Con estos argumentos el CES interviene en la Universidad Amawtay Wasi

La intervención de la Universidad Amawtay Wasi, que se concretó el 15 de julio de 2026 tras una decisión del Consejo de Educación Superior, tiene como base un informe que apunta a una "violencia institucional" y una "grave conmoción social" que ocurriría en un ambiente de "creciente conflictividad" al interior de la institución.

Esta intervención, cuya comisión estará liderada por la hasta ahora vicerrectora académica de la Universidad de Seguridad Ciudadana y Ciencias Policiales, se suma a la crisis presupuestaria de la Amawtay Wasi después de que el Gobierno recortó sus recursos en un 69%, de USD 12,2 millones en 2025 a USD 3,8 millones en 2026.

Esta medida del CES contra la Universidad Amawtay Wasi, surgió luego de la revisión de un informe técnico emitido el 10 de julio por la Comisión de Investigación del caso. Dicho informe fue elaborado después de que el organismo de control recibió una denuncia el 1 de julio, en la que un estudiante afirmaba que al interior de la institución educativa existían condiciones de grave conmoción interna que podían ameritar una intervención.

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Una "creciente conflictividad"

Según el informe del 10 de julio, que a su vez recoge las conclusiones de otros documentos elaborados por otras coordinaciones y comisiones del CES, dentro de la Universidad Amawtay Wasi existirían irregularidades de tipo académico, administrativo, económico-financiero. 

Además, la Comisión dijo haber encontrado situaciones de violencia institucional "caracterizadas por conductas discriminatorias, mecanismos de presión, hostigamiento, intimidación y represalias", que afirman no han podido ser resueltas con los mecanismos internos y que han generado una "creciente conflictividad".

Esta "violencia" institucional", argumentan, ha producido una "conmoción social que puede seguir escalando" y que atentaría con el normal funcionamiento de la universidad.

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Por esta razón, la Comisión liderada por el presidente del CES, Fidel Márquez, también recomendó al Pleno la intervención de la Universidad Amawtay Wasi sin un informe previo del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES), al considerar que existe un caso excepcional "grave conmoción interna", como indica el artículo 45 del Reglamento de Intervención.

Según el Reglamento, en estos casos expecionales las intervenciones tienen una vigencia máxima de 90 días plazo, con posibilidad a prorrogarse.

Cumplimiento de causales de intervención

Para que una universidad sea intervenida por el CES, deben cumplirse tres causales según el artículo 199 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES).

De acuerdo con un informe técnico elaborado por la Coordinación de Monitoreo del CES citado por la Comisión, la primera causal -de violación de disposiciones constitucionales, legales o normativas-, se habría cumplido con una inhabilitación inicial de Armando Muyolema para participar en el proceso electoral que lo llevó al rectorado, pues no contaba con cédula de ciudadanía. 

A esto se suma una supuesta irregularidad en la conformación del Órgano Colegiado Superior de la universidad y una "inestabilidad en la planificación curricular evidenciada en tres modificaciones sucesivas de la malla de estudios de la carrera".

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Respecto a la segunda causal -sobre irregularidades académicas, administrativas o económicas-, la Coordinación de Monitoreo del CES hace referencia a un informe de la Comisión de Posgrados que, dicen, "evidencia" la presencia de profesores con títulos de ingeniería para impartir las cátedras de Derecho. Sin embargo, este último informe también indica que era necesario verifica la existencia de incumplimientos normativos concretos al referirse a las denuncia sobre la naturaleza del personal docente.

Respecto a la última causal- sobre violencia institucional-, la Coordinación de Monitoreo dice que el informe de la Comisión de Posgrados "describe conductas discriminatorias" por parte de docentes hacia alumnos. Sin embargo, en el mismo documento indicaban que era necesario realizar más indagaciones para determinar si los relatos incluidos en la denuncia del 1 de julio "pueden o no ser resueltos adecuadamente" con los mecanismos internos de la universidad.

Limitaciones , dependencia de otras universidades y restricciones presupuestarias

Los documentos presentados ante el Pleno del CES también hacen referencia a una visita de oficio a la universidad que el Consejo realizó el 23 de junio, antes de la recepción de las denuncias, en la que la Coordinación de Monitoreo habría identificado "limitaciones en la capacidad instalada para el desarrollo de la oferta académica", una "marcada dependencia" de infraestructuras de otras instituciones y "una planta académica integrada mayoritariamente por docentes ocasionales", entre otros aspectos.

Además la Coordinación evidenció "una baja ejecución de recursos destinados al fortalecimiento institucional”.

Respecto a estas afirmaciones, la vicerrectora académica de la universidad, Cristina Benavides, alega que las limitaciones en capacidad y el uso de otras infraestructuras obedecen a que el Gobierno no ha hecho entrega de un terreno en Conocoto para la construcción de un campus, como había prometido en junio de 2025. 

A su vez, la académica comenta ha sido la falta de recursos la que les ha obligado a realizar contrataciones ocasionales de docentes.

"Conflictos institucionales persistentes"

El Consejo también dice que halló “elementos relacionados con la existencia de conflictos institucionales persistentes, mecanismos de presión, hostigamiento y estigmatización” e hizo observaciones sobre al procesamiento interno de denuncias.

Respecto al manejo de las denuncias, el CES señaló que dentro de la institución “se evidencian actuaciones administrativas que habrían impedido el tratamiento efectivo” de estas alertas. Por esto, el CES argumentó que no existen mecanismos eficaces dentro de la institución para restablecer condiciones adecuadas de gobernanza y convivencia universitaria.

En el informe técnico laborado por la Coordinación de Monitoreo, el ente afirma que también constató "dinámicas de presión e intimidación ejecutadas por grupos internos alineados con el Rector", que supuestamente obligaban a asistir a marchas y asambleas.

Sandra Palma, representante de un frente estudiantil de la universidad, aseguró a PRIMICIAS el 7 de julio que, contrario a lo señalado en otra denuncia presentada su nombre de forma irregular y que finalmente fue archivada, es falso que su organización haya sido presuntamente usada por las autoridades para realizar "adoctrinamiento". 

Al ser consultada por lo expuesto en el informe técnico de la Coordinación de Monitoreo, Palma afirmó que no obligan a los estudiantes a participan en manifestaciones o asambleas y que respetan la postura de quienes no están de acuerdo con esas medidas.

En una manifestación pacífica realizada el 14 de julio, estudiantes, docentes y docentes técnicos recientemente desvinculados de la Universidad Amawtay Wasi expresaron que sentían habían motivaciones políticas en la intervención de la institución.

PRIMICIAS solicitó una entrevista con el CES para abordar los argumentos dados para la intervención de la Universidad Amawtay Wasi. Desde el CES indicaron solicitarían información al área técnica para ser remitida. Hasta el cierre de este reportaje no hay respuesta.