Richard Gómez: "Sentencia de la Corte Constitucional sobre el contrato colectivo de CNEL es inejecutable"

El secretario general del Comité de Empresas de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), Richard Gómez, dijo este 20 de febrero en Quito que el fallo de la Corte Constitucional sobre el contrato colectivo de los trabajadores de CNEL EP es inejecutable. 

Según Gómez, el cumplimiento de la sentencia implicaría dejar a muchos trabajadores sin sueldo. Por eso, el sindicato de trabajadores de CNEL EP no descarta convocar a movilizaciones o, incluso, recurrir a una huelga de hambre, como forma de protesta.

La Corte Constitucional declaró en su sentencia 1788-24-EP/25 que las decisiones judiciales de primera y segunda instancia, relacionadas con un millonario contrato colectivo en CNEL EP, desnaturalizaron el objeto de la acción de protección, presentada por el sindicato de la empresa en octubre de 2021.

El objeto de la acción de protección era que 1.800 funcionarios de CNEL EP, que estaban bajo la Ley de Empresas Públicas, pasaran al régimen del Código del Trabajo y, con ello, formaran parte del contrato colectivo.

La sentencia de la Corte concluye que los jueces excedieron sus competencias al reconocer derechos que, según la Ley Orgánica de Empresas Públicas, no corresponden a los servidores administrativos.

Además, ordena a CNEL EP la recuperación inmediata de más de USD 79 millones, sumados a medidas para investigar responsabilidades administrativas y penales en el caso.

El represente gremial aseguró que cerca de 10.000 familias están siendo afectadas por esta sentencia, como consecuencia de la perdida de beneficios salariales de 1.800 trabajadores que habían pasado a formar parte del contrato colectivo. 

"Las decisiones que ha tomado la Corte significan un desprecio a la clase trabajadora y a sus derechos conquistados legalmente", dijo el dirigente sindical. Y aseguró que hay trabajadores que se quedarán sin sueldos, producto de la sentencia. 

"400 trabajadores son víctimas de extorsión"

El representante de los trabajadores aprovechó para recordar que, debido a que se posicionó la "falsa idea" de que había un trabajador en CNEL que ganaba USD 12.000, al momento hay cerca de "400 trabajadores víctimas de extorsión y algunos secuestrados", en zonas de Guayaquil, Esmeraldas y Los Ríos.

"Nos ven como que todos ganamos ese sueldo, que nunca existió, y, sobre esa mentira, la Corte ha hecho eco y ha tomado una decisión que ha causado una tragedia en 1800 trabajadores y sus familias", añadió Gómez.

Según estimaciones del Comité de Empresas, entre los perjudicados hay 1.129 deudores de préstamos quirografarios y 499 deudores de préstamos hipotecarios, además de padres con pensiones alimenticias, mujeres en periodo de lactancia, personas con enfermedades catastróficas, personas con discapacidad; así como cuatro jubilados y una persona ya fallecida.

También, estarían 557 personas que eran beneficiarios de la contratación colectiva de anteriores empresas eléctricas, fusionadas en CNEL, que, según Gómez, fueron "sacadas de manera ilegal" de la contratación colectiva por más de 15 años. "Por eso fuimos ante la justicia constitucional a buscar resarcir ese daño", dijo. 

Subrayó además de los trabajadores no son los responsables de la crisis en el sector eléctrico. "Cuestionan los derechos laborales, pero se quedan callados ante la debacle del sector que representa unos USD 2000 millones en corrupción, contratos y muchas cosas que se irán destapando. Nos han utilizado como cortina de humo".

"Sentencia regresiva" 

El procurador jurídico del Comité de Empresas de CNEL, Carlos Vaca, añadió que la Corte ha emitido sentencias regresivas contra los trabajadores, y recordó que, según el Convenio 98 de la OIT, están excluidos del derecho a la sindicalización y la igualdad salarial solo los funcionarios que forman parte de la administración del Estado, es decir, servidores de libre nombramiento y remoción, y aquellos de período fijo. "El resto de servidores y obreros sí se benefician de estos derechos", reiteró.

Además, señaló que la Procuraduría General del Estado presentó a la Corte un recurso de aclaración y ampliación donde le solicita que aclare, con base al artículo 328 de la Constitución, si "se pueden retener o debitar los valores de la remuneración de los trabajadores, ya que eso violaría el salario y la remuneración digna y justa de los trabajadores, dejándolos en una situación de precariedad".