Ecuador registra casi 20.000 alertas por retiro de grilletes electrónicos en un año, según el SNAI
El total de alarmas por violación de límites geográficos superó las 870.000 en 515 dispositivos monitoreados durante 2025. Un nuevo reglamento traslada a los usuarios el costo del uso y el mantenimiento de Dispositivos de Vigilancia, conocidos como grilletes o tobilleras electrónicas.

Imagen referencial de un Dispositivos de Vigilancia Electrónica (DVE), mejor conocido como grillete electrónico, colocado por el Servicio Nacional de Atención a Privados de la Libertad (SNAI).
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Redacción primicias
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El sistema de vigilancia de grilletes electrónicos en Ecuador registró un promedio de casi 2.400 alertas diarias en 2025, relativas a personas procesadas que reportaron salidas ilegales o se alejaron de su domicilio, fuera del espacio geográfico establecido por orden judicial.
Así se desprende del informe de rendición de cuentas anual del Servicio Nacional de Atención a Privados de la Libertad (SNAI), de marzo de 2026. Los datos revelan serios desafíos en el control de los Dispositivos de Vigilancia Electrónica (DVE), conocidos como grilletes o tobilleras electrónicos.
Solo en la categoría de "pulsera quitada" -que incluye manipulación, vulneración o desprendimiento del dispositivo- se emitieron 19.733 alarmas durante 2025.
Esta alerta crítica se genera cuando la correa del equipo electrónico de vigilancia satelital (GPS) se encuentra abierta. Según los manuales de la institución, la alarma de "pulsera quitada" se puede activar por tres motivos principales:
- Una revisión técnica autorizada.
- La manipulación o vulneración intencional del dispositivo por parte del usuario.
- Un desprendimiento involuntario.
Más de 870.000 alertas por salida de la zona autorizada
Además, el SNAI reportó 870.056 alertas por incumplimiento de los límites geográficos establecidos para procesados que obtuvieron el beneficio de la tobillera, como arresto domiciliario o medida sustitutiva a la prisión preventiva.
Del total, 661.004 alertas corresponden a "alejamiento del domicilio", vinculadas a la modalidad de arresto domiciliario y 209.052 fueron catalogadas como "salida ilegal", lo que significa que el usuario abandonó el perímetro territorial delimitado por un juez al otorgar el beneficio.
Este volumen masivo de alarmas por salida de procesados de zona autorizada las generaron apenas 515 dispositivos DVE con los que cuenta Ecuador, los cuales están instalados únicamente en Quito y Guayaquil -el país adquirió los primeros 4.000 dispositivos electrónicos hace casi una década-.
El inventario nacional al cierre de 2025 del SNAI comprendía 501 tobilleras MT-200, utilizadas para medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva o beneficios penitenciarios (casa por cárcel), y 14 equipos MT-70 bipper, destinados a precautelar medidas de protección y alejamiento víctima-agresor.
¿Qué otras alertas registró el sistema el año pasado?
- Además, el Servicio Nacional reportó 9.775 alertas por dispositivo apagado (cuando el nivel de carga del equipo electrónico se encuentra en 0%)
- También se produjeron 8.576 alertas por batería baja o crítica (cuando el nivel de carga del equipo electrónico se encuentra en 20% hasta el 01%).
- La Dirección de Penas No Privativas, Dispositivos de Vigilancia Electrónica y Reinserción del SNAI contabilizó además 436 alertas por cercanía víctima–agresor en los dispositivos tipo 'bipper'.
- El SNAI realizó 755 revisiones de grilletes en 2025, emitió 720 respuestas judiciales, 48 informes técnicos, 410 notificaciones a unidad judicial, 51 informes de monitoreo y 34 de novedades.
Solo el 12% de los dispositivos iniciales está operando
Las tobilleras empezaron a usarse en 2017 en el país. El Ministerio de Justicia -luego remplazado por el SNAI- adquirió un año antes 4.000 dispositivos a un costo de USD 13,7 millones a la china National Electronics Import & Export Corporation, cuando la cartera era dirigida por la correísta Ledy Zúñiga.
Dos años después la mitad de las tobilleras estaban dañadas -en la actualidad solo funciona el 12% de la capacidad inicial-. Y los propios exfuncionarios del correísmo terminaron portando las pulseras.
El más reciente caso, en el que el funcionamiento del sistema toma relevancia, es el del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez. Un juez le ratificó la prisión preventiva el 23 de abril de 2026 en el “caso Grillete”, por el presunto delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.
La pulsera que portaba Alvarez como medida cautelar por el caso Triple A, acumuló 33 alertas de "pulsera quitada" en siete meses, según informó SNAI tras la detención del funcionario por el caso Goleada. La tobillera generó además 2.769 alertas, la mayoría (1.515) por pérdida de conexión ("offline"), lo que el SNAI atribuyó a baja cobertura en el domicilio del usuario.
Un informe técnico del SNAI evidenció la falta del tornillo de sujeción en la correa del equipo. Y en la audiencia de apelación a la prisión preventiva, el alcalde sugirió que se trataba de un grillete con el tornillo manipulado. Alegó también que se rompió supuestamente la cadena de custodia del grillete.

Traslado de costos a usuarios con nuevo reglamento
En un cambio en la política penitenciaria, el nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social de Ecuador, promulgado mediante decreto el 22 de abril de 2026, traslada la carga financiera de los dispositivos a los usuarios.
La normativa establece que las personas que utilicen un DVE deberán pagar el valor que fije el SNAI por concepto de uso y mantenimiento. Estos son definidos como equipos electrónicos portátiles que buscan asegurar la comparecencia de procesados o servir como alternativa a la prisión, utilizándose bajo orden judicial en casos de medidas cautelares, protección de víctimas o beneficios penitenciarios.
El reglamento permite que los usuarios soliciten exoneraciones, reducciones o diferimientos del pago solo si demuestran no tener suficientes recursos socioeconómicos, padecen una enfermedad catastrófica o tienen una discapacidad.
En cuanto al monitoreo, la norma reitera la obligatoriedad de portar el dispositivo 24/7 y que cualquier mal uso, vulneración o incumplimiento será reportado a la autoridad judicial, lo que puede resultar en la revocatoria inmediata de la medida o beneficio.
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