Galápagos, polémica reforma permite a privados extraer materiales para la construcción en las Islas

A última hora y sin mayor debate, la Asamblea incluyó en la reforma minera y energética, enviada por el Ejecutivo y aprobada la tarde del 26 de febrero de 2026, una disposición que autoriza a los municipios a otorgar permisos para la extracción de materiales de construcción en zonas de aprovechamiento sustentable y fuera del Parque Nacional en Galápagos.

La disposición no era parte del proyecto original que envió el Gobierno, denominado Ley para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía, sino que se incluyó en el informe para segundo debate del proyecto.

La medida supone un cambio frente a la legislación vigente, ya que la Ley de Minería establece actualmente que estos permisos se otorgan únicamente para obras a cargo de los gobiernos seccionales. 

El texto reformado dice: "En la provincia de Galápagos únicamente podrán otorgarse permisos de libre aprovechamiento y permisos exclusivamente para la extracción de áridos y pétreos destinados a la construcción, dentro de las Zonas de Aprovechamiento Sustentable (ZAS) y fuera del área de Parque Nacional Galápagos, priorizando el aprovechamiento de dichos materiales bajo principios de economía circular, reutilización, reciclaje y optimización de recursos".

Reforma fomenta expansión urbana, dice Asambleísta

La asambleísta Verónica Íñiguez había pedido retirar el artículo al advertir que permitir la extracción privada de áridos y pétreos fomentaría la expansión urbana en un territorio frágil, donde el 97% del suelo es parque nacional. 

Aunque reconoció que existe una escasez de materiales de construcción tras el cierre de una cantera pública dentro del Parque Nacional Galápagos, sostuvo que la solución no puede ser habilitar a privados sin controles claros.

Asambleísta de Galápagos impulsa reforma

Íñiguez alertó, además, de un posible conflicto de interés ya que el asambleísta independiente por Galápagos, David Arias, cuyo hermano tendría una empresa de materiales pétreos en Galápagos, ha impulsado desde hace meses una propuesta legal igual a la que ahora se incorpora en la reforma para regularizar este tipo de actividades. 

“Si la cantera pública está clausurada y se habilita la privada, se estaría beneficiando a un grupo específico”, afirmó Íñiguez.

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PRIMICIAS intentó contactar al asambleísta Arias para incluir su versión en la nota, pero dijo, a través de un asesor, que estaba en reuniones y no podía atender la llamada. Este medio también le envió una consulta a su celular sobre el tema y estamos a la espera de una respuesta.

Durante el debate en la Asamblea en el que fue aprobada la reforma, el asambleísta Arias defendió la disposición, de la que dijo ser autor, y aseguró que la reforma no autoriza minería metálica, sino únicamente la extracción controlada de áridos y pétreos fuera del Parque Nacional, bajo criterios de sostenibilidad y reducción de la huella logística. 

Arias pidió un aplauso para Valentina Centeno, presidenta de la Comisión de Desarrollo por aceptar su propuesta.

Y, dijo que la reforma buscaba atender las necesidades de la población local y garantizar el sustento de familias que viven del transporte del material y de la actividad constructiva.

Qué dice el Ministerio del Ambiente

Sobre la reforma aprobada, la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, explicó que la autorización de permisos para materiales de construcción es competencia de los gobiernos locales. 

Sin embargo, dijo que esos permisos requieren licencia ambiental de parte del Ministerio de Ambiente y que, en ese sentido, exigirá planes ambientales y estudios técnicos rigurosos para evitar que se otorguen indiscriminadamente. 

Dijo que el artículo introducido en la reforma no está abriendo una puerta a la extracción, pues esas actividades siempre han existido en las Islas Galápagos y durante años se hicieron sin control. 

De ahí que desde 2025 ordenó cerrar todas las minas para materiales pétreos, incluida una que operaba en el Parque Nacional Galápagos, por ser un ecosistema sensible y ser esa explotación contraria a la Constitución y a su carácter de Patrimonio Natural de la Humanidad.  

"Dentro del Parque Nacional Galápagos no puede haber minería, soy enfática en eso".

Inés Manzano / Ministra de Ambiente y Energía

Manzano dijo que el cierre de las minas en Galápagos generó rechazo, pero no frenó las construcciones que continuaron con materiales más caros y alternativos de manera que hacer una construcción sostenible sí es posible. 

Y añadió que para eso firmó recientemente un Acuerdo para la economía circular en el sector de la construcción. 

"Un tema que va a ir de la mano con la visión que tenemos para Galápagos.para quien quiera construir en las Islas, será muy duro, si no estás aplicando los principios de economía circular que prevé que se vuelvan a reutilizar materiales, por ejemplo.

"Al final, los permisos para pétreos están en manos de los GAD, que tienen la administración del 2,7% de las Islas y lo que yo hago es que lo que ellos hacen esté ambientalmente compatible con el patrimonio. Si no son compatibles, pues no se permite".

Y ahora alista otro acuerdo que determina que para el 2030 el 50% de materiales de construcción de una casa en Galápagos sea bajo los principios de economía circular.

Municipios no han logrado frenar la expansión urbana

Para la asambleísta Íñiguez la preocupación sobre la nueva reforma se agrava porque el tema recae en los gobiernos autónomos descentralizados, que —según dijo— no han logrado frenar la expansión urbana ni cuentan con planes adecuados de manejo de desechos. 

Además, criticó que el manejo de canteras en Galápagos sea “arcaico”, con impactos directos sobre la vegetación y hábitats de especies emblemáticas, incluidas zonas de anidación de tortugas.

La disposición fue aprobada sin análisis técnico, dice abogado

El abogado y experto en derecho ambiental Hugo Echeverría subrayó que la disposición sobre minería en Galápagos surge de un problema socioambiental de fondo: el boom de la construcción en Galápagos y la existencia de canteras incluso dentro de áreas protegidas. 

Sin embargo, advirtió que resolverlo mediante una disposición general, incorporada a última hora y pensada bajo un régimen continental, ignora el régimen especial de administración de Galápagos, que tiene base constitucional y contempla competencias específicas del Consejo de Gobierno.

Además, recordó que las islas no solo son un área protegida, sino también Patrimonio Natural de la Humanidad, lo que implica obligaciones internacionales que no fueron analizadas en el debate legislativo. “Este tema requiere consenso, análisis técnico y tiempo. Lo prudente sería retirar el artículo y discutirlo adecuadamente, porque una norma mal diseñada puede agravar el problema en lugar de resolverlo”, concluyó.

Otra duda es cómo y quiénes definirán las zonas de aprovechamiento sustentable en las que ahora se podrá realizar minería de materiales pétreos en Galápagos.