En Quito, red reclutaba a jóvenes para extorsionar a deudores de préstamos en cuatro países

El allanamiento de las oficinas de un call center que funcionaba en el centro norte de Quito terminó revelando un sofisticado centro de extorsión transnacional que operaba para la cobranza de préstamos en otros países. El esquema funcionaba bajo la fachada de la empresa ecuatoriana Latameris Support S.A.S.

Según las investigaciones, la red utilizaba a decenas de jóvenes operadores ecuatorianos para amedrentar, difamar y extorsionar a deudores de créditos virtuales en México, Colombia, Perú y Chile. Los jóvenes eran contratados mediante anuncios en redes sociales, con anuncios que buscaban reclutar "asesores de cobranzas".

Pero al comenzar a trabajar se encontraban con un esquema delictivo, en el que ellos debían extorsionar a ciudadanos que habían pedido préstamos. Según las versiones de los empleados, a las que PRIMICIAS tuvo acceso, estaban sometidos a un estricto esquema de sanciones económicas si no alcanzaban la meta obligatoria del 35% o 50% de cobros efectivos. 

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10 personas fueron detenidas durante el allanamiento, el 21 de agosto de 2026. Entre ellos se encuentra el dueño de la empresa, el ciudadano chino Yang Xiaolong, y los líderes. La mayoría de operadores no fueron detenidos, y más de 20 de ellos rindieron versiones libres y voluntarias ante la Fiscalía.

La audiencia de formulación de cargos, por el presunto delito de asociación ilícita, se realizará la tarde de este 22 de agosto.

Aplicaciones de préstamos digitales rápidos

En el centro del esquema están aplicaciones móviles que ofrecen préstamos digitales rápidos a ciudadanos de México, Colombia, Perú y Chile. En las versiones de los empleados se mencionan Pop Préstamo, Comopréstamo, Dinero Tree, Cash Cash, Infinite, Victoriacash, Mexcash, Superbilletera, Okeycredito, Reydelefectivo, Dinero Trip y Cash Rapides.

Para acceder a los préstamos, era necesario crear una cuenta. Durante el registro, la aplicación pedía que los usuarios se tomen una fotografía selfie e introduzcan detalles sobre sus redes sociales. Además, al instalar la app, el usuario aceptaba los permisos de la plataforma, lo que permitía extraer de manera automática e invisible la agenda telefónica completa de su celular.

La fotografía, las redes sociales y los contactos luego servirían para las extorsiones orquestadas desde Ecuador.

Si el crédito era aprobado, el dinero se transfería directamente a la cuenta de ahorros o corriente del cliente. Los operadores, en sus versiones, no detallan cuáles eran los montos de los préstamos.

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Las extorsiones para la cobranza

Toda la información que los clientes brindaban a las aplicaciones alimentaba el software de cobranza en Quito. En esa oficina, cada operador ecuatoriano recibía diariamente carpetas con hasta 120 clientes internacionales asignados.

Según narraron los empleados en sus versiones, comenzaban su trabajo a las 08:00, y hacían llamadas cordiales a los clientes. Sin embargo, No obstante, a partir de las 09:00, los líderes les ordenaban "cobrar como sea", autorizando insultos, gritos y amedrentamientos. 

Si el cliente no pagaba antes del mediodía, se activaban las campañas de extorsión y difamación. Los operadores tomaban las selfies de los deudores y creaban afiches digitales falsos (llamados "boletines") donde los exponían públicamente como pedófilos, violadores, estafadores o de estar vinculados a la prostitución.

Esos afiches eran difundidos a los contactos obtenidos de los clientes por WhatsApp, Telegram, Facebook y mensajes de texto. Para esto, los operadores tenían varios chips de operadoras telefónicas.

"Los líderes y los auditores nos exigían que enviemos boletines para que paguen pronto. En estos boletines (...) había imágenes fuertes; con las fotos de los clientes se los relacionaba con prostitución, con violaciones inclusive a niños"

Versión de D.C.M.T., empleada

El maltrato a los empleados

Los jóvenes que trabajaban en Latameris Support SAS revelaron que las condiciones del empleo eran bastante precarias. El sueldo que recibían era el básico, pero en muchas ocasiones no tenían ni siquiera afiliación a la seguridad social.

Además, sufrían constante acoso y presión psicológica de sus líderes. Las dos auditoras de la empresa (que están entre los 10 detenidos) revisaban constantemente los chats de WhatsApp de los empleados con los clientes para vigilar que presionaran con la llamada "cobranza fuerte".

Si un operador no alcanzaba la meta obligatoria del 35% o 50% de cobros efectivos de su cartera diaria, la empresa le descontaba USD 5 o USD 8 diarios de su sueldo. El régimen de castigos económicos era severo: negarse a realizar horas extras forzadas hasta las 19:00 para continuar llamando a los clientes les costaba una multa de USD 15. 

Asimismo, faltar un día entre semana significaba un descuento de USD 17, mientras que inasistir un fin de semana les costaba una penalización masiva de USD 110 de su remuneración mensual. 

"Debíamos (...) hacer presión con las llamadas o enviar boletines que eran fuertes; se bajaban fotos de los clientes de las redes sociales y se les ponían que eran buscados porque eran violadores, que eran pedófilos"

Versión de M.J.A.A., empleada