Organizaciones ambientales cuestionan el poco tiempo para debatir el polémico proyecto de reforma minera

El proyecto de reformas  a la Ley de Minería y a la Ley de Energía Eléctrica vuelve este 26 de febrero de 2026 al Pleno de la Asamblea Nacional, para su segundo y último debate, con fuertes cuestionamientos de organizaciones ambientales y abogados en materia ambiental. 

Para Gustavo Redin, presidente de la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (Cedenma), el primer cuestionamiento es el tratamiento de "urgente" que se le da al proyecto, lo que a su juicio "sacrifica la democracia en función de la urgencia de tomar una decisión". 

"En un mes no se debatir una ley tan importante como esta", dice Redin. Y cuestiona que hasta ahora la Cedenma, que representa a más de 80 organizaciones a escala nacional, no ha sido recibida por la Asamblea en los debates de leyes tratadas como económicas urgentes. 

"En esta ley se habla de regalías económicas que el Estado recibirá en 20 años, ¿cómo es que no podemos tomarnos un año para debatirla?, ¿dónde está la urgencia?", añade el representante gremial. Y sobre el aspecto eléctrico de la ley, recuerda que ya fue aprobada una ley urgente en esa materia y que el país ya lleva varios años con riesgos energéticos. 

Falta de claridad 

Una de las reformas más polémicas que plantea el proyecto es la sustitución de la licencia ambiental por una "autorización administrativa ambiental", en el artículo 26 de la Ley de Minería. 

Redin cuestiona que el proyecto no aclare qué es una autorización. Por eso, considera que "lo más peligroso (del documento) es lo que no está escrito". 

Ante las preocupaciones que ha generado la reforma, el Ministerio de Ambiente ha asegurado que no se eliminará la licencia ambiental, sino que con el cambio de nombre se busca abarcar distintos tipos de permisos, según el régimen o fase. 

"El cambio de nombre no es algo simple. La licencia ambiental es el régimen más estricto de control, básicamente se disminuye la categoría de riesgo. Y con esto, no queda claro en qué momento se deberán aprobar los estudios de impacto ambiental", considera Redin. 

De hecho, el presidente de Cedenma teme que la finalidad del cambio sea eliminar la exigencia de la presentación de estudios de impacto ambiental a los titulares de los proyectos mineros, que además son necesarios para poder llevar a cabo la consulta previa libre e informada a los pueblos indígenas por proyectos extractivos que puedan afectar sus derechos. 

Y recalca que los estudios de impacto ambiental es la única forma de conocer las posibles afectaciones al ambiente que generarían los proyectos. 

Además, recuerda que el Estado también debe efectuar consultas previas a los pueblos indígenas antes de presentar proyectos de ley o políticas públicas que puedan afectar sus derechos. 

Temor por la reducción de permisos 

La propuesta legal también plantea simplifica los trámites en la etapa de exploración, para la cual se otorgaría un plazo total de 15 años.

Actualmente, esta etapa se divide en inicial (por cuatro años), avanzada (cuatro años) y el período de evaluación económica (dos años, con posibilidad de extensión a dos años más). Aunque se mantendrían estas subfases, el titular minero ya no requeriría de una autorización previa para cambiar de una a otra.  

El presidente de Cedenma recuerda que la exploración avanzada es de alto impacto. Por lo que, a su juicio, el hecho de que solo se vaya a exigir una sola autorización para toda la etapa de exploración, no permitirá tener claridad de los posibles daños ambientales, debido la falta de estudios. 

Y añade que, con ello, se vulneraría el principio de prevención y el derecho de restauración, establecidos en la Constitución. 

Militarización de zonas mineras

El proyecto también propone declarar ciertas zonas donde se desarrolla minería de manera legal como 'áreas mineras con protección de seguridad estratégica', en las que las Fuerzas Armadas brindarán apoyo permanente o temporal para proteger al personal y las instalaciones, y prevenir la minería ilegal. 

Este planteamiento de la ley también es rechazado por el representante de las organizaciones ambientales, porque a su juicio la presencia de militares ha provocado que se intenten realizar consultas bajo coerción, en zonas con alto nivel de conflictividad social. 

"No necesitas presencia constante de militares en zonas mineras. Hay que dejar de normalizar la militarización del país. La presencia de las Fuerzas Armadas es para proteger a las inversiones privadas, no a la población", señala.