Este es el caso por el que el ministro Reimberg 'expuso' a un fiscal y a un médico supuestamente corruptos

"No veo inconveniente en que se muestre el rostro de jueces y fiscales que liberan a delincuentes", dijo el ministro del Interior, John Reimberg, el pasado 16 de junio en la instalación de una comisión en la Asamblea Nacional en Quito. Y tres días después, el Ministro hizo su primer anuncio en ese sentido. 

A través de su cuenta personal en X, Reimberg dio los nombres y apellidos de un fiscal y un médico, que habrían "otorgado" medidas alternativas a la prisión a tres presuntos secuestradores, luego de ser detenidos por la Unidad Antisecuestro de la Policía.

Según la normativa ecuatoriana, ni los fiscales ni los médicos forenses pueden otorgar o revocar medidas cautelares o alternativas. Esa es una facultad de los jueces, bajo pedido de los fiscales y mediando un análisis de pruebas como los informes médicos.

"Hoy tuve conocimiento que el fiscal Nicolás Pulencio Montalvo y el Dr. Gustavo Román García otorgaron medidas sustitutivas de presentación periódica a delincuentes, que extorsionaron a una persona por un total de USD 28.000", escribió Reimberg, la tarde de este 19 de junio en X. 

Según relató el Ministro, el fiscal Montalvo habría revocado la prisión preventiva y concedió medidas sustitutivas para tres de los detenidos alegando una supuesta enfermedad. 

"Se mantuvo prisión preventiva del presunto cabecilla. Hoy, este sujeto pretende salir con medidas sustitutivas usando la misma fórmula", añadió Reimberg. 

Al igual que la Policía Nacional, Reimberg ha rechazado que los jueces otorguen libertad condicional o arresto domiciliario a los presuntos criminales detenidos, mientras que la Fiscalía prosigue con la investigación para poder formular una acusación que los lleve a juicio.

Algo similar dijo este jueves el comandante general de la Policía, Pablo Dávila, quien detalló que 800 uniformados custodian a unos 285 privados de libertad bajo arresto domiciliario. 

La polémica en Ecuador sobre la actuación de jueces y fiscales se retomó luego de un sujeto, alias 'Chocolo', recibió medidas sustitutivas pese a ser capturado por un presunto secuestro en Guayaquil. 

Aunque para Reimberg, cualquier sospechoso de haber cometido un crimen de gravedad debe ir a prisión preventiva sin miramientos, para evitar que puedan seguir delinquiendo mientras afrontan sus procesos en libertad.

"Tenemos más de 104.000 personas que han sido aprehendidas (detenidas) por la Policía Nacional en diferentes actos ilícitos desde el inicio del 'conflicto (armado interno)' (declarado por Noboa desde inicios de 2024), y no llegamos ni al 5% de ese número de personas que han terminado en prisión", sostuvo Reimberg en una entrevista a la agencia EFE. 

El caso en mención

La causa se relaciona con hechos de 2023. A finales de ese año, Alex Arturo S. M., recibió varios mensajes a su celular y al de su esposa. Les enviaron videos de la casa de su hermano y de la bodega de su empresa, así como otros datos personales.

Al día siguiente, uno de sus chóferes fue secuestrado. Le pedían USD 5.000 en efectivo, ante lo cual la víctima accedió. Pero, la extorsión no terminó y le comenzaron a pedir USD 500 mensuales. También cumplió con ese pago.

Sin embargo, las amenazas y exigencias escalaron. En enero de 2024, los extorsionadores pidieron cuatro pistolas. La víctima se negó y empezaron a pedirle USD 10.000. Lo que pagó en dos partes de USD 5.000 en una cuenta bancaria. Además, seguía pagando USD 400 cada 15 días.

Incluso, para junio de 2024, la víctima llegó a pagar USD 1.600 de 'vacuna' mensual. Hasta que Alex S. denunció el caso a la Unase, que el 17 de agosto de 2024 detuvo a cinco personas:

• Darwin Fabricio Mesa Piza
• Duglan Alfredo Tutiven Rizo
• Robinson Stalin Reyes Rizo
• Kerly Jamileth Barbecho Reyes
• Wendy Mariela Salazar Arana

Inicialmente, el juez Hermes Jiménez Pintado -a pedido del fiscal Byron Castro- dictó prisión preventiva en contra de las cinco personas. 

Posteriormente, el caso fue asumido por la fiscal Yarilda Arteaga y, el 16 de septiembre de 2024, se evaluó el cambio de medidas cautelares. Solo se le concedió arresto domiciliario a Wendy Salazar porque acreditó una enfermedad catastrófica. Los otros cuatro permanecieron en la cárcel

Sin embargo, el caso dio un giro en noviembre de 2024, ya que la fiscal Arteaga emitió un dictamen abstentivo, es decir, no iba a acusar a los procesados. Entonces la Fiscalía revocó esa decisión y la reemplazó con Nicolás Pulencio Montalvo.

El 26 de diciembre de 2024, el juez José Amado Córdova Prado instaló la audiencia preparatoria de juicio y Montalvo acusó a los cinco. El juez Córdova acogió esa solicitud y los llamó a juicio. Sin embargo, en la misma diligencia se analizó reemplazar la prisión preventiva, a pedido de los procesados.

En el caso de Mesa Piza, Tutiven Rizo y Barbecho Reyes, el juez aceptó su liberación aduciendo que demostraron arraigo laboral, social y domiciliario, por lo que había garantía de que comparecería al juicio. El fiscal Montalvo no se opuso. Solo para Reyes Rizo, el supuesto cabecilla, se ratificó la prisión preventiva.

Según Robert Silva, abogado de la víctima, el argumento para la liberación de Mesa, Tutiven y Barbecho fue un informe médico de Gustavo Román García, perito avalado por la Judicatura. 

El 19 de junio de 2025, horas antes de la instalación del juicio, el abogado presentó una denuncia de fraude procesal contra Montalvo y Román, aduciendo que "existen graves sospechas, rumores y presunciones fundadas" de que ambos estarían "intentando obtener la liberación" de Reyes Rizo con la misma modalidad.

Entonces, la advertencia de Reimberg es para evitar que se libere irregularmente al cabecilla de esta organización. Aunque, el Ministro señaló únicamente al Fiscal y al Médico, y no al Juez, quien es el que finalmente decidió la liberación.