Chevron demanda a Ecuador en Estados Unidos para exigir el cobro de un laudo millonario
Las compañías Chevron y TexPet acudieron a una corte de Washington para exigir que el Estado ecuatoriano cumpla con el pago del laudo arbitral emitido en La Haya. La deuda supera los USD 224 millones e incluye los intereses acumulados. Ecuador aún no ha cancelado estos valores, derivados de un prolongado litigio ambiental impulsado hace más de dos décadas.
Las oficinas de la petrolera estadounidense Chevron en Perth, Australia, en una fotografía de septiembre de 2025.
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Antony Dickson / AFP
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El gigante petrolero estadounidense Chevron y su filial TexPet abrieron un nuevo frente judicial contra el Estado ecuatoriano. El 17 de julio de 2026, las empresas presentaron una petición formal ante la Corte del Distrito de Columbia.
El objetivo principal de esta acción legal es lograr que la justicia norteamericana reconozca y ejecute las obligaciones compensatorias dictadas a favor de las petroleras. Este laudo fue emitido en La Haya el 17 de noviembre de 2025.
Según los documentos ingresados al proceso, el monto adeudado asciende a USD 224,3 millones. Esta cifra incluye los daños, los intereses previos a la decisión arbitral y los recargos acumulados generados hasta el mes en que se inició la causa.
Las compañías demandantes aseguran que Ecuador se ha negado por completo a pagar estos valores. Por este motivo, decidieron acudir a las cortes para cobrar la deuda derivada de esta compleja disputa que ha durado más de 17 años.
El nuevo caso en Estados Unidos
El 17 de julio de 2026, las petroleras Chevron y TexPet presentaron una petición formal ante la Corte del Distrito de Columbia para exigir el pago de USD 224.380.051,06.
El caso recayó, tres días después, en el despacho del juez John D. Bates. Las empresas contrataron al bufete internacional Kobre & Kim LLP, con los abogados Josef M. Klazen y Steven G. Kobre a la cabeza, quienes junto a un equipo de tres litigantes en Nueva York pagaron la tasa de presentación inicial para arrancar el proceso.
El monto exigido se desprende del laudo arbitral dictado en La Haya el 17 de noviembre de 2025 y corregido el 5 de febrero de 2026. La cifra base por daños asciende a USD 175,7 millones, valor al que se suman USD 40,4 millones por intereses previos a la decisión y USD 8,1 millones por recargos posteriores calculados hasta julio.
La estrategia legal de las compañías se ampara en la Convención de Nueva York y en el Tratado Bilateral de Inversiones suscrito entre Ecuador y Estados Unidos, argumentando que Ecuador renunció a su inmunidad soberana.
Los demandantes aseguran que el laudo es final y vinculante, y exigen que la justicia norteamericana ordene su ejecución inmediata para cubrir los daños, intereses y honorarios de los abogados contratados para este nuevo litigio, destacando que el Estado ecuatoriano no ha cancelado ningún valor hasta la fecha.
17 años de litigio
El origen de este conflicto se remonta a las operaciones petroleras del consorcio conformado por TexPet y la estatal Petroecuador, las cuales concluyeron en 1992.
Tras su salida, la compañía estadounidense firmó acuerdos de remediación y liberación de responsabilidades en 1995 y 1998 con el Estado ecuatoriano. A pesar de estos convenios, en mayo de 2003, un grupo de demandantes de la Amazonía inició un juicio ambiental en la corte de Lago Agrio contra Chevron, empresa que había adquirido a TexPet en 2001.
En 2011, la corte de Sucumbíos emitió una millonaria condena contra la petrolera por daños ambientales. Sin embargo, Chevron ya había iniciado en 2009 un arbitraje internacional ante la Corte Permanente de Arbitraje en La Haya, alegando que Ecuador violó el tratado de inversiones al permitir este juicio.
El punto de quiebre ocurrió el 30 de agosto de 2018, cuando los árbitros internacionales determinaron que la sentencia dictada en Lago Agrio fue redactada de forma corrupta por los abogados de los demandantes a cambio de sobornos.
Tras conocerse la responsabilidad del Estado, la disputa entró en una fase para cuantificar los daños. Chevron exigió más de USD 790 millones por los gastos legales incurridos alrededor del mundo, frente a un escenario que, según estimaciones de la Procuraduría General del Estado, superaba los USD 3.350 millones de riesgo para el país.
No obstante, los jueces internacionales aplicaron un estándar estricto y excluyeron el 85% de los costos relacionados con el uso de la ley contra el crimen organizado en Estados Unidos, argumentando que fue una estrategia excesivamente costosa.
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