Expediente del caso Pampa, que investiga la red narcodelictiva del albanés Dritan Gjika, es público
La Fiscalía comparte una línea de tiempo y los archivos del caso relacionado con el crimen organizado albanés por presuntos delitos de tráfico de drogas y lavado de activos.
Imagen del caso Pampa compartida por Fiscalía donde informa del expediente público.
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La Fiscalía hizo público el expediente del caso Pampa que investiga una red narcodelictiva liderada por Dritan Gjika, alias ‘Tony’ de nacionalidad albanesa; Mario S., de nacionalidad argentina; y, Carlos G., alias ‘Gerente’ de nacionalidad ecuatoriana.
Desde este 29 de agosto, a través de su página web y en la pestaña ‘Casos de connotación’, se encuentra la información de este caso, una línea de tiempo desde el 6 de febrero de 2024 cuando la Fiscalía lideró un operativo simultáneo en las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Guayas, El Oro, Azuay y Los Ríos en el que se detuvo a 30 personas.
El operativo se ejecutó con la colaboración de la Fiscalía de España, país donde se registraron 12 de las detenciones y se decomisaron 450.000 euros. Todos los procesados trabajan para el narcotraficante de origen albanés, quien está prófugo.
Constan archivos PDFs, tuits de las publicaciones, notas de prensa institucional, fotografías, entre otros.
Dentro del caso se investiga un posible delito de delincuencia organizada y otro por lavado de activos.
Investigación del caso Pampa
Fiscalía presume que –junto a sus familiares y círculo cercano–, los investigados habrían creado varias empresas y utilizado otras ya creadas, con el fin de ocultar el origen ilícito del dinero y fusionar aquellos activos ilegales provenientes del narcotráfico.
Lo habrían hecho a través de compañías dedicadas a la exportación de productos agrícolas (como banano), compra-venta de bienes inmuebles, producción de cárnicos y de cannabis.
“En el sistema financiero nacional se detectaron movimientos no justificados por un monto de USD 31’000.000 entre los años 2015 y 2024, en los que habrían adquirido bienes muebles e inmuebles en las provincias de Guayas, Los Ríos, Cotopaxi y Santa Elena”, detalla Fiscalía en la presentación.
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