Chevron asegura que la deuda de Ecuador sube USD 33.700 por día y exige un millonario depósito de garantía
Las compañías Chevron y TexPet acudieron a una corte de Washington para exigir que Ecuador cumpla con el pago del laudo arbitral emitido en La Haya. La deuda superaría los USD 224 millones e incluiría fuertes intereses diarios. Mientras el país intenta anular la sentencia en Europa, las petroleras demandan el depósito de una garantía financiera y el pago total de sus costos legales.
Una de las marchas realizada por la Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones Petroleras de Texaco (UDAPT), tomada de su página de Facebook el 10 de diciembre de 2024.
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UDAPT
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El prolongado conflicto que enfrenta al Estado ecuatoriano con la corporación petrolera Chevron y su filial TexPet suma un nuevo episodio judicial. El 17 de julio de 2026, ambas compañías ingresaron una demanda en una corte de Washington.
El propósito central de esta medida es que la justicia de los Estados Unidos ordene la ejecución inmediata de un pago a favor de la multinacional. Se trata de un laudo emitido desde La Haya el 17 de noviembre de 2025.
Los documentos judiciales de Estados Unidos, a los que PRIMICIAS tuvo acceso, revelan que la exigencia económica asciende a la suma de USD 224.380.051,06. El monto total incluye los daños, intereses previos y una tasa diaria de recargos acumulados generados hasta julio de 2026.
Frente a la negativa de Ecuador a cancelar esta obligación financiera argumentada por Chevron, las petroleras acudieron a los tribunales norteamericanos para reclamar el dinero derivado de este complejo conflicto legal de ya más de 17 años.
Una deuda que crece diariamente
Tras la presentación de la demanda, el proceso legal para ejecutar el millonario cobro recayó en el despacho del juez John D. Bates tras el respectivo sorteo oficial. Todo inició tras el pago de una tasa inicial de presentación judicial fijada en USD 405 por parte de los abogados.
La base principal de este cobro se desprende del laudo internacional, cuyo texto definitivo fue corregido mediante una decisión del 5 de febrero de 2026. Tras un análisis de las cifras, el tribunal de La Haya determinó que el daño principal ascendía exactamente a USD 175,7 millones.
A este millonario valor base se sumaron otros USD 40,4 millones correspondientes a los intereses generados justo antes de la emisión de la decisión arbitral. Pero hubo otro recargo posterior.
El tribunal internacional fijó una tasa equivalente a las letras del Tesoro de los Estados Unidos a un año, más un recargo adicional del 2%. Esta fórmula matemática provoca que la deuda general crezca a un ritmo de USD 33.700 diarios.
Hasta la presentación de la demanda en Washington, el 17 de julio de 2026, estos intereses posteriores ya sumaban USD 8,1 millones. De esta manera, el valor total acumulado supera la barrera de los USD 224,3 millones.
La estrategia ecuatoriana
Mientras la demanda avanza en Estados Unidos, la defensa de Ecuador -según los documentos internacionales- mantiene activa una última carta judicial en territorio europeo. El 13 de marzo de 2026, la representación oficial notificó a la justicia de los Países Bajos una solicitud formal para anular el laudo.
Este documento inicial fue posteriormente complementado con una rectificación procedimental ingresada a las cortes el 13 de abril del mismo año. El argumento central planteado por Ecuador para evadir el pago sostiene una nueva teoría sobre los polémicos orígenes de este conflicto.
La defensa estatal plantea que las empresas permitieron el fallo de Lago Agrio a sabiendas de que se trataba de una sentencia corrupta. El objetivo detrás, según Ecuador, era utilizar el Tratado Bilateral de Inversiones como una especie de póliza de seguro para recuperar todo su dinero.
Los abogados norteamericanos califican esta postura del Estado como un argumento "absurdo o descabellado" frente a las evidencias.
Las empresas consideran que, a pesar de estas críticas cruzadas, este nuevo frente abierto en La Haya representa un obstáculo temporal para el cobro. Los cálculos advierten al juez que la corte neerlandesa podría demorar la emisión de su fallo definitivo hasta la segunda mitad de 2027 o inicios de 2028.
Las exigencias de Chevron
Ante la posibilidad de que el juez estadounidense decida pausar el cobro de la deuda mientras se resuelve el pedido en Europa, las corporaciones se blindaron. Las petroleras aseguran en sus escritos que un aplazamiento del proceso sería totalmente perjudicial y enormemente injustificado.
Si el tribunal del Distrito de Columbia opta por otorgar la suspensión temporal del pago, las compañías solicitan que se aplique una medida cautelar. Los demandantes buscan obligar legalmente a Ecuador a realizar el depósito inmediato de una garantía financiera directamente en la corte de Washington.
Esta garantía, según la demanda, debe obligatoriamente cubrir la totalidad de la deuda exigida en los tribunales.
Adicionalmente, las peticiones ingresadas en Washington no se limitan únicamente a conseguir la ejecución del fallo internacional contra el Estado. Los abogados solicitan que se condene a Ecuador a cubrir absolutamente todos los costos judiciales.
El portavoz de Chevron confirmó a PRIMICIAS que la compañía inició acciones legales para cobrar los USD 215 millones dictados a su favor en La Haya. Asimismo, explicó que el cobro busca recuperar los millonarios gastos incurridos al bloquear la sentencia fraudulenta y corrupta emitida en Lago Agrio.
PRIMICIAS consultó a la Procuraduría General del Estado su postura sobre los intereses diarios exigidos, la garantía financiera solicitada por las petroleras y los argumentos para la nulidad europea. Hasta el cierre de esta edición, la entidad no emitió un pronunciamiento.
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