Aumenta el número de cajas de ahorro que captan dinero de terceros y dan crédito sin autorización

El número de cajas de ahorro y cajas comunales que operan como si fuesen cooperativas de ahorro y crédito, sin serlo, preocupa a los agentes del sector de la Economía Popular y Solidaria.

Se trata de un problema que está aumentando sobre todo desde 2024, "y está saliéndose control", dice Édgar Peñaherrera, gerente de la Red de Integración de Cooperativas Icored, que agrupa a 47 cooperativas.

"Nos preocupa que hay muchas que están captando ahorros de terceras personas que no forman parte de las cajas y así también, que están prestando dinero a gente que es externa a las cajas y eso está prohibido por la normativa del sector", explica el vocero del gremio.

Peñaherrera menciona que estas cajas —que operan sobre todo en comunidades de la Sierra como Otavalo— están distorsionando el mercado y sobre endeudando a las personas. Pero, además, el vocero dice que hay altos riesgos de que estas entidades estén siendo usadas para lavado de dinero.

"Vemos que están dando créditos de USD 3.000 a USD 4.000, no son montos bajos de USD 100 o USD 200 como debería ser en cualquier caja de este tipo...tienen grandes edificios, van a las comunidades a perifonear ofreciendo préstamos, se promocionan en redes sociales como si fueran instituciones financieras", añade.

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En Ecuador, cualquier grupo de personas que tenga un vínculo común puede formar lo que se conoce como caja de ahorro o caja comunal, a través de las cuales pueden ahorrar y acceder a préstamos, esto, sin que una autoridad supervise o controle cuánto dinero mueven y de dónde proviene.

¿Qué es el vínculo común? Significa que tienen una característica que los une. Por ejemplo, pueden formar una caja de ahorro un grupo de trabajadores de una misma empresa, choferes profesionales de una misma cooperativa de transporte o incluso los vecinos de un mismo conjunto residencial.

Peñaherrera explica que, desde 2022, comenzó a aumentar el número de cajas de ahorro y comunales, luego de que, por una disposición de la Junta de Política Financiera, decenas de cooperativas dejaron de serlo y tuvieron que convertirse en cajas, porque no alcanzaron el capital social mínimo requerido de USD 200.000.

La mayoría de entidades que tuvieron que dejar de ser cooperativas estaban en el segmento 5; que agrupa a aquellas entidades más pequeñas, que tienen activos de hasta USD 1 millón.

De ahí que el número de cooperativas del segmento 5 cae sobre todo desde 2022, como muestra la tabla:

¿Quién controla a estas 572 entidades?

Samantha Olmedo, abogada especializada en el sector financiero, explica que las cajas de ahorro y comunales solo están obligadas a registrar sus nombres ante la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

De hecho, ni si quiera están obligadas a constituirse con personería jurídica, agrega la especialista.

Según el último reporte de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (Seps) están registradas 572 cajas de este tipo. En este enlace podrá encontrar a las cajas registradas.

Esto es un número mayor al de cooperativas de ahorro y crédito, pues hay 398 entidades de este tipo hasta 2024.

Olmedo añade que la Codificación de Resoluciones de la Junta de Regulación Financiera menciona que estas cajas se someten solo a un “autocontrol”, por eso, la Seps no realiza ningún tipo de control o supervisión sobre la captación de dinero de las cajas, el origen de los fondos o los montos que prestan y a quiénes.

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Esto, a diferencia de lo que ocurre con las cooperativas de ahorro y crédito, que están bajo la supervisión y control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y de los bancos, bajo la Superintendencia de Bancos.

Olmedo considera que aunque existe legislación suficiente que regula qué pueden hacer estas cajas y las prohibiciones, el hecho de que no haya obligación control y supervisión deja abierto el espacio para irregularidades.

La Codificación de la Junta de Política y Regulación Financiera, el Código Monetario y Financiero y la Ley de Economía Popular y Solidaria son los instrumentos que norman el marco de operación de estas cajas.

"La norma deja claro que las cajas no pueden otorgar préstamos a terceros ni captar de terceros".

Samantha Olmedo.

Olmedo añade que si hay cajas que están incurriendo en estas actividades que les son prohibidas pueden ser sancionadas de acuerdo a lo que establece el Código Monetario.

"En estos casos, los organismos de control dispondrán la suspensión inmediata de las actividades, el cierre de oficinas, notificará a la Fiscalía General del Estado y dispondrá cualquier otra medida precautelatoria tendiente a proteger los intereses de las personas", dice el artículo 275 del Código.

El Código también añade que "estas transgresiones serán sancionadas administrativamente con una multa entre 500 y 2.500 salarios básicos unificados, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal". 

Esto es entre USD 235.000 y USD 1,17 millones, tomando en cuenta que el salario básico en 2025 es de USD 470.

Y aunque la Junta además dispone que las cajas tengan normativa y estructura interna, representante legal, estatuto social y mecanismo de solución de controversias, en la práctica, nadie verifica que esto se cumpla porque las cajas se "autocontrolan".

La Ley de la Economía Popular y Solidaria menciona que la Superintendencia dispondrá la transformación de las cajas en cooperativas "cuando por su crecimiento en monto de activos, socios, volumen de operaciones y cobertura geográfica, superen los límites fijados para esas organizaciones".

Pero las autoridades no pueden saberlo, a menos que la propia caja decida notificarlo, porque legalmente no tienen obligación de reportar sus cuentas.

¿Quiénes conforman las cajas de ahorro y comunales?

La Junta de Política y Regulación Financiera menciona que pueden formar cajas de ahorro los miembros de un mismo gremio o institución, trabajadores con un empleador común, miembros de un mismo grupo familiar, de un grupo barrial o por socios de asociaciones o cooperativas distintas de las de ahorro y crédito.

En cambio, las cajas comunales son aquellas conformadas por personas naturales que realizan sus actividades exclusivamente en los recintos, comunidades y barrios en donde se forman. Y pueden ejercer su actividad exclusivamente en un área de influencia que no afecte a otras cajas financieras con los mismos fines o propósitos.

Estas son las prohibiciones que establece la Junta de Política y Regulación Financiera para las cajas de ahorro y comunales:

1. Captar o recibir recursos de terceros (es decir, que no son parte de la caja) bajo cualquier forma. 

2. Otorgar préstamos a terceros(es decir, que no son parte de la caja) bajo cualquier forma o por cualquier medio o canal.

3. Realizar operaciones contingentes, emitir avales, fianzas o garantías.

4. Emitir u operar por cuenta propia o de terceros tarjetas de débito, crédito, de pago o prepago.

5. Realizar giros nacionales o internacionales.

6. Realizar recaudaciones y pagos.

7. Adquirir cartera o negociar pagarés letras de cambio, libranzas, facturas y otros documentos que representen obligación de pago creados por ventas a crédito, así como el anticipo de fondos con respaldo de los documentos referidos.

8. Invertir en el capital social de entidades financieras privadas, empresas de servicios financieros y auxiliares, compañías; o, cualquier tipo de organización de la economía popular y solidaria.

9. Ofertar por cuenta propia o de terceros servicios no financieros.

10. Tener sucursales, agencias, puntos móviles, corresponsales solidarios, promocionar o gestionar actividades financieras por ningún medio o canal; además, en el caso de las cajas comunales, tampoco podrán tener ventanillas de extensión, ni podrán captar o recibir depósitos de terceros de ninguna naturaleza.