Emporio Presidiario | Tiendas en cárceles de Ecuador lavaron USD 47,3 millones relacionados a la red de alias 'JR', según la Fiscalía

La empresa Provisión de Alimentos S.A. Provisali, encargada de administrar economatos en las cárceles de Ecuador mediante convenios con el Estado, está en el centro del caso Emporio Presidiario. Se trata de una compañía que gestionó por nueve años tiendas de abastecimiento de productos para los privados de libertad en el sistema carcelario.

La investigación por presunto lavado de activos reveló una supuesta estructura empresarial que operó dentro del sistema penitenciario con millonarios flujos financieros bajo sospecha. La Fiscalía sostiene que se habría usado esta red para introducir dinero de origen ilícito en el sistema financiero.

De acuerdo con las actas de audiencia de formulación de cargos contra nueve vinculados al caso -actas de finales de marzo, publicadas el pasado 6 de abril de 2026-, Provisali figura como una de las compañías clave dentro del entramado investigado.

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En la misma red, bajo el paraguas del holding Asesoría Empresarial Riasem S.A., consta la polémica Lafattoria -empresa que proveyó comida preparada para los reclusos en las cárceles- y que recibió contratos con el Estado por casi USD 630 millones, entre 2013 y 2024.

Los economatos han sido blanco de denuncias recurrentes por parte de familiares de reclusos en los últimos años. Las quejas incluyen productos caducados, mala calidad o pérdida de saldos depositados. A ello se suma la crisis alimentaria y sanitaria en los centros penitenciarios, que ha obligado a muchos internos a depender de estas tiendas como alternativa básica de abastecimiento.

La brecha entre lo declarado y lo que circuló en el sistema financiero:

La Fiscalía identifica a Provisali, que suscribió convenios con el Servicio Nacional de Atención a Privados de la Libertad (SNAI), como la principal empresa del entramado con reportes de operaciones inusuales e injustificadas de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

Según la exposición del fiscal del caso, la empresa se constituyó en 2013 en Guayaquil. Su actividad se vinculó al servicio de economato -tiendas reguladas para vender productos básicos sin circulación de efectivo dentro de las cárceles-, inicialmente en los centros de privación de libertad de la Sierra Centro.

Luego asumió la administración de estas tiendas carcelarias en “múltiples prisiones a nivel nacional”, luego de que abandonara sus operaciones la empresa Corgan-Pexa -también vinculada a la trama y que estaría relacionada con la esposa de José Adolfo Macías, alias 'Fito', extraditado líder de Los Choneros-.

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Uno de los principales elementos señalados por la Fiscalía es la diferencia entre lo que la compañía declaró al Servicio de Rentas Internas (SRI) y lo que realmente habría movido en el sistema bancario:

• La empresa declaró ante el SRI ingresos por más de USD 38,2 millones, entre 2018 y 2024. 
• Sin embargo, la UAFE determinó que, entre 2017 y 2025, Provisali registró USD 85,6 millones en depósitos y transferencias bancarias. 
• La diferencia supera los USD 47,3 millones, lo que -según se desprende de la acusación-, evidenciaría que la empresa declaró menos de la mitad de lo que efectivamente recibió.
• La Fiscalía señaló el mayor pico de desfase entre 2018 y 2019 (sobre todo en el primer año). Las declaraciones del impuesto a la renta de Provisali sumaron ingresos por USD 13,9 millones. Pero la compañía registró en esos mismos dos años ingresos en sus cuentas bancarias por USD 25,3 millones. De ese monto, la UAFE identificó que el 43% correspondió a depósitos en efectivo.

La defensa técnica de la empresa sostiene que no se trata de dinero irregular, sino de pagos realizados por familiares de privados de libertad a través de ventanillas y corresponsales bancarios para abastecer los economatos. Además, argumentó que dentro de los USD 25,3 millones detectados por la UAFE en 2018 y 2019 habría USD 12,7 millones correspondientes a transferencias entre cuentas propias de la empresa, por lo que -según esa tesis- la cifra solo reflejaría movimientos internos.

La empresa emitía la gran mayoría de su facturación a nombre de "consumidor final" -aproximadamente el 75% de los ingresos totales declarados-. Según el abogado de Provisali, este problema se habría tratado de un error de la compañía externa que les proveía el servicio de software de facturación.

Un presunto esquema de lavado, vinculado a la red de JR

La Fiscalía sostiene que los procesados habrían usado compañías como Provisalí y Lafattoría para estructurar un sistema de colocación e integración de activos de origen presuntamente ilícito. El holding de compañías habría servido para canalizar depósitos en efectivo y transferencias desde personas sin relación comercial o societaria real con las compañías investigadas, de acuerdo a la tesis del caso.

En el caso de Provisali, la Fiscalía afirma que la empresa mantuvo transacciones con exfuncionarios del sistema penitenciario, personas con antecedentes penales y actores vinculados a redes criminales, entre ellas el círculo relacionado con Junior Roldán, alias 'JR', exlíder de la banda Las Águilas, brazo armado de Los Choneros.

Richard Augusto V. F., quien conformó y lidera el holding empresarial Riasem S.A. como accionista mayoritario, constituye una figura central dentro de la trama -según Fiscalía-, al ejercer control sobre el resto de empresas vinculadas al caso como Lafattoría, Provisali, Ecualechera, Nova Cocina y Acerinox.

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Miguel Gustavo Q. M. gerente general y representante legal de Provisali y Ecualechera, es uno de los principales procesados. La acusación fiscal establece nexos financieros entre vinculados al caso y Lizet Carolina Hernández Lamán, expareja de Junior Roldán (JR), sentenciada en otra causa por lavado.

La UAFE identificó a 171 personas (exempleados de las empresas vinculadas a convenios y contratos con el Estado) que realizaban transacciones cruzadas con miembros de la red criminal de Roldán, incluyendo a su hijo, Azhael Alexander Roldán Torres, también sentenciado en el caso Blanqueo JR. Los empleados de las empresas también recibían transacciones de 124 funcionarios del SNAI.

Al menos tres de los procesados en el caso sirvieron como instrumentos o intermediarios financieros, realizando transacciones que incluían tanto a Provisali, como la expareja y al hijo de alias JR, según la teoría fiscal del caso.

Un policía movió USD 15,7 millones; millonarios contratos con el Estado:

• Como procesado también figura el mayor de Policía en servicio activo Hans Estuardo T. C. El oficial  registró ingresos por USD 15,7 millones entre 2017 y 2025, una cifra que la Fiscalía considera desproporcionada frente a sus declaraciones tributarias y a un salario policial de USD 2.829.
• De acuerdo con el expediente, el oficial declaró ingresos por USD 3,4 millones entre 2018 y 2024, provenientes de un local comercial a su nombre. La Fiscalía además lo relaciona con transferencias a favor de la pareja de JR y de las empresas de economatos Corgan-Pexa y Provisali. También habría operado con el RUC comercial “Don Gómez Número 2”, a través del cual facturó más de USD 1,1 millones a nombre de “consumidor final”.
• Lafattoría S.A., la firma que proveyó de alimentación a los presos hasta mayo de 2024, recibió transferencias del sector público por USD 629,9 millones, entre 2017 y 2025.
• Lafattoría sumó en ese lapso contrataciones por USD 360,1 millones como proveedor de Ministerio de Educación -en contratos como el del desayuno escolar-, con el SNAI sumó contratos por USD 174,8 millones y con Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, por USD 24 millones.