Con un voto condicionado de legisladores de la Amazonía, ADN logra aprobar la ley de Fortalecimiento de la Minería y Energía

Con 77 votos, el Pleno de la Asamblea aprobó, este 26 de febrero de 2026, la reforma para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía que generó posiciones divididas entre sectores ambientalistas y mineros. 

El asambleísta de Acción Democrática Nacional (ADN), Alejandro Lara, fue el ponente del informe para segundo debate como integrante de la Comisión de Desarrollo Económico, que ha trabajado todos los proyectos urgentes enviados por el presidente Daniel Noboa, desde mayo de 2025.

El legislador oficialista aseguró que el proyecto servirá para atraer el dinero y la inversión donde haga falta, pero a la vez establece controles y reglas claras para la exploración y explotación minera.

"El proyecto de ley sirve para enfrentar la penetración de grupos de delincuencia organizada en territorios mineros, creando áreas mineras con protección de seguridad estratégica".

Alejandro Lara

Lara cuestionó que los integrantes de la bancada de Revolución Ciudadana (RC) se opongan al proyecto cuando antes aplaudían la explotación minera. "Decían que no podemos ser mendigos sentados en un saco de oro. Esa frase usaron para justificar y firmar contratos, generalmente con empresas chinas, sin saber ni cómo, y engañaron al país. Aquí se empeñó al país", aseguró.

Para probarlo, pidió que se proyecte un vídeo en el que apareció el expresidente Rafael Correa justificando la necesidad de explotar minerales. Ver a su líder máximo provocó el aplauso de los asambleístas correístas.

Inquietud desde la Amazonía

Durante el debate, causó sorpresa la postura que mostraron los tres asambleístas exPachakutik que representan a la Amazonía: Roberto Cerda, José Nango y Fernando Nantipia que, desde el inicio del periodo legislativo, han votado incondicionalmente con ADN. 

Esta vez, dijeron que no podrían votar a favor del proyecto oficialista, a no ser que se haga, al menos, un cambio al texto enviado por el presidente Daniel Noboa.

El artículo cuestionado tenía que ver con la entrega del 30 % de las regalías petroleras para la región amazónica. Nango aseguró que el artículo 29 del proyecto elimina esa asignación, por lo que condicionó su apoyo a la supresión de ese numeral.

También, pidieron que se respete el mandato constitucional de la aplicación de la consulta previa, libre e informada, previo al inicio de cualquier proyecto minero en los territorios de las comunidades.

Anthony Becerra, legislador de ADN por Azuay, reconoció que el artículo 29 afectaba la entrega del 30 % del superávit de las empresas públicas, en el caso del Austro, de las empresas eléctricas, por lo que mocionó la eliminación del artículo.

Becerra propuso que la votación se divida en dos: la primera para votar por los 28 artículos y disposiciones transitorias. La segunda para votar a favor o en contra del artículo 29, en solitario, el que finalmente quedó eliminado.

Mientras se debatía este proyecto de ley, un grupo de personas realizó una protesta en los exteriores de la Asamblea Nacional en Quito, pese a que el Pleno se reunió, por tercera vez consecutiva, en la Universidad Ecotec, en Samborondón, Guayas.

"Defenderemos el territorio sin tibiezas"

La bancada de la Revolución Ciudadana se pronunció en contra de la normativa, por considerar que abre las puertas a la explotación minera a gran escala, irrespetando incluso pronunciamientos ciudadanos en consultas populares.

Fernando de la Torre, que representa a Imbabura, alertó que la normativa estaría dejando de lado la aplicación de la consulta previa e informada a las comunidades en las que se busque impulsar proyectos mineros.

Advirtió que en su provincia defenderán "sin tibieza" los territorios y las áreas protegidas que se pudieran ver afectadas por la exploración y explotación minera. El correísmo también criticó que las fuerzas del orden se usarían para proteger a las multinacionales mineras.

En respuesta, Adrián Castro, de ADN, negó que se haya eliminado en la ley la aplicación de la licencia ambiental como requisito necesario para desarrollar proyectos mineros.

Dijo además que la consulta libre e informada está en la Constitución, "que este proyecto no está reformando", por lo que calificó como una farsa que se quiera posesionar el discurso en este sentido.