“Mi hermano se dedica a hacer estos trámites”, confesó detenido en centro clandestino que falsificaba matrículas de tránsito en Guayaquil

La vivienda allanada durante un operativo policial el jueves 10 de julio de 2025, en el suburbio de Guayaquil, no era la única que funcionaba como la base de operaciones de un centro clandestino que falsificaba documentos de tránsito y que perjudicó a 27 cantones de Ecuador.

Junto a ese domicilio, ubicado en las calles 33 y Callejón Parra, en un allanamiento posterior, la Policía determinó que otro inmueble servía como extensión logística para la organización delictiva. La información se obtuvo de la confesión del único detenido Carlos Alberto M. B.

• En 45 segundos, policías hicieron control que toma nueve minutos y dejaron salir cargamento con drogas desde Ecuador a España, alega la Fiscalía

Este carpintero, de 50 años y con dos órdenes de captura por el delito de violación, fue hallado en la vivienda con documentos falsos de tránsito la noche de 10 de julio, luego de que la Policía fuera advertida, con denuncias anónimas, de cómo operaba este centro clandestino.

“Dicha intervención se ejecutó en atención a información reservada que alertaba sobre varios inmuebles de una y dos plantas, los cuales, según reportes, operaban como centros clandestinos de producción, acopio y distribución de documentos fraudulentos”.

Policía Nacional

En el reporte del operativo se detalló el modus operandi de esta organización que falsificaba bajo pedido “específicamente certificados de revisión técnica vehicular, matrículas vehiculares y licencias de conducir”, documentos necesarios para los conductores en el país.

En el inmueble 1, donde fue detenido Carlos Alberto M. B., los agentes policiales encontraron estantes de oficina, algunos anaqueles sostenidos en las paredes y cientos de documentos que tenían la leyenda de trámites de tránsito, además de distintivos adhesivos que se usaban para adjuntar los documentos como ‘sellos de garantía’.

“Los documentos se encontraban apilados en cientos y posiblemente miles de hojas, algunos con nombres de cantones correspondientes a diferentes provincias del país, lo que indicaría un patrón sistemático de falsificación a escala nacional”, señalan los informes del operativo.

Y no solo se hallaron documentos de las agencias de tránsito de los municipios sino también de otras instituciones. Por ejemplo, entre lo decomisado se obtuvo textos impresos en los que se leía “Certificados Escuela de Conductores Espol E.P.”, además de soportes de papel con textos titulados “Jeep Cooperativa Ahorro y Crédito”, recibos con textos “Banco del Pacífico” y “Servientrega”.

Mientras que los certificados de las agencias de tránsito correspondían a 27 cantones, estos son: Bucay, Playas, Quito, Pallatanga, Salitre, Naranjal, San Felipe, Durán, Chordeleg, Flavio Alfaro, Puerto López, Quinindé, Balzar, Puerto Quito, Junín, Muisne, Manta, Vinces, Palestina, Chone, San Vicente, Veinticuatro de Mayo, Cayambe, Cotopaxi, Rumiñahui, Ambato y Pucará.

Al detenido Carlos Alberto M. B. la Policía examinó sus antecedentes penales y confirmó que registraba dos órdenes judiciales vigentes emitidas por la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer del cantón Santa Cruz, en las Islas Galápagos.

La primera orden de detención se dispuso el 27 de marzo de 2023, con fines investigativos por el delito de violación, mientras que la segunda boleta de captura, por el mismo delito, se emitió el 1 de febrero de 2024. Ambas órdenes fueron resueltas por el juez Juan Carlos Sosa.

Carlos Alberto M. B. tenía un domicilio registrado en la isla de Santa Cruz, en las calles Karl Angermeyer y Seymour. La Policía sospecha que para evadir las órdenes de detención habría llegado a Guayaquil el año pasado y habitaba la vivienda allanada por el Bloque de Seguridad.

Según la Policía, el detenido no puso resistencia y permitió voluntariamente que se realice el allanamiento. Sin embargo, les confesó a los agentes que el material documental que fue decomisado no le pertenecería a él sino a un familiar.

“Por información proporcionada por el señor Carlos Alberto M. B. conocimos que su hermano de nombres David John M. B. sería la persona que se dedicaría a realizar estos trámites y que habitaba junto a su domicilio, información dada posterior a la intervención realizada”, señalaron los policías.

Con esta confesión, también se allanaron las instalaciones de la vivienda de David John M. B. y la Policía logró recabar nuevos indicios que confirmaban la participación del nuevo implicado en el delito de “falsificación y uso doloso de documentos falsos”, que el Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona con prisión de cinco a siete años.

En esta vivienda, identificado como inmueble 2, la Policía descubrió 699 soportes de papel con textos impresos de matriculación vehicular del municipio de Tosagua y 1.623 de revisión vehicular de ese mismo cantón.

En ambos inmuebles la suma de documentos y certificados listos para imprimir con el nombre de los beneficiarios alcanzaba los 40.230, según contabilizó PRIMICIAS con base en las bitácoras de evidencias recogidas por la Policía y que fueron presentadas ante la fiscal Margarita Neira, quien presidió la audiencia de formulación de cargos del acusado.

Durante la audiencia, la Fiscalía solicitó la prisión para el detenido, pedido que fue acogido por el juez Iván Tirsio Muñoz, pese a la argumentación de Édison Gómez, abogado de la Defensoría Pública que asumió el caso de Carlos Alberto M. B.

“Considerando que el ciudadano estaba en el lugar donde se encontró documentos públicos que son utilizados para trámites de matriculación vehicular y al no haber justificado el por qué tenía esos documentos se califica de legal la aprehensión”.

Tirsio Muñoz, juez

Además, el juez sumó como agravante para ratificar la prisión el hecho de que el detenido no compareció a los procesos en los que se lo investigaba por el delito de violación, por los cuales tenía pendiente dos boletas de captura.