Exgerentes de Petroecuador bajo investigación en un nuevo caso de presunto tráfico de combustibles

La Fiscalía Especializada de Delincuencia Organizada del Guayas abrió una indagación previa sobre un presunto caso de tráfico de combustibles que involucraría a dos exgerentes de la estatal Petroecuador y a 19 empresas, entre compañías locales e internacionales. 

La investigación, que busca esclarecer una posible red de almacenamiento, transporte y comercialización ilegal de derivados de hidrocarburos, GLP o biocombustibles, incluye a Italo Cedeño Cedeño y a Reinaldo Armijos Del Hierro, quienes dirigieron la petrolera estatal entre 2022 y 2023.

El 26 de septiembre de 2024, la Fiscalía solicitó al Registro Civil de Guayaquil la entrega de datos biométricos, copia de tarjeta índice, datos personales y fichas dactiloscópicas de un grupo de 37 personas que estarían involucradas en el caso.

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Entre los investigados están Cedeño Cedeño, gerente general de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP Petroecuador, entre enero y agosto de 2022.

Asimismo, la entidad solicitó información de Armijos Del Hierro, gerente general subrogante de Petroecuador, entre octubre de 2023 e inicios de enero de 2024.

Fiscalía también solicitó información detallada del Servicio de Rentas Internas (SRI), según la solicitud urgente a la que tuvo acceso PRIMICIAS.

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Se trata de una indagación similar al caso conocido como 'Triple A', que investiga a las empresas de la familia del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, que habrían aprovechado indebidamente el subsidio estatal a los combustibles, con un perjuicio millonario para el Estado.

El combustible subsidiado desviado puede terminar en el sector industrial o empresarial (obligado a adquirirlo sin subsidio), en embarcaciones de pesca o incluso en la minería ilegal o en lanchas usadas para el tráfico de narcóticos, según lo que se trata de establecer en las investigaciones.

Empresas en Ecuador y en Costa Rica

Entre los investigados en la nueva indagación se encuentran empresas y sus representantes ligados a actividades como el transporte de combustibles y distribución de carburantes.

Pero también se hallan firmas dedicadas a operaciones portuarias, a la construcción de infraestructuras industriales e incluso empresas inmobiliarias, de acuerdo a registros de la Superintendencia de Compañías.

Mientras que la unidad fiscal de Delincuencia Organizada requirió al SRI registros tributarios de las 19 empresas, incluidas firmas como Oceanbat, Vepamil y Hormigones Comerciales Hormicon, así como de sociedades con sede en Costa Rica, como Global Shareholdings S.A. e Hispana Holdings S.A.

Este es el listado de empresas investigadas:

• Oceanbat S.A.
• Metrica S.A.
• Vepamil S.A.
• Expodelta S.A.
• Hormigones Comerciales Hormicom C.A.
• Hormirock S.A.
• Abatangelo S.A.
• Vetrans S.A.
• Biofactor S.A.
• Motorgas S.A.
• Inmobiliaria Inmotornin S.A.
• Metrica del pacifico S.A.
• Metripacif S.A.
• Hispanogroup S.A.
• Emuhold S.A.
• Global Shareholdings (GSH) Sociedad Anónima (Costa Rica).
• Sea & Oil S.A.
• Catepisa S.A.
• Hispana Holdings Sociedad Anónima (Costa Rica).

Además, de entre las personas involucradas, al menos 11 registran procesos judiciales o denuncias por delitos previos como distribución ilegal de combustible, defraudación tributaria, suplantación de identidad o falsificación de firmas.

Ninguno de los procesos previos ha culminado en sentencias definitivas. Y, por ejemplo, en dos de los procesos por delitos aduaneros los casos terminaron archivados (como en el caso de Jesús Luis Romero Carbo) o en sobreseimiento (en el de Héctor Plinio Angulo Corozo).

También resultó sobreseído en 2002 Luis Fernando Amador León -otro investigado ahora- denunciado por estafa y defraudación a Filanbanco en la importación de 3.137 toneladas métricas de arroz.

Los procesos previos de los investigados

Entre los principales investigados en este caso se encuentran Alfonso Daniel Romero Prado, accionista de Vepamil y Hormicom, empresas relacionadas con el sector de hidrocarburos y parte de un grupo empresarial, dedicado a la venta de combustibles al sector pesquero e industrial.

Romero también está vinculado a sociedades extranjeras en Costa Rica, lo que ha ampliado el alcance internacional del caso. Y la indagación también incluye a su hermano Diego Alejandro Romero Prado, relacionado con compañías investigadas como Oceanbat y la propia Vepamil.

El 24 de septiembre, Alfonso Romero Prado y Leonardo José Salame Carvajal fueron denunciados ante la Fiscalía de Guayas por almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburos.

En la  investigación por presunto tráfico de combustible también consta Bartolomé Polivio Saldarriaga Santos, quien registra una denuncia por defraudación tributaria, en 2019.

Como representante de la naviera Marnizam, Saldarriaga Santos fue señalado en junio de 2022 como responsable de la embarcación venezolana Cayo Noronky.

Pero un tribunal determinó que no tenía relación legal con la nave, vinculada con presuntas actividades ilícitas en Panamá, según consta en los registros públicos del Consejo de la Judicatura.

Mientras que María Luisa Bracco Vera, relacionada con actividades inmobiliarias -quien también consta en el listado de la indagación por presunta comercialización ilegal de combustibles- enfrentó una denuncia por suplantación de identidad en 2018.

De hecho, la Fiscalía ya ordenó la captura de Bracco Vera y dispuso el allanamiento de su vivienda, pero en julio del 2005, durante una indagación previa contra una decena de personas por tráfico de sustancias estupefacientes, según consta en el portal de la Función Judicial.

Nota de la redacción. El 3 de octubre de 2024, PRIMICIAS recibió una comunicación firmada por Sebastián Chávez Peña, gerente general de Vepamil S.A. en la que hace precisiones a la información publicada:

• El Grupo Vepamil no ha sido formalmente notificado de este proceso de investigación previa de la Fiscalía, dice Chávez. Y añade que la empresa garantiza que, cuando eso ocurra, colaborará con las autoridades a fin de esclarecer el caso.
• El proceso de investigación previa se debe a una denuncia de un ciudadano y no a un proceso iniciado por alguna autoridades de control.
• Vepamil, según la carta de su gerente, ya entregó a las autoridades -como parte de de la investigación a otra comercializadora- un detalle completo de la trazabilidad de las compras y ventas de combustibles que ha realizado en los últimos años.