Así cambia el proyecto de reforma minera y energética para el segundo debate en el Pleno de la Asamblea

La Agencia de Regulación y Control Minero solo ejercerá sus funciones por delegación expresa y vigente del Ministerio sectorial, que actualmente es el Ministerio de Ambiente y Energía, de acuerdo con el artículo 3 de la propuesta legal. 

Además, señala que "en ausencia, revocatoria o suspensión de la delegación", dichas funciones o atribuciones las ejercerá directamente el Ministerio. 

La reforma incluye un capítulo en la Ley de Minería referente a los contratos de operación minera, en el que se señala que la Empresa Nacional Minera (Enami EP) tendrá la competencia exclusiva para la suscripción y otorgamiento de contratos de operación minera, respecto de sus propias concesiones, bajo el régimen de pequeña minería. 

"Ninguna otra entidad pública o privada podrá suscribir y otorgar contratos de operación bajo el régimen de pequeña minería", añade la propuesta legal. 

Previo a la suscripción de los contratos, la Enami deberá solicitar a la 'Autoridad Nacional Minera' (Ministerio de Ambiente y Energía) la autorización respectiva. 

Una vez más se hacen cambios al artículo 134 de la Ley de Minería, sobre minería artesanal, especificando que solo los concesionarios de mediana y gran minería podrán autorizar labores de minería artesanal en el área de su concesión, mediante contratos de operación, regulados por el Ministerio de Ambiente y Energía. 

"Estos contratos tendrán un fin social orientado a la formalización, capacitación y transición progresiva de los mineros artesanales hacia regímenes de mayor escala y sostenibilidad", señala el proyecto de ley en su artículo 12.

Sustituir la Disposición General Octava de la norma, estableciendo que en la provincia de Galápagos solo podrán otorgarse permisos de libre aprovechamiento y permisos exclusivamente para la extracción de áridos y pétreos destinados a la construcción, "dentro de las Zonas de Aprovechamiento Sustentable (ZAS) y fuera del área de Parque Nacional Galápagos". 

Y añade que debe priorizarse el aprovechamiento de dichos materiales "bajo principios de economía circular, reutilización, reciclaje y optimización de recursos".
​
Actualmente, la Disposición General Octava de la Ley de Minería dice que "para la provincia de Galápagos, única y exclusivamente se autorizarán permisos de libre aprovechamiento para materiales de construcción".

Los contratos de concesión para actividades en el sector eléctrico tendrán un plazo máximo de hasta 40 años, según la tecnología; el plazo podrá renegociarse por una sola vez. Estas concesiones aplican para empresas privadas (nacionales o extranjeras),  estatales extranjeras, y  empresas de la economía popular y solidaria. 

La propuesta de reforma inicial planteaba un plazo de 30 años. La Ley de Energía Eléctrica no establece un plazo fijo para los contratos de concesión. 
​
​El proyecto aclara que el plazo de hasta 40 años no aplicará a contratos vigentes. 

Al terminar el plazo del título habilitante, las empresas deben revertir al Estado los bienes vinculados al servicio público, con excepción de bienes inmuebles y bienes instalados por el usuario final para su autoabastecimiento; autogeneradores; cogeneradores, y generadores de energía renovable no convencional de hasta 10 MW.