Una red narco operó en un galpón vecino a urbanizaciones de vía a la Costa | Ningún detenido terminó con prisión
Una presunta red de narcotráfico operó en unas bodegas vecinas a exclusivas urbanizaciones de la vía a la Costa en Guayaquil, pero los acusados obtuvieron arresto domiciliario. El supuesto cabecilla del caso Nina Bananas desmintió versión policial ante un juez: "Me hicieron un show mediático”.

En el centro de la foto (azul), el presunto cabecilla de una red de narcotráfico acusada de movilizar toneladas de droga, a su llegada a un hangar de Guayaquil, el 8 de mayo de 2026, junto al ministro del Interior, John Reimberg.
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Policía Nacional
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Redacción primicias
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La trama de narcotráfico movilizó por lo menos cinco toneladas de droga, de acuerdo a la Fiscalía. La red usó a la empresa exportadora Nina Bananas como fachada -según la acusación- y operó con un sistema de desvío satelital para contaminar contenedores de carga en el sector de Camino Real, en bodegas vecinas a exclusivas urbanizaciones de la vía a la Costa en Guayaquil.
La presunta red de tráfico de drogas, capturada en la Operación Jaguar, utilizaba galpones en vía a la Costa, al oeste de Guayaquil, para contaminar con cocaína contenedores con carga exportable de banano y chifles, según la investigación. Pero ningún imputado terminó con prisión preventiva.
Durante los allanamientos a nueve inmuebles en Guayas, la Policía reveló el hallazgo de un búnker oculto bajo el piso de una de las viviendas, que el ministro del Interior, John Reimberg, comparó con los búnkeres de José Adolfo Macías, alias 'Fito', extraditado exlíder de Los Choneros.
El presunto cabecilla criminal de esta red, Henry Isaac J. M., exgerente de Nina Bananas, reaccionó al hallazgo en la audiencia de flagrancia y formulación de cargos.
"Me hicieron el show mediático, aquí no han demostrado las caletas", declaró ante el juez, agregando que en su domicilio supuestamente no hallaron evidencias que sostuvieran su perfil de gran capo. Se lo acusa de liderar una "organización criminal estructurada" dividida en capas funcionales (una directiva-financiera y otra logística) que usaba la empresa de exportación como fachada legal.
“El día que me detuvieron en mi casa no me encontraron caja fuerte, ni dinero, ni alhajas, ni droga”.
Henry Isaac J. M., presunto cabecilla de red de narcotráfico.
Así operaba la red narco en vía a la Costa, según Fiscalía
La empresa exportadora Nina Bananas S.A. Ninaban (adquirida por el presunto cabecilla en 2014) funcionaba como la fachada legal, encargada de generar la documentación lícita para la exportación de cajas de chifles y banano, de acuerdo a la acusación fiscal.
El método para introducir la droga en contenedores:
- El contenedor con carga exportable salía con la carga legal desde una finca en el recinto Mocorrita de Portoviejo (Manabí), pero en el trayecto hacia el puerto marítimo en Guayaquil, el vehículo era desviado a las bodegas no declaradas en el sector Camino Real, en la vía a la Costa.
- Para evitar las alarmas de seguridad, los criminales retiraban físicamente el candado satelital de seguridad (Hunter) y lo alejaban hasta 30 kilómetros de distancia. Este engaño permitía que el camión con el contenedor pasara unas dos horas oculto en los galpones cargando la droga.
- La cocaína se introducía utilizando tres métodos, según la acusación: sustituyendo una parte de las cajas de chifles o bananos, adosando los paquetes directamente al techo interno del contenedor marítimo, o instalando un doble fondo en la estructura de metal del container.
- La zona de "contaminación" a puerta cerrada funcionaba en bodegas vecinas a exclusivas urbanizaciones en el kilómetro 11 de la vía a la Costa, junto a dos de las ciudadelas más grandes del sector, y en cercanías a restaurantes, gasolineras y locales comerciales.
*Revise aquí la ubicación (en rojo) del lugar donde la red de narcotráfico contaminaba presuntamente contenedores en la vía a la Costa, según la acusación fiscal del caso Chifles o Nina Bananas:
“Toda la vida he vivido en la casa de mi mamá”
El caso de tráfico ilícito que terminó con cinco personas imputadas, tras los allanamientos del 8 de mayo de 2026, inició con la incautación de cinco toneladas de cocaína en Panamá, en marzo de 2024, en un contenedor de la compañía exportadora. La carga tenía como destino Sierra Leona, en África.
La Policía señaló a la organización por movilizar cargamentos de cocaína valorados en más de USD 400 millones, no solo a África, sino también a Europa y Estados Unidos.
Un inspector portuario, dos guardias de seguridad privada y un conductor también están entre los señalados. El presunto coordinador logístico y financiero de la red, Danny Argenis B. P., argumentó a través de su abogado que en sus cuentas tenía USD 971 y dijo que "toda la vida” vivió con su madre.
"Dicen que yo tengo dinero excesivo, que contrato obreros, es la empresa la que contrata (...) Toda la vida he vivido en la casa de mi mamá. Tratan de decir que me quiero escapar si nunca he salido del país. (...) Yo soy administrativo".
Danny Argenis B. P., presunto coordinador logístico de la red.
Según las investigaciones, la exportadora funcionaba desde 2014 como empresa pantalla dentro de la red criminal. Su papel principal era generar toda la documentación lícita de exportación (declaración aduanera, factura comercial, registro de pesos VGM) y contratar servicios logísticos y de seguridad privada para otorgar una apariencia de total legalidad y cumplimiento normativo a los envíos.
Ningún imputado terminó con prisión preventiva
El abogado del principal imputado observó en audiencia que la Fiscalía no presentó el análisis químico ni el acta preliminar de la prueba de campo que demostrara que la evidencia incautada en Panamá era, en efecto, cocaína. Y rechazó que se pretendiera solicitar prisión preventiva con un parte informativo.
El presunto cabecilla resultó aprehendido tras ser "devuelto" desde Estados Unidos, por gestión de las autoridades de Ecuador. La defensa del imputado intentó desmarcarse de la acusación de fuga, señaló que el sospechoso viajó a la graduación de su hija y tenía previsto regresar el próximo 15 de mayo.
A los dos principales implicados en el caso, el juez Glen Marcos Bodero les concedió arresto domiciliario (con custodia parcial tres veces a la semana), la instalación de un grillete electrónico y la prohibición de salida del país.
Al inspector portuario, a uno de los guardias de seguridad y a un chofer de camión se les ordenó prohibición de salida del país y presentaciones ante el fiscal todos los días lunes y viernes. A un segundo guardia de seguridad, de 76 años, se le dictó únicamente la prohibición de salida del país.
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