Desde 1990 hasta 2018, la tala ilegal de bosques se ha concentrado en ocho provincias de la Amazonía y de la Costa. El Ministerio del Ambiente estima que habrá más perdidas del hábitat forestal en 2021.
La tala ilegal de árboles sigue uno de los mayores problemas ambientales para el Estado. De hecho, las últimas cifras que maneja el Ministerio del Ambiente (MAE) muestran que entre 1990 y 2018 el país perdió alrededor de dos millones de hectáreas de bosques naturales.
Mientras que la subsecretaria de Patrimonio Natural del MAE, Glenda Ortega, explica que aún no se cuentan con las cifras de 2019 y de 2020, pues los informes que la entidad emite son bianuales. Esto significa, entonces, que las pérdidas serán mayores hasta que finalice 2021.
Ortega detalla que las provincias de Amazonía, además de Manabí y Esmeraldas, registran la mayor cantidad de tala y deforestación.
Mientras que en las de la Sierra Norte, Azuay, Chimborazo, Cotopaxi, Guayas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Tungurahua se produce la comercialización de la madera ilegal, señala Ortega.
Y dice que las especies, que se talan sin permisos ambientales, son el eucalipto, el laurel, el pino, el chuncho, copal y la balsa; esta última llega hasta el mercado internacional.
14 puntos de control en el país
Para intentar reducir la tala ilegal, el Ministerio del Ambiente cuenta con 14 puntos fijos de control en el país:
- Cuatro en Esmeraldas.
- Tres en Pastaza.
- Dos en Imbabura.
- Morona Santiago.
- Orellana.
- Sucumbíos.
- Napo.
- Pichincha.
Glenda Ortega, del Ministerio del Ambiente, dice que la entidad también realiza operativos en carreteras y en áreas protegidas para evitar la tala indiscriminada.
"Un aspecto importante que ha ayudado a reducir las cifras de tala ilegal en los últimos años es el Código Integral Penal que entró en vigencia en 2014", señala Ortega. Esta normativa contempla una sanción de uno a tres años a quienes comentan delitos en contra de especies forestales.
Juan Carlos Palacios, representante de la Corporación de Manejo Forestal Sustentable, estima que el 60% de los dos millones de hectáreas perdidas ocurrió en la década de los 90 cuando no había leyes que protejan a los bosques.
"En ese período, el 80% de la madera que se talaba era de bosques nativos y el 20% de plantaciones comerciales. Ahora, las cifras son al revés, gracias a la creación de normativas", explica.
Para Palacios, el Gobierno debe ampliar el número de hectáreas de bosques protegidos para evitar la extinción de especies.
Por su parte, Ortega dice que el Ministerio del Ambiente cuenta con 1,6 millones de hectáreas de bosque protegido y que espera reforestar otras 26.000 hectáreas hasta 2022.
Según el plan del Gobierno de Guillermo Lasso, presentado al Consejo Nacional Electoral (CNE), el objetivo es plantar un millón de hectáreas en los cuatro años de gestión.
Pero según Palacios, esta es una meta difícil de cumplir, y cree que una cifra posible de sembrar sería 300.000 hectáreas.
La industria formal es la perjudicada
El director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Industriales de la Madera, Christian Riofrío, señala que la industria formal es la mayor perjudicada por la tala ilegal de madera. Y expone dos razones:
- La madera ilegal no llega a las empresas formales porque estas no compran materia prima que no cumpla con la normativa.
- Esto deriva en que las empresas que no cumplen con la ley utilicen ese recurso y ocasionen un comercio desleal.
A esto se suma los problemas ambientales que produce la tala ilegal y que constituyen un peligro para la sustentabilidad de la industria.
Riofrío cree que es difícil luchar contra este problema, aunque considera que es posible hacerlo con mayores controles de la autoridad ambiental y pidiendo a la ciudadanía que compre productos elaborados por la industria formal.
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