Galápagos | Reforma prohíbe extracción minera en el Parque Nacional; municipios podrán autorizar la extracción de pétreos en el resto de las Islas

La Asamblea incluyó en la reforma minera y energética, enviada por el Ejecutivo y aprobada la tarde del 26 de febrero de 2026, una disposición que autoriza a los municipios a otorgar permisos (a públicos y privados) para la extracción de materiales de construcción en zonas de aprovechamiento sustentable, pero fuera del Parque Nacional en Galápagos.

La disposición incluida en la reforma no era parte del proyecto original que envió el Gobierno, denominado Ley para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía, sino que se incluyó de último momento en el informe para segundo debate del proyecto.

El texto dice: "En la provincia de Galápagos únicamente podrán otorgarse permisos de libre aprovechamiento y permisos exclusivamente para la extracción de áridos y pétreos destinados a la construcción, dentro de las Zonas de Aprovechamiento Sustentable (ZAS) y fuera del área de Parque Nacional Galápagos, priorizando el aprovechamiento de dichos materiales bajo principios de economía circular, reutilización, reciclaje y optimización de recursos".

Para abogados y algunos asambleístas, el texto podría abrir la puerta para que privados puedan extraer estos materiales indiscriminadamente en las Islas, pues ahora los municipios solo lo hacen para obra pública. 

Qué dice el Ministerio del Ambiente

Sobre la reforma aprobada, la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, destacó que la reforma busca proteger el Parque Nacional Galápagos para que ya no se exploten allí materiales pétreos como históricamente se ha venido haciendo. 

Y explicó que la entrega de autorizaciones de permisos para materiales de construcción en el resto de territorio de las Islas es competencia de los gobiernos locales.

Pero dijo que esos permisos requieren licencia ambiental de parte del Ministerio de Ambiente y que, en ese sentido, exigirá planes ambientales y estudios técnicos rigurosos.

Dijo que el artículo introducido en la reforma no está abriendo una puerta a la extracción, pues esas actividades siempre han existido en las Islas Galápagos y durante años se hicieron sin control. 

"Dentro del Parque Nacional Galápagos no puede haber minería, soy enfática en eso".

Inés Manzano / Ministra de Ambiente y Energía

De ahí que desde 2025 ordenó cerrar todas las minas para materiales pétreos, incluida una que operaba en el Parque Nacional Galápagos, por ser un ecosistema sensible y ser esa explotación contraria a la Constitución y a su carácter de Patrimonio Natural de la Humanidad.  

Y añadió que firmó recientemente un Acuerdo para la economía circular en el sector de la construcción. 

"Para quien quiera construir en las Islas, será muy duro, si no estás aplicando los principios de economía circular".

Y ahora alista otro acuerdo que determinará que para el 2030 el 50% de materiales de construcción de una casa en Galápagos sea bajo los principios de economía circular.

Reforma fomenta expansión urbana, dice Asambleísta

La asambleísta Verónica Íñiguez había pedido retirar el artículo al advertir que podría permitir la extracción privada de áridos y pétreos fomentando la expansión urbana en un territorio frágil.

Aunque reconoció que existe una escasez de materiales de construcción tras el cierre de una cantera pública dentro del Parque Nacional Galápagos, sostuvo que la solución no puede ser habilitar a privados sin controles claros. 

Asambleísta de Galápagos impulsa reforma

Íñiguez dijo que no es la primera vez que se intenta introducir una reforma para que privados puedan extraer material pétreo en las Islas. De hecho, el asambleísta por Galápagos David Arias había propuesto en agosto de 2025 una reforma ya en este sentido, aunque luego retiró la propuesta, que tenía un único artículo:

Compartir:

La propuesta fue otra vez introducida por Arias, esta vez en la reforma del Ejecutivo. Durante el segundo debate de la reforma, Arias defendió la disposición, de la que dijo ser autor, y aseguró que la reforma no autoriza minería metálica, sino únicamente la extracción controlada de áridos y pétreos fuera del Parque Nacional, bajo criterios de sostenibilidad y reducción de la huella logística. 

Arias pidió un aplauso para Valentina Centeno, presidenta de la Comisión de Desarrollo por aceptar su propuesta.

Y, dijo que la reforma buscaba atender las necesidades de la población local y garantizar el sustento de familias que viven del transporte del material y de la actividad constructiva.

Municipios no han logrado frenar la expansión urbana

Para la asambleísta Íñiguez la preocupación sobre la nueva reforma se agrava porque el tema recae en los gobiernos autónomos descentralizados, que —según dijo— no han logrado frenar la expansión urbana ni cuentan con planes adecuados de manejo de desechos. 

Además, criticó que el manejo de canteras en Galápagos sea “arcaico”, con impactos directos sobre la vegetación y hábitats de especies emblemáticas, incluidas zonas de anidación de tortugas.

La disposición fue aprobada sin análisis técnico, dice abogado

Para el abogado y experto en derecho ambiental Hugo Echeverría, el problema central del artículo es su ambigüedad. Si bien considera positivo que se busque poner fin a la extracción dentro del Parque Nacional —una práctica que contradice la Constitución—, advirtió que la disposición, incorporada sin debate técnico en segundo debate, “podría ser peor el remedio que la enfermedad”.

Dijo que este debate surge de un problema socioambiental de fondo: el boom de la construcción en Galápagos y la existencia de canteras incluso dentro de áreas protegidas. 

Echeverría explicó que la norma no aclara si los permisos serán solo para entidades públicas o también para privados, lo que deja la puerta abierta a interpretaciones en la normativa secundaria. “La Ley de Minería ya permite el libre aprovechamiento por parte de particulares, y lo que antes estaba cerrado para privados podría abrirse”, señaló, más aún considerando que el texto coincide con una propuesta previa de Arias que sí mencionaba explícitamente a actores públicos y privados.

Sin embargo, advirtió que resolverlo mediante una disposición general, incorporada a última hora y pensada bajo un régimen continental, ignora el régimen especial de administración de Galápagos, que tiene base constitucional y contempla competencias específicas del Consejo de Gobierno.

Además, recordó que las islas no solo son un área protegida, sino también Patrimonio Natural de la Humanidad, lo que implica obligaciones internacionales que no fueron analizadas en el debate legislativo. “Este tema requiere consenso, análisis técnico y tiempo. Lo prudente sería retirar el artículo y discutirlo adecuadamente, porque una norma mal diseñada puede agravar el problema en lugar de resolverlo”, concluyó.

Otra duda es cómo y quiénes definirán las zonas de aprovechamiento sustentable en las que ahora se podrá realizar minería de materiales pétreos en Galápagos.