Estas son 5 claves sobre los cambios y despidos de servidores del sector público

La Ley de Integridad Pública, vigente desde el 26 de junio, establece una serie de reformas a la Ley del Servicio Público (Losep), que apuntan a medir la eficiencia de los servidores públicos mediante evaluaciones de desempeño semestrales. 

El artículo 23 de la reforma legal condiciona la estabilidad laboral de los funcionarios al cumplimiento de funciones de manera eficiente, con base en los procesos de evaluación. 

​Las evaluaciones de desempeño también podrán aplicarse de oficio cuando exista una alerta de incumplimiento de la Losep y la norma técnica que deberá emitir la Cartera de Trabajo. 

Estos exámenes calificarán la calidad del trabajo, conducta institucional, eficacia en el uso del tiempo, responsabilidad, aportes al mejoramiento institucional, resultado del liderazgo de procesos internos, trabajo en equipo y, de ser el caso, la eficiencia en procesos de contratación pública. 

Las evaluaciones tendrán cinco niveles de calificación: excelente, muy bueno, satisfactorio, regular e insuficiente. Las dos últimas podrían derivar en una destitución. Sin embargo, una buena calificación también permitirá al trabajador acceder a concursos de ascensos, capacitaciones y reconocimientos. 

Según la Disposición Transitoria Novena de la ley, el Ministerio del Trabajo deberá iniciar a finales de octubre, a los 90 días de la entrada en vigencia de la norma, un proceso nacional de evaluación de desempeño a los servidores públicos.

Sin embargo, la Cartera laboral aún debe emitir la guía metodológica para esta primera evaluación, que, según la Ley, no tendrá "efectos sancionatorios". 

Los servidores públicos también podrían ser desvinculados bajo los parámetros de la Norma técnica para la supresión de puestos en las entidades del Estado, emitida el 24 de julio de 2025 por el Ministerio del Trabajo. 

La supresión de puestos, que implica la supresión de la partida presupuestaria, deberá estar sustentada en un informe de la unidad de talento humano de la entidad, que debe contener: 

• La justificación de las razones para la supresión, como duplicidad de funciones o puestos sobrevalorados, cambios en las competencias de la institución o procesos de reestructura interna, fusiones o supresiones de entidades, condiciones presupuestarias adversas, mejoras para aumentar la eficiencia de los servidores.
• El número y lista de asignaciones, con el detalle de servidores que se acogerán a la supresión de puestos y el presupuesto requerido para la indemnización. 
• Verificación de que los servidores públicos sujetos a la supresión de puestos no se encuentran impedidos de ejercer cargo público. 
• Verificación de que los servidores públicos no se encuentran dentro de las excepciones para implementar el proceso: personas con discapacidad o con personas a su cuidad, funcionarios en uso de licencia sin remuneración o comisión de servicios con remuneración, servidores ascendidos en períodos de prueba. 

Dentro de los procesos de supresión de puestos solo deberán incluirse a servidores que sean personal de carrera con nombramiento permanente, aclara la norma. 

La tarde del 24 de julio, el mismo día que se emitió y publicó en el Registro Oficial la Norma técnica para supresión de puestos en entidades públicas, la vocera del Gobierno, Carolina Jaramillo, anunció el despido de 5.000 servidores, por supresión de partidas. 

Según Jaramillo, el proceso de desvinculación se centraría en personal administrativo de las entidades de la Función Ejecutiva y trabajadores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). 

Los despidos no se hicieron esperar, algunos funcionarios recibieron la notificaciones en sus correos la misma tarde del 24 de julio. 

Jaramillo aseguró que existían informes de cada uno de esos funcionarios por baja eficiencia en el cumplimiento de su trabajo, lo que justificaba el despido. 

Además, aseveró que en los próximos meses se abrirían vacantes para incorporar a jóvenes al sector público, sin embargo, eso no ha ocurrido hasta ahora. 

Los recortes de personal también se han aplicado en las empresas públicas; solo en Petroecuador ocurrieron 1.256 despidos, entre junio y agosto, de una nómina que bordea los 10.000 trabajadores. 

Según el Registro Estadístico de Empleo en la Seguridad Social, del IESS, a junio de 2025, había 651.319 trabajadores en el sector público. 

Como parte de su plan de eficiencia administrativa, el Gobierno lleva adelante un proceso de fusión de 24 entidades, entre ministerios y secretarías, que también derivará en recortes de personal. 

Tras las fusiones, quedarán 14 ministerios de 20 que había en el país y solo tres de nueve secretarías públicas. 

Los ministerios cuyas competencias están siendo absorbidas por otros son: Vivienda, Cultura, Deporte, Ambiente, Educación Superior, Turismo, Mujer y Derechos Humanos. De igual manera, el Viceministerio de Acuacultura y Pesca, que pasa al Ministerio de Agricultura. 

A junio de 2025, las 24 entidades que se fusionan sumaban 13.810 empleados, según el portal de Transparencia de la Defensoría del Pueblo.

De los USD 723 millones previstos como gasto para 2025 por estas 24 entidades, el 67% o USD 484 millones se destina para gastos en remuneraciones. 

Según el Decreto Ejecutivo 115, del 5 de septiembre, la nueva estructura institucional y posiciones en las entidades que están siendo fusionadas, así como las remuneraciones de los servidores públicos que pasarán a formar parte de nuevas entidades, serán definidas por el Ministerio del Trabajo, en coordinación con la Cartera de Economía y Finanzas. 

La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, aclaró a PRIMICIAS el 8 de septiembre que los valores de las remuneraciones ya están establecidos en la tabla de escala salarial para los servidores públicos, cuya última modificación fue en enero de 2019. 

Pero, explicó que, si un funcionario cambia de posición jerárquica, su salario variará. Eso implica que algunos servidores podrían tener disminuciones en su remuneración. 

"Si un ministro pasa a ser viceministro ganará la remuneración del nuevo cargo a desempeñar", aclara Núñez. 

El Ministerio del Trabajo deberá elaborar los estatutos y manuales de puestos de los ministerios y secretarías que serán absorbidos por otras entidades, en los que se detallarán las nuevas posiciones y funciones que deberán desempeñar los servidores públicos. 

Por su parte, la ministra de Economía y Finanzas, Sariha Moya, explicó el 9 de septiembre en una entrevista televisiva que dentro de este proceso se hará una revisión de los perfiles con los que se requiere contar. 

"La medida de las fusiones busca eficiencia, es decir, con similares recursos, dar un mejor servicio a la ciudadanía. En ese proceso se verificará cuál es el nivel de personal que se requiere en cada área", añadió la titular de Economía y Finanzas.