente porque la capacidad instalada del Estado continuó mermando, perdiendo más de 2.200 plazas inutilizadas por la destrucción de los amotinamientos y la crónica inseguridad interna.

Este panorama fue parte del detonante para que, tras un 2024 de relativa calma con una sola masacre registrada, el terror reapareciera. A partir de septiembre de 2025, la violencia penitenciaria sufrió un quiebre que revirtió cualquier tendencia de contención.

En un lapso de 48 días, entre el 22 de septiembre y el 9 de noviembre, el país atestiguó el asesinato de 65 reclusos en las prisiones de Esmeraldas y Machala, promediando una muerte violenta cada 18 horas.

Las prisiones más complicadas

El cruce de los niveles de violencia y las tasas de hacinamiento revela un mapa penitenciario donde la falta de espacio se conecta directamente con la muerte, identificando a las prisiones más críticas del país.

La Penitenciaría del Litoral se consolidó de forma indiscutible como el recinto más peligroso, concentrando el 52% del total histórico de crímenes en masacres, con 285 víctimas desde 2021.

En este penal, que cerró 2025 con un hacinamiento del 58%, la tragedia mutó de forma silenciosa en 2025, sumando alrededor de 600 fallecidos adicionales atribuidos a una mezcla letal de desnutrición y una epidemia de tuberculosis que redujo al 8% de su población. 

Por su parte, la cárcel de Machala, en la provincia de El Oro, se erigió como el nuevo epicentro de la violencia. Operando con una sobrepoblación del 41%, la prisión colapsó. 

Esta sobreocupación facilitó que bandas rivales como las facciones de Los Lobos compartieran celdas, desencadenando feroces matanzas en 2025 que superaron las 60 víctimas, incluyendo la peor masacre del año ocurrida el 9 de noviembre, donde 32 internos fueron asfixiados y acribillados. 

A nivel puramente habitacional, la cúspide de la crisis se ancló en el Centro de Detención Provisional de Guayaquil, un recinto diseñado para 545 personas que soporta el peso de 1.815 reclusos, marcando un 233% de hacinamiento.

Fue precisamente la matanza en Machala del 9 de noviembre lo que obligó al Gobierno a buscar una válvula de escape. Al día siguiente, en medio de la polarización por la campaña electoral de una nueva consulta popular, el Ejecutivo adelantó la puesta en marcha de su obra insignia: la Cárcel del Encuentro, ubicada en la comuna Juntas del Pacífico, en Santa Elena. 

Sin una inauguración oficial, y con el propio presidente reconociendo que la obra no estaba concluida en su totalidad, este recinto de máxima seguridad equipado con 320 plazas recibió a sus primeros 321 inquilinos.

Los reclusos, identificados como cabecillas de alta peligrosidad, fueron extraídos de las zonas de mayor conflicto y trasladados bajo un régimen de aislamiento total. 

Desde enero de 2026, el SNAI eliminó de sus estadísticas la variable de la capacidad instalada de cada centro. Por lo que actualmente es imposible saber el hacinamiento por cada prisión. Sin embargo, tomando en cuenta la capacidad difundida hasta diciembre de 2025, con los 635 presos reportados, incluso la Cárcel del Encuentro ya tiene un 98% de hacinamiento.

Mientras que el sistema en general cerró enero de 2026 con 37.034 presos y un hacinamiento del 34,87%, en relación a la capacidad instalada de 27.458. Es decir, el peor registro desde 2018.