“Fui amenazado”, alega el encargado del local donde se falsificaban documentos de revisión vehicular en Guayaquil

Los detenidos en un operativo que desarticuló un centro clandestino donde se imprimían falsos documentos de tránsito para seis cantones de Ecuador alegaron que fueron contratados para realizar un trabajo legal, pero que luego los obligaron a integrar la red clandestina en Guayaquil.

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Durante la audiencia de formulación de cargos, el encargado de la imprenta Ingraf, Henry David C. R., de 40 años, declaró delante del juez Ismael Figueroa, de la Unidad Judicial de Garantías Penales con competencia en delitos flagrantes de Guayaquil, que falsificaba los certificados vehiculares bajo presiones, y no por voluntad propia.

“Nosotros desconocíamos de este tipo de documentos, nos estaban obligando a que hagamos ese trabajo, antes sí hacíamos con permiso legal. Fui amenazado”.

Henry David C. R., procesado

El procesado se encargaba de la imprenta desde 2009, un negocio que comenzó como “actividades de impresión de libros”, señaló su abogada al insistirle al juez que disponga medidas cautelares para su defendido, quien no tiene antecedentes penales.

En su declaración, Henry David C. dejó pendiente el origen de las amenazas que lo habrían llevado a cometer el delito de falsificación de documentos públicos que, según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), se castiga con prisión de 5 a 7 años, por atentar contra la fe pública.

Otros dos procesados, Orlando V. y Alexander S., alegaron que desconocían que los documentos eran falsificados, y la abogada de ambos pidió que se realice un peritaje para “no adelantar criterio” y confirmar que las impresiones sean forjadas.

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Orlando V. declaró que no tiene un contrato de trabajo y que la Policía no detalló la actividad que presuntamente realizaría en la imprenta. Mientras que Alexander S. afirmó que ha sido procesado en condición de “denunciante” y que su vida corre peligro.

“Mi defendido está siendo amenazado, lo quieren matar. No posee antecedentes penales, no tiene ninguna causa en trámite ni archivada”, argumentó su abogada, mientras que Bertha G. y Angélica V. dijeron que trabajaban de “manera eventual” en el local comercial.

“Yo llego, hago la limpieza y hago (imprimo) libros y revistas, lo que es manufactura”, dijo Bertha. Angélica agregó: “Yo trabajaba eventualmente en esa imprenta”.

Denuncia reservada

La imprenta Ingraf, ubicada en el centro de Guayaquil, fue allanada el mediodía del 4 de agosto por un grupo de agentes de la Policía Judicial que habían recibido de parte de la ciudadanía, y de manera reservada, la denuncia de una red que imprimía documentos falsos de tránsito.

Personal de la Policía Judicial de la Zona 8 “obtuvo información sobre un local comercial en el que varias personas presuntamente se encontraban dedicadas a la elaboración ilícita de documentos de matriculación y revisión técnica vehicular, sin contar con la autorización y acreditación legal para la emisión de dichos documentos”.

Los certificados correspondían a seis Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) del país: Bucay, Balzar, Naranjal, Rumiñahui, San Vicente y Junín, correspondientes a las provincias de Guayas, Pichincha y Manabí.

Durante el operativo, la Policía halló al personal de la imprenta en plenas labores de falsificación y decomisó seis teléfonos celulares, trece especies de revisión técnica vehicular, sellos holográficos con la leyenda ‘República del Ecuador’, 65 planchas litográficas para impresión, un rollo holográfico plateado y otro dorado.

En total, unas 10.000 especies de revisión técnica se hallaron en el local comercial, documentos que fueron considerados como pruebas y enviados al Centro de Acopio de Indicios y Evidencias de la Policía de la Zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y Samborondón.

Los procesados fueron llevados al Cuartel Modelo, en el norte de Guayaquil, y el juez dispuso prisión para nueve, entre ellos seis hombres: Henry C., Javier P., Carlos Ch., Orlando V., Ángel H. y Alexander S. También se ordenó privación de libertad contra tres mujeres: Bertha G., Azucena Q., Angélica V. Para Eduardo O., adulto mayor de 65 años, se resolvió arresto domiciliario.

El funcionamiento de centros clandestinos donde se falsifican documentos de tránsito se repite en Guayaquil y en otros cantones del país. La desarticulación de la red que operaba en la imprenta Ingraf se produce a un año de que, en julio del 2025, se descubriera una vivienda, en el suburbio oeste, que era “base de operaciones” de una red con alcance en 27 cantones.

El inmueble, ubicado en las calles 33 y Callejón Parra, tenía un pasillo que conectaba con otro inmueble que servía como “extensión logística” para la organización delictiva. El único detenido, un carpintero de 50 años y con dos órdenes de captura por delitos como violencia contra la mujer, delató a la red que fue descubierta con 40.230 certificados falsos listos para imprimir.