Narcotraficantes ecuatorianos asociados a los Comandos de la Frontera hacían negocios en España y Dubái

Los casos contra la organización criminal Comandos de la Frontera (CDF), en Ecuador, se empezaron a investigar el 25 de abril de 2023. Ese día, la Unidad de Lucha Contra la Corrupción (ULCO) de la Policía Nacional elaboró un informe sobre una estructura de narcotráfico que operaba entre las frontera de Ecuador y Colombia, en Sucumbíos.

Esta organización respondía a los intereses de los CDF, una estructura narcoguerrillera que se conformó con disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no plegaron a la desmovilización.

Los agentes policiales interceptaron varios números telefónicos relacionados con esta organización criminal y lograron determinar que el jefe de la agrupación era Roberto Carlos Álvarez, alias 'Gerente'.

Escuchando sus conversaciones, la Policía identificó que esta banda utilizaba redes de distribución complejas, para abarcar varios países y continentes, como sus rutas de narcotráfico. Incluso llegando a países de Centroamérica y España.

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Pero, además, esta agrupación tenía su propia operación de lavado de activos. Para esto utilizaban varias 'capas' de transacciones financieras, que incluyen las transferencias de fondos entre varias cuentas, la compra y venta de activos, la inversión en bienes raíces y la creación de empresas fachada. Además, usaban paraísos fiscales para mover dinero "de manera discreta".

Los Álvarez y los viajes al extranjero

Para el lavado de activos, 'Gerente' se asoció con sus hijos Kerly y Carlos Álvarez Cordero, quienes son accionistas de siete empresas en Ecuador. 

A través de la interceptación de llamadas y el seguimiento a los sospechosos, la Policía logró seguir durante meses a los involucrados. Uno de los objetivos principales era Juan Carlos Chulca, alias 'Chavalo', quien fue identificado en junio de 2024 en Sangolquí, Pichincha.

En esa ciudad, donde aparentemente residía, 'Chavalo'  se reunió con otros miembros de la agrupación y se dirigió al aeropuerto para viajar a Panamá, país desde el que, supuestamente, coordinaban los envíos de cocaína.

Pero, Panamá no era el único destino de estos narcos. El 6 de octubre de 2023, alias 'Gerente' junto a su hija Kerly y José Maldonado, otro de sus socios, viajaron a Dubái, en Emiratos Árabes. Luego de ocho días volvieron. Además, Roberto Álvarez también había viajado varias veces a España. 

Según las autoridades, estos viajes estaban relacionados con dos tareas. Por un lado, establecer redes de contactos para el narcotráfico. Pero, sobre todo, para generar negocios de apariencia lícita que les permitiera lavar el dinero de las drogas.

El 21 de junio de 2024, 'Chavalo' fue seguido hasta una casa de lujo en Manta, dónde había una fiesta. En ese sitio fue arrestado junto a otras siete personas, quienes están siendo procesadas por enriquecimiento privado no justificado. Pero, esas detenciones no detuvieron a los narcotraficantes ni a la Policía.

Así, en agosto y septiembre de 2024, los uniformados y la Fiscalía volvieron a golpear a los CDF dos veces. Se abrieron dos casos más por delincuencia organizada y, en total, ya son más de 40 los miembros de esta banda que están judicializados.

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Una recusación serviría de 'Fachada'

En el tercer caso, contra la estructura de los Comandos de la Frontera en Ecuador, el 29 de agosto de 2024, fueron detenidas 16 personas. Entre ellos estaban Carlos y Kerly Álvarez Cordero, hijos de 'Gerente'. Todos, junto a 'Chavalo', fueron procesados por delincuencia organizada.

La causa recayó en el despacho de la jueza anticorrupción Karol Zambrano, quien —por pedido de la Fiscalía— ordenó el arresto de los hermanos de manera preventiva. Oswaldo Trujillo, quien actuaba como abogado de ambos y también representa al hijo de la vicepresidenta Verónica Abad, apeló esa prisión preventiva.

