Ecuador importó USD 7,4 millones en revólveres y armas semiautomáticas desde 2023; estos son los riesgos

Ecuador registra importaciones de armas de fuego por USD 7,4 millones en los último tres años, desde que se levantó la prohibición del porte civil en abril de 2023. Se trata de adquisiciones anuales récord en el contexto de una crisis que ha convertido al país en uno de los más violentos de América Latina.

Según las estadísticas de Comercio Exterior de Bienes del Banco Central del Ecuador (BCE), entre 2023 y el primer semestre de 2025 se importaron USD 1,3 millones en revólveres y USD 6,1 millones en armas semiautomáticas

Las cifras representan un contraste dramático con el período previo a 2009, cuando Ecuador adquiría menos de USD 100.000 anuales en armas, según las estadísticas del sector externo del BCE. Los 14 años de prohibición de porte de armas se levantaron en el gobierno del expresidente Guillermo Lasso.

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Este nivel de adquisiciones se registran en un contexto de homicidios récord en los seis primeros meses de 2025 en Ecuador, con casi dos masacres a la semana (ataques con cuatro víctimas o más) este año.

Turquía y Brasil lideran el suministro de armas

El año 2024 registró el pico más alto de importaciones con USD 4,7 millones, distribuidos en USD 886.900 en revólveres y USD 3,8 millones en armas semiautomáticas.

En 2023 se alcanzaron a importar USD 280.000 en revólveres y USD 1 millón en armas semiautomáticas. Mientras en el primer semestre de 2025, las importaciones alcanzaron USD 1,45 millones superando las de todo 2023, que hasta entonces era el año más violento de la historia del país.

Brasil emerge como el único proveedor de revólveres con 7,1 toneladas métricas importadas desde 2023, mientras que Turquía encabeza las importaciones de armas semiautomáticas con 11,7 toneladas métricas, seguido por Brasil con 9,5 toneladas y República Checa con 4,5 toneladas.

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También se realizan importaciones en menor medida de otros países como Austria, Italia, Eslovenia, Alemania, Canadá o Perú. De este grupo, solo Argentina supera la tonelada.

La seguridad privada, el principal destino

Según estimaciones de importadores de armas y municiones, Ecuador viene adquiriendo unas 10.000 armas anuales de promedio, de las cuales 7.000 son pistolas y 3.000 revólveres, pero el mayor pico se registró el año pasado ante la necesidad que tenían empresas del sector de seguridad. 

La mayor parte de estas armas se destina a empresas de seguridad privada que necesitaban con urgencia renovar un armamento obsoleto tras 14 años de prohibición, según señaló en su momento la Cámara de Empresas de Seguridad Privada (Casepec). 

El sector de la seguridad privada cuenta con unos 90.000 guardias que requerían al menos 20.000 armas para actualizar su equipamiento, según la Cámara. Ecuador contaba con más de 700 empresas de seguridad registradas hasta 2024. 

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¿Cómo evolucionó la importación de cartuchos en Ecuador?:

• Entre 2023 y 2025, Ecuador importó cartuchos por USD 2,3 millones (93,1 toneladas métricas). En 2023 se registraron importaciones por USD 1,6 millones. Para 2024 la cifra cayó a USD 400.000 en cartuchos de pistola y de otros tipos. Y hasta junio de 2025 se importaron USD 300.000.
• En cuanto al origen, Turquía se consolidó como el principal proveedor de cartuchos, con 38,5 toneladas métricas enviadas a Ecuador en el período analizado. Le siguieron Italia (20,4 T) y Brasil (13,4 t). En menor medida, también hubo importaciones desde Colombia (10,5 t) y China (10,1 t).

OEA alerta sobre vacíos de control en la región

Un nuevo informe de la Organización de los Estados Americanos (OEA), titulado "Desafíos y Amenazas del Tráfico de Armas y Municiones en las Américas”, señala las grandes dimensiones del problema de tráfico ilícito de armas en la región y apunta como uno de ellos al sector de la seguridad privada, que representa un punto crítico en la dinámica de desvío de armamento en la región.

Entre los retos generales están la falta de legislación, control y regulación. El documento subraya que, aunque las compañías de seguridad son actores clave en la prestación de servicios de protección, su manejo de armas de fuego está rodeado de vulnerabilidades que inciden en el comercio ilícito. 

Entre los desafíos de alta prioridad identificados por la OEA en la seguridad privada se destacan:

• Controles estatales insuficientes o inadecuados para supervisar las operaciones y el funcionamiento de las empresas de seguridad privada que utilizan armas.
• Ausencia o debilidad en los procesos de habilitación, lo que permite que compañías ingresen al mercado sin garantías claras sobre el manejo responsable de armamento.
• Robos, fugas, pérdidas o desapariciones de armas y municiones en estas empresas, sumado al desconocimiento o falta de registro de estos incidentes por parte de las autoridades estatales.

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El estudio también advierte que los desvíos de armas desde compañías privadas constituyen un problema recurrente en toda la región, lo que las convierte en un eslabón sensible dentro del ecosistema de tráfico ilícito de armas y municiones.

La regulación del porte y tenencia de armas legales en Ecuador está a cargo de la Dirección de Control de Armas del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, a través del Sistema Nacional de Control de Armas (Sincoar).

Falta de coordinación con el Estado

Rubén Salvador, representante de la Federación de Guardias Privados del Ecuador, coincidió en que las compañías de seguridad requerían de renovar un armamento obsoleto tras años sin poder realizar importaciones.

Pero también advirtió que la importación de armas para el sector de seguridad privada representa un riesgo grave de desvío hacia el crimen organizado, debido a la falta de control estatal en la capacitación, certificación y supervisión de las compañías del sector.

Según Salvador, actualmente guardias acceden a credenciales de uso de armas pagando montos que van entre USD 100 y USD 130, sin recibir la formación adecuada para el uso de armas letales, lo que implica un riesgo y un problema de sostenibilidad para las empresas capacitadoras.

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Además señaló que se han documentado casos de empresas fachada de seguridad estarían siendo utilizadas para importar armas con fines ilícitos, con lo que parte del sector corre el riesgo de convertirse en un aliado involuntario del narcotráfico y el crimen organizado.

Esto sin mencionar que las vulnerabilidades del personal de seguridad privada se han profundizado en la actual crisis de inseguridad, por lo que se requiere fortalecer mecanismos de cooperación con la Fuerza Pública, dijo.

El estudio de la OEA plantea que estas empresas deben ser consideradas actores con capacidad de participar en las soluciones, siempre que exista una coordinación intersectorial con el Estado para fortalecer los sistemas de control y reducir las amenazas.