Violencia, impunidad y crisis carcelaria ingresan a Ecuador en el índice mundial de tortura

La segunda edición del Índice Global de Tortura, presentada el 25 de junio de 2026 por la Organización Mundial Contra la Tortura, documenta una brecha persistente entre los marcos legales y la realidad. El reporte evalúa a 39 países, incluyendo a Ecuador por primera ocasión.

El país ingresó al listado en la categoría de alto riesgo, tras un reportado deterioro de los derechos humanos durante el estado de emergencia iniciado en 2024. El informe detalla que la seguridad pública fue militarizada sin control civil efectivo, facilitando múltiples detenciones arbitrarias y restricciones indebidas a las garantías judiciales y procesales.

Las estadísticas oficiales recogidas por el reporte exponen una grave impunidad estructural en todo el país. Entre 2024 y 2026 se registraron 369 denuncias por casos de tortura.

Militarización y crisis penitenciaria en Ecuador

Según el informe, el escenario ecuatoriano se encuentra directamente influenciado por la aplicación sistemática de estados de excepción desde 2024, un factor que, para los investigadores, ha ampliado los poderes de las Fuerzas Armadas sin la debida supervisión civil. 

Las organizaciones de derechos humanos consultadas por la Organización Mundial Contra la Tortura documentan un "patrón de abuso" evidenciado durante las movilizaciones de 2025, donde estas agrupaciones reportaron 391 violaciones a los derechos fundamentales, 206 detenciones arbitrarias, 473 personas heridas y al menos dos fallecidos a causa del uso excesivo de la fuerza. 

• Cárcel más mortífera del país: la Penitenciaría del Litoral suma 592 muertes en 2025 entre hacinamiento y tuberculosis

Como parte del denominado Plan Fénix, entre enero y mayo de 2024 las cifras oficiales recogidas por el informe reportan 35.000 detenciones, un volumen de intervenciones que -para la investigación- sugiere un posible uso discrecional de las medidas antiterroristas.

En este contexto, el Informe registra al menos 51 desapariciones forzadas presuntamente cometidas por agentes del Estado durante operativos de seguridad.

En el ámbito carcelario, el documento asegura que los 38.299 presos enfrentan condiciones de insalubridad y hacinamiento extremo, situación que habría derivado en el registro de más de 1.000 casos de tuberculosis en 2025 y en la muerte de 346 internos en Guayaquil durante los primeros meses de 2026.

Y que la violencia interna de las prisiones también cobró vidas mediante masacres, destacando un motín en la prisión de Esmeraldas con 17 víctimas mortales y una explosión en Machala con 13 decesos, motivando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a dictar medidas cautelares para proteger el recinto penitenciario de Guayas.

Escenario en América

A nivel regional, el informe sostiene que la aplicación de la tortura constituye un problema sistémico a nivel continental. Los datos señalan que de los ocho países evaluados, siete de ellos, correspondientes a Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua y Venezuela, mantienen una calificación de riesgo alto o muy alto ante la ocurrencia de estos abusos institucionales.

Por su parte, Argentina figura en la clasificación de riesgo considerable, con un contexto reportado de deterioro de los espacios cívicos y violencia policial.

El reporte asegura que la falta de protección es aguda en todo el territorio americano, puesto que seis de los ocho países evaluados reprobaron en las métricas relacionadas con los derechos de las víctimas y su acceso a mecanismos de rehabilitación.

El índice, además, resalta que, a pesar de que varias jurisdicciones incluyen el delito de tortura en su legislación penal, sus definiciones no cumplen con las directrices de la Convención contra la Tortura.