Los familiares de las personas privadas de libertad hacen bingos o se endeudan para cubrir su alimentación y hasta su seguridad en las cárceles.
La vida en las cárceles del país es dura. Son las 16:00, Guayaquil está nublado y Guillermina acomoda unas sillas de plástico en la vereda, afuera de su casa en Bastión Popular, mientras sus dos hijas ordenan en el tablero del bingo las bolas con números y cartillas.
Esperan a vecinos y familiares que buscan llevarse los premios a su casa, como alimentos, arroz, frijoles y atún, donados incluso por ellos mismos.
Lo recaudado servirá para transferirlo al economato de la Penitenciaría del Litoral, donde se encuentra su hijo desde hace siete meses. “Hay que pagar abogados para que se mueva (el caso)”, dice Guillermina.
La crisis en el sistema penitenciario de Ecuador obliga a los familiares de las personas privadas de libertad a incurrir en gastos que les significa entre USD 124 y USD 251 al mes, según un estudio realizado por el Centro de Etnografía Interdisciplinaria (Kaleidos).
Eso sirve para pagar sus necesidades más básicas, como la alimentación, que el Estado está obligado a cubrir. También útiles de aseo y la visita familiar una vez al mes, o hasta para que ellos puedan comunicarse y garantizar su seguridad dentro de la cárcel.
Las mujeres son las que llevan la mayor carga de esos gastos. La encuesta detectó que el 62% de quienes cubren los costos de mantener a la persona privada de libertad, corresponde a la esposa, pareja o la madre del detenido.
Y la situación económica de los allegados es precaria y en el mejor de los casos modesta. El informe indicó que el promedio de ingresos mensuales reportados entre las personas encuestadas es de USD 282, por debajo incluso del salario básico.
Solo la visita íntima que pueden tener al mes, representa un gasto de USD 50 como mínimo, dice Andrea. “Sin traerle nada a él, solo en la visita normal gasto eso, por el transporte, comer aquí, el alquiler para dejar las cosas, todo suma”.
Para que él pueda llamarla por teléfono dos horas diarias, debe depositar USD 7 semanales.
“Le dan una hora en la mañana y una hora en la tarde y cuando puedo le deposito USD 20 dólares para el economato”, dice Andrea, quien también asume los gastos y crianza de su hijo de ocho meses.
Esos USD 80 mensuales es un valor superior a lo que el Estado gasta en la alimentación de cada preso, que son cerca de USD 2,50; es decir, USD 75 por mes.
El economato es la despensa que hay en la cárcel, donde el preso puede comprar galletas, leche, algo que le ayude a completar su alimentación, o también le sirve para intercambiarlo por otro objeto o servicio que necesite, como una llamada o incluso seguridad.
“En el mejor de los casos le deposito USD 60 mensuales”, dice Lucía, quien trabaja como empleada doméstica y recibe el sueldo básico, con el que sostiene también a sus cuatro hijos.
Mujeres esperan que les permitan ingresar para visitar a sus familiares presos en la cárcel de Guayaquil, el 8 de diciembre de 2021
Otras mujeres se apoyan en sus familias, que colaboran con una cuota para que sus esposos o hijos sobrevivan en la cárcel.
Esto sin contar con los gastos judiciales. Según el estudio, el 83% de las personas encuestadas reportó haber tenido que endeudarse para cubrir los gastos de su familiar en prisión.
Y un 60% admitió que ha sido extorsionada para salvaguardar la seguridad de sus familiares en prisión, otro negocio lucrativo del crimen organizado que opera dentro y fuera de las cárceles.
Los familiares de los presos también deben proveer del colchón, medicinas o tratamientos completos en los casos de personas que tienen enfermedades catastróficas.
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