Crisis carcelaria: "Los presos deberían cocinar sus alimentos", dice contratista

Tras casi 150 días de nueva administración, el SNAI aún no ha podido lanzar un concurso ni adjudicar un contrato de provisión de alimentos para los reclusos de cárceles del norte de Ecuador. Dos contratistas enfrentan retrasos en pagos por más de cinco meses. 

Ese es el panorama del sector que brinda el servicio de alimentación a los privados de la libertad en el país, lo que le representó en 2023 un gasto de USD 27 millones al Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI).

De hecho, el Observatorio de Contratación Pública cuestionó que los millonarios desembolsos a la empresa Lafattoria S.A. -la principal proveedora-, se hayan realizado por acuerdos de pago entre las partes, sin que medien procesos formales de contratación. 

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Es más, desde 2000 se registran al menos 13 convenios de pago entre el SNAI y la empresa por más de USD 77 millones, según un análisis del Observatorio y de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD).

La empresa de catering ha dominado por momentos el monopolio de la provisión del servicio de alimentos a los presos a escala nacional, desde 2015. Pero a partir de 2011 comenzó a brindar el servicio en la Penitenciaría del Litoral, al norte de Guayaquil. 

“Tenemos un problema de liquidez terrible, con cinco meses y medio de retraso en los pagos. Desde 2017 comenzó el problema y estamos todavía sintiendo esos rezagos”.

Richard Villagrán, de Lafattoria.

Richard Villagrán, del grupo Riasem, principal accionista de Lafattoria, explicó que la empresa fue ganando terreno ante el escaso interés de los proveedores por prestar un servicio en un escenario violento y ante seis procesos fallidos de contratación. 

También porque el propio Estado se decantó por un solo proveedor a escala nacional entre 2015 y 2020, algo que no es lo ideal, según el propio empresario. Y de hecho, el SNAI no conseguiría un segundo proveedor sino hasta 2022. 

Dos empresas para 36 centros del país

Además, Villagrán señaló a PRIMICIAS que a eso se une que Lafattoria es una de las pocas empresas de catering especializadas en el sistema penitenciario. 

“Las especificaciones y términos de referencia que pide el Estado son poco realistas, sin terminar de comprender la complejidad de brindar este servicio”, dice, por su parte, Lorena Bonilla, ejecutiva del grupo empresarial.

Lafattoria ofrece el servicio de alimentación en 25 de los 36 centros de privación de libertad del país. Y maneja dos de las tres zonas en las que se dividió el sistema: la 1 y 3. 

La contratación en las cárceles se divide en estas zonas:

•  Zona 1: Carchi, Cotopaxi, Esmeraldas, Imbabura, Napo, Pichincha, Santo Domingo y Sucumbíos. 
• Zona 2: Azuay, Bolívar, Cañar, Chimborazo, El Oro, Loja, Manabí. Los Ríos, Morona Santiago, Pastaza y Tungurahua. 
• Zona 3: Guayas.

La Zona 2, del centro y sur del país, se adjudicó en 2022 a la empresa Gourmet Food Service. Mientras, hasta finales del año pasado, Lafattoria obtuvo un contrato de adjudicación de la Zona 3, complejo penitenciario del norte de Guayaquil. 

Esta firma decidió no participar en el concurso por la sector norte del país ( Zona1), pues consideraron que carecían de la capacidad logística para hacerlo.

Pero de hecho nadie pudo participar para proveer a esas cárceles. “Nos han pedido que continuemos allí por convenio de pago. Es un servicio que el Estado no puede dejar de proveer”, dice Bonilla.

Esos acuerdos de pago son excepcionales, pero se volvieron sistemáticos en 2023 y son parte de la “ineficiencia” que el Observatorio de Contratación Pública acusa en el SNAI.

Los convenios de pago se formalizan hasta tres meses después de brindado el servicio, por lo que son poco convenientes para empresas que no pueden sostener hasta cinco y siete meses de deudas a proveedores y empleados.

Presos, a la cocina, ¿una opción?

Richard Villagrán recuerda que hasta 2011 los propios privados de la libertad cocinaban los alimentos para 6.000 reclusos de la Penitenciaría del Litoral. 

Aunque lo hacían a menudo en condiciones insalubres y la repartición era poco equitativa, el empresario considera que, en medio de la recuperación del control de las prisiones, devolver los presos a las cocinas es una opción válida.

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De hecho, por contrato las empresas proveedoras emplean actualmente a 200 presos, en las cocinas de las prisiones más pequeñas.

“Los privados de la libertad deberían cocinar su propia comida, al menos se debería iniciar un piloto en cárceles de alrededor de 300 personas”.

Richard Villagrán, de Lafattoria.

Los presos podrían volver a cocinar sus alimentos con un proveedor de materia prima, recibiendo capacitación. También se requiere inversión en infraestructura, según el empresario. Aunque esto sería más complejo en las prisiones grandes, reconoce.

Los planes de inversión tampoco son el fuerte del SNAI, que el año pasado solo ejecutó el 42% del presupuesto de reestructuración de las prisiones.

Las empresas tienen que proveer tres comidas diarias (desayuno, almuerzo y cena, 2.000 kilocalorías al día), a un costo de USD 2,50 por persona. Para los adolescentes aislados son cinco comidas al día por USD 2,50.

En Lafattoria también responden a las prevenciones por posibles ingresos de objetos prohibidos al complejo carcelario de Guayaquil. 

Los alimentos sin preparar entran en camiones a la cocina de la contratista en la cárcel Regional y allí se preparan para ser repartidos en los mismos vehículos a los otros cuatro centros penitenciarios vecinos, en el complejo carcelario más grande y violento del país.

“En 12 años hemos entrado alrededor de 57.000 veces a las cárceles a escala nacional”, dice Villagrán. “¿Es coincidencia que no haya una foto, un parte, una denuncia o algún tipo de proceso en contra nuestro en todo estos años?”, se pregunta.