1,4 toneladas de explosivos siguen bajo tierra en la comunidad Sarayaku de la Amazonía de Ecuador

La comunidad indígena de Sarayaku insiste en que el Estado retire los cerca de 1,4 toneladas de explosivos que continúan enterrados bajo tierra en un punto de la provincia de Pastaza, pese que una sentencia emitida por la Corte Constitucional (CC) en 2023 obligaba a Ecuador a tomar esa acción en un año.

La disposición de la CC, sin embargo, lo que hizo en realidad fue obligar al Estado a que cumpla lo que ya había sido ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en 2012, en un histórico caso contra las concesiones de compañías petroleras en la zona.

Este caso es el único que ha aceptado la Corte IDH contra Ecuador desde 1987.

Explosivos colocados por una petrolera Argentina

Esa cantidad considerable de explosivos fueron colocados en 2002 por la petrolera argentina Compañía General de Combustibles (CGC), que se retiró de Sarayaku en 2004 tras terminar un contrato con el Gobierno, según recoge el portal Mongabay.

Reportes de Reuters indican que en 2009 la CGC notificaba a Ecuador de una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones y que en 2010 el Estado acordó finalizar los contratos con esta petrolera argentina.

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Los explosivos habían sido puestos durante la fase de exploración para estimar cuánto crudo había en la zona.

Sarayaku tiene una población de 1.500 personas repartidas en 144.000 hectáreas en este territorio considerado ancestral.

Ecuador, en 1996, había cedido a CGC un bloque de 200.000 hectáreas en Pastaza.

Comunidad Sarayaku señala la ausencia del Estado

"El Estado en algún momento debe cumplir porque nosotros no vamos a soltar esas sentencias", dijo Patrucia Gualinga, una de las principales voces de la lucha anti petrolera de Sarayaku, a la agencia EFE.

Gualinga es miembro del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas 2026-28.

En la sentencia que la Corte IDH emitió en 2012 se disponía el pago de una indemnización, el retiro de los explosivos de tipo pentolita así como un acto público de reconocimiento, entre otros apartados.

"Las disculpas públicas se cumplieron a medias", pero sí se abonó la "indemnización", ha afirmado Samai Gualina, vicepresidenta de Saryaku a EFE.

"Ya va un año y medio, casi dos [desde la sentencia de la CC] y no ha habido siquiera un acercamiento real por parte del Estado para ponerla en marcha", sostiene Cristina Melo, abogada de la Fundación Pachamama e hija de Mario Melo, el jurista que llevó el caso de Sarayaku.