Alcalde de Machala, Darío Macas, y su esposa aumentaron su patrimonio en USD 6 millones, informa Fiscalía
La Fiscalía y el ministro del Interior, John Reimberg, informaron que alcalde de Machala, Darío Macas, y su esposa habrían incrementado su patrimonio en seis años. Así se movió el dinero a través de una empresa que tenía contratos con la Alcaldía.

Darío Macas, alcalde de Machala, en una reunión el 29 de junio de 2026.
- Foto
Facebook Darío Macas
Autor:
redacción Primicias
Actualizada:
Compartir:
Un investigación de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) derivó en la detención del alcalde de Machala, Darío Macas, su esposa Carmen Chávez y Andrea Icaza, amiga cercana de la pareja, informó este 6 de julio de 2026 el ministro del Interior, John Reimberg.
En una rueda de prensa, Reimberg dijo que varias empresas fantasmas han sido utilizadas para el movimiento de dinero. En una de ellas Macas tenía el 90% de acciones.
Esta empresa ofrecía servicios al Municipio de Machala y las oficinas estaban a frente a la casa del Alcalde, dijo el ministro.
A través de movimientos económicos entre depósitos y retiros se movieron unos USD 6 millones.
Incremento de patrimonio en seis años, según Fiscalía
Macas fue detenido mientras se encontraba en el interior de su casa en la urbanización Las Crucitas. Un video en redes sociales lo muestra sometido en el piso mientras un policía le pregunta el nombre.
De acuerdo con Fiscalía, se presume que el alcalde de Machala, Darío Macas y su esposa habrían incrementado —de forma injustificada— su patrimonio en aproximadamente USD 6 millones, entre 2019 y 2025.
En 2019 Darío Macas llegó por primera vez a la alcaldía de Machala tras ganar la elección con Unidad Popular y Avanza. Ocupó el cargo hasta 2023.
El político se lanzó a la reelección con la Revolución Ciudadana y ganó para un segundo periodo entre 2023-2027.
El enriquecimiento ilícito sucede cuando la riqueza de una persona aumenta, pero no puede justificarse con sus ingresos o actividades legales.
Este delito se sanciona con cárcel de entre siete y 10 años cuando el incremento patrimonial injustificado es superior a los 400 salarios básicos unificados.
Compartir:







