Cárceles de Ecuador | Nuevas reglas para aislar presos, prohibir efectivo, bloquear llamadas y reubicar a deudores de alimentos

Para evitar que se planifiquen crímenes desde las celdas, el decreto obliga a instalar inhibidores de señal ininterrumpidos. Además, exige reconocimiento de voz para quienes reciben llamadas y determina que las comunicaciones y visitas serán grabadas por seguridad.

La norma moderniza los derechos al igualar las visitas telemáticas con las físicas. También fortalece el control al dotar de autonomía a los guías penitenciarios, quienes ahora cuentan con un jefe de seguridad y un subsistema de inteligencia.

Se crea un régimen especial para internos que representen una amenaza grave, aplicando condiciones diferenciadas sin agravar su pena. Además, el Estado podrá realizar traslados coercitivos inmediatos para prevenir delitos, amenazas o amotinamientos.

El reglamento delega al SNAI la clasificación de estos reclusos y la definición de las prisiones para este aislamiento. Actualmente, presos de alta peligrosidad y políticos con sentencias por corrupción han sido enviados a la Cárcel del Encuentro.

Se prohíbe el dinero en efectivo dentro de las cárceles tras continuos decomisos de billetes. Los pagos en tiendas internas se harán por transferencias directas al proveedor. El objetivo es asfixiar la economía criminal de bandas como Los Choneros.

Para evitar el consumo ilimitado, se fijan cupos de gasto atados al salario básico: 25% para procesados y 30% para sentenciados. De ese valor, el 40% es exclusivo para artículos de aseo y el 60% restante se destinará a la alimentación complementaria.

El Estado ya no asumirá la totalidad del costo de los dispositivos de vigilancia. La nueva normativa establece el pago obligatorio por el uso y el mantenimiento mensual del grillete para los procesados que cumplan medidas alternativas a la prisión.

El valor mensual será fijado por el SNAI evaluando la situación socioeconómica, el soporte y los costos operativos. Solo estarán exentos de este pago quienes demuestren padecer enfermedades catastróficas o tengan un estado de insolvencia comprobada. En este caso, no se ha formalizado el proceso para comprar nuevos grilletes.

Las decisiones de prelibertad ya no dependerán de cada cárcel. Se crea la Comisión de Beneficios Penitenciarios, un ente nacional de alto nivel presidido por el SNAI, que centralizará el análisis y los informes técnicos para judicializar pedidos.

Una vez que los reclusos accedan a regímenes abiertos, su control y seguimiento ya no se realizará desde las cárceles. El Ejecutivo dispuso la creación de unidades de reinserción descentralizadas con personal técnico exclusivo para labores de calle.

Para no mezclar poblaciones, el decreto crea centros de detención exclusivos para contraventores de tránsito y deudores de pensiones alimenticias. Esto evitará que convivan con la población procesada por delitos comunes o de crimen organizado.

La ley también modifica el horario de la medida de apremio parcial por pensiones alimenticias. Si el juez no fija un horario, la privación de libertad será obligatoria de 22:00 a 06:00, retrasando una hora el ingreso respecto a la norma anterior.