La audiencia de apelación a la prisión preventiva se convocó cinco veces, debido a varios incidentes y pedidos de diferimientos. Hasta que se instaló el 2 de diciembre de 2024. El recurso estuvo a cargo del Tribunal conformado por Mabel Tapia, Lauro Sánchez y Esteban Coronel. Los jueces rechazaron los recursos de revisión de medidas cautelares.

Pero el caso no quedó ahí. La Fiscalía vinculó al caso a cuatro personas más, entre las que resaltaba el nombre de Roberto Carlos Álvarez, alias 'Gerente', padre de los dos hermanos procesados y cabecilla del grupo criminal.

La vinculación debió hacerse el 16 de diciembre de 2024, pero se difirió para el 9 de enero de 2025 y, finalmente, para el 16 de enero de 2025. Pero, en el intermedio algo ocurrió. Grigson Cabeza, en representación de los hermanos Álvarez Cordero, recusó a la jueza Zambrano, asegurando tener "lazos de amistad íntima" con la magistrada.

Esa demanda fue aceptada y, como efecto inmediato, el 14 de enero de 2025 —la víspera de la vinculación de 'Gerente'— Zambrano debió alejarse del caso. Entonces, la causa recayó en manos del también juez anticorrupción Christian Quito. 

Pero, el 6 de enero de 2025, la Fiscalía había recibido una denuncia anónima: una persona habría señalado a Cabeza, abogados de los Álvarez, de tener un plan conjunto con los jueces Quito, Gabriela Lara y Jairo García para sacarlos de prisión.

Por esta razón, la madrugada del 16 de enero de 2025, antes de la audiencia de vinculación de 'Gerente', la Policía y la Fiscalía realizaron varios allanamientos en el que denominaron caso Fachada. Fueron inspeccionadas las oficinas y viviendas de los jueces y de los abogados. Ese caso se mantiene en investigación previa.

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Pese a los allanamientos, el 16 de enero, se dio la audiencia de vinculación en el caso de los CDF. Aunque, no fue Quito quien la presidió. El juez estaba en una licencia por estudios y fue reemplazado por José Cornejo, quien dictó orden de prisión preventiva en contra de Álvarez papá, quien se mantiene prófugo.

El 18 de enero de 2025, Quito se reincorporó al cargo y se excusó de seguir al frente de la causa por delincuencia organizada. ¿La razón? Como está siendo investigado podría darse un conflicto de intereses.

Hasta las 17:00 del 20 de enero, esa excusa no había sido aceptada ni tampoco sorteado un nuevo magistrado para asumir ese caso. Por lo que al momento, y mientras se resuelve la recusación contra Zambrano, la causa contra los Comandos de la Frontera está sin juez.

Prisión preventiva para Trujillo

Tras los allanamientos del caso Fachada, Oswaldo Trujillo, abogado de los Álvarez y del hijo de la vicepresidenta, fue el único detenido. Aunque su arresto no tiene que ver, directamente, con la supuesta corrupción para liberar a los cabecillas de los CDF.

Cuando las autoridades ingresaron a la casa de Trujillo, encontraron 36 armas de fuego y 30.000 municiones de diferente calibre, entre las que constaban —según el Ministerio Público— algunas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas (FF. AA.).

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Por esta razón, la Fiscalía procesó al abogado por tenencia y porte no autorizado de armas y municiones de uso privativo para las FF. AA. y la Policía. Y la jueza Geovanna Palacios ordenó su detención preventiva.

Durante la audiencia, Trujillo aseguró que es deportista de tiro libre y coleccionista de armas. Por lo que 33 de las 36 armas tenían justificaciones. Y las otras tres están en trámite de registró, dijo. Además, negó que las municiones sean de uso militar.

Más bien, Trujillo insistió en que su detención se dio a horas de que iniciara el juicio contra Sebastián Barreiro, hijo de la vicepresidenta Verónica Abad, quien es acusado de exigir sobornos a cambio de cargos públicos. Debido a su detención, dijo Trujillo, no pudo asistir a la audiencia, por lo que, el llamado caso Nene no pudo seguir y todavía no tiene fecha para su reinstalación